La evaluación en los derechos humanos, ¿para quién es realmente?

Aunque las evaluaciones suelen emprenderse a solicitud de los donantes o como parte de propuestas impulsadas por los donantes, ¿es esa la única razón para llevarlas a cabo? Como señalan Emma Naughton y Kevin Kelpin, si bien puede ser que a los donantes les importen los resultados cuantificables, evaluar el trayecto es igual de importante, si no es que más, para los que realizan el trabajo. Y en última instancia, ¿no se está realizando ese trabajo realmente para los beneficiarios, y no para los donantes?

Los beneficiarios (o en un nivel más amplio, las comunidades a las que afecta nuestro trabajo o sus representantes) tienen derecho a saber lo que intentamos hacer en su nombre y si marcamos una diferencia. En caso afirmativo, ¿qué la provocó? Y si no (o aún no), ¿por qué no? ¿Debimos adoptar un enfoque diferente? Es claro que los beneficiarios tienen menos poder que los donantes, lo que crea la sensación de que toda la presión para hacer evaluaciones proviene de estos últimos; al final, las evaluaciones de proyectos no siempre involucran a los beneficiarios ni se comparten con ellos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos todo un proceso de evaluación y toma de decisiones que no incluye a las personas a las que intentamos ayudar?

¿Qué pasa cuando tenemos todo un proceso de evaluación y toma de decisiones que no incluye a las personas a las que intentamos ayudar? 

Un segundo público importante está conformado por los activistas, el personal, los integrantes de las mesas directivas, los miembros, los voluntarios, nuestros compañeros y colegas, y la comunidad de derechos humanos en general. También queremos saber si marcamos una diferencia real. Queremos saber qué métodos funcionan, en qué circunstancias y por qué. Necesitamos esta información para intervenir con eficacia en el futuro y para saber que todos los riesgos valieron la pena. Las evaluaciones pueden parecerles riesgosas a las personas que trabajan en el campo de los derechos humanos, porque estos procesos cuestionan si hicimos las cosas correctas de la manera correcta. A veces esto puede desmoralizar al personal que trabajó arduamente sobre el terreno y que puede, en ocasiones, perder de vista el panorama completo.

En el peor de los casos, las evaluaciones pueden mostrar que el tiempo y los esfuerzos invertidos no han marcado ninguna diferencia (aún). Pero estar enterados de esta falta de progreso es igual de importante, y tanto los procesos como los resultados finales cuentan para el trabajo de derechos humanos. Aunque puede ser que los públicos de las evaluaciones no siempre estén de acuerdo en qué medir, y aunque es posible que no se logren cambios sociales de largo plazo al final de un proyecto específico, los pequeños avances en el camino pueden proporcionar señales útiles de progreso.

Por supuesto que los donantes y todos aquellos que brindaron apoyo tienen derecho a saber qué hicimos con los recursos que proporcionaron. También quieren saber si hemos logrado algún cambio en la situación en la que nos enfocamos. Casi todos los donantes necesitan evaluaciones para satisfacer las necesidades de otros públicos (beneficiarios, personal, etc.) y muchos están dispuestos a participar en una discusión inteligente y constructiva sobre los distintos métodos de evaluación que se ajustan al programa y sus limitaciones.

Aunque a todos estos tres públicos les interesa saber qué cambios se lograron, los donantes están más interesados en resultados concretos que se puedan medir y en éxitos demostrados. Dentro de las organizaciones de derechos humanos, para nuestro propio aprendizaje, es posible que estemos tan interesados en saber cómo funcionaron las cosas, o no funcionaron, como en probar exactamente qué tanto funcionaron. También podemos ser más pacientes, estar dispuestos a trabajar durante diez años para ver cambios de verdad.

 
Flickr/Rainforest Action Network (Some rights reserved)

The human rights community "should embrace evaluation for our beneficiaries, on whose behalf we all work."


Los intereses de los beneficiarios en las evaluaciones, por otro lado, varían enormemente. A algunos solo les preocupa que su problema haya sido expresado y escuchado. Otros quieren saber que se está haciendo todo lo que se puede hacer para tratar de resolver o reaccionar ante las continuas violaciones de derechos humanos que los afectan. Se han logrado grandes avances en los métodos de evaluación participativa, al involucrar a los beneficiarios de los programas en la recopilación y el análisis de retroalimentación sobre ellos. Como se señaló anteriormente en este debate, algunos contextos de derechos humanos son más complicados que algunos de los contextos de desarrollo en los que se han aplicado estos métodos principalmente. Es posible que los individuos o los grupos a favor de los que se realiza el trabajo de derechos humanos estén en régimen de incomunicación, o que enfrenten día con día un gran riesgo de agresión física o desaparición. Quienes trabajan en cuestiones de gobernanza para llamar a cuenta a los funcionarios por corrupción enfrentan riesgos y amenazas similares. Además, las personas que trabajan en asuntos de género reúnen las opiniones de mujeres que experimentan violencia doméstica o violación, lo que plantea desafíos muy similares.

Así que si en la comunidad de derechos humanos seguimos resistiéndonos a las evaluaciones exclusivamente en beneficio de los donantes, deberíamos adoptarlas para nuestros beneficiarios, en cuyo nombre trabajamos todos. El trabajo de derechos humanos no se lleva a cabo simplemente para cumplir una norma, un sistema o un estándar internacional. Los derechos humanos sirven, en última instancia, porque hacen que la vida de las personas sea un poco mejor en infinidad de maneras. Debemos ser creativos en la búsqueda de formas de identificar a los beneficiarios o a quienes puedan hablar por ellos. También debemos examinar a las personas de nuestras áreas de intervención que no se beneficiaron tanto como otras, y así asegurarnos de que no estamos dejando fuera grupos sin darnos cuenta u organizando las cosas de manera que algunas personas se sientan incapaces de participar. Debemos evaluar para poder aprender qué funciona y por qué, y no solo para poner palomitas en una lista.

Por último, también debemos considerar evaluar los efectos no intencionales de nuestro trabajo. ¿Qué cambios ocurrieron que no anticipamos, que no deseábamos o que alguien más no deseaba? Si realmente queremos evaluar nuestro trabajo, estas son preguntas difíciles que todos tienen que estarse planteando.

A pesar de lo distintas que pueden ser las necesidades de todos los públicos, la experiencia de Minority Rights Group ha sido que si dirigimos el proceso, los donantes aceptarán nuestras evaluaciones, incluso si no utilizan los métodos que ellos habrían elegido. Aunque es posible que tengan requisitos específicos, es raro que los donantes especifiquen un método en particular. Esto significa que las organizaciones pueden agregar elementos de aprendizaje y participación de los beneficiarios a una evaluación que un donante exija solamente para validar resultados. Es raro que los donantes limiten o cuestionen los costos de evaluación, lo que significa que los planes de evaluación pueden ser ambiciosos e incluir mucho trabajo.  Más allá de esto, muchos donantes (por ejemplo, SIDA) les piden a las organizaciones que designen áreas de enfoque para las evaluaciones, y que diseñen una metodología de evaluación; ellos simplemente querrán verificar que sea de su agrado. E incluso los donantes con reglas modificarán esas reglas si está claro que la naturaleza del trabajo no se adapta a la clase de evaluación que ese donante está acostumbrado a ver. Nosotros, las organizaciones de derechos humanos, necesitamos tomar la estafeta y correr con ella: si no comenzamos a dirigir el proceso de evaluación, las exigencias de rendición de cuentas hacia arriba llenarán el vacío. Si eso sucede, todos perdemos: nos quedaremos con métodos desarrollados por otros y para otros que no mejorarán nuestro trabajo ni ayudarán a nuestros beneficiarios.