Los derechos humanos en lengua vernácula

Las organizaciones occidentales de derechos humanos reconocen la necesidad de trabajar más estrechamente con las del sur. El camino hacia una mayor apropiación de los derechos humanos por parte de las potencias emergentes probablemente será arduo. Sin embargo, podría dar lugar a un enfoque más real y menos utópico.


By: Jack Snyder
June 19, 2013

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Bangladeshi women
Bangladeshi women take part at a rally in Dhaka to campaign for women's rights in Bangladesh. Demotix/Shafiqul Alam. All rights reserved.

La decisión que tomó George Soros en el 2010 de financiar la creación de centros regionales de Human Rights Watch refleja la opinión generalizada de que las “potencias emergentes” tendrán que asumir la responsabilidad de los derechos humanos en cierta medida para que esa labor pueda ganar impulso en el mundo en vías de desarrollo. Pero no queda claro cuánto compromiso habrá si Soros tiene que pagarles para que participen, y si la casa matriz en Nueva York mantiene a los centros regionales bajo un control estricto.

Sin duda, los activistas del primer mundo y los estados liberales seguirán presionando a los estados en vías de desarrollo para que mantengan su compromiso con la agenda canónica liberal de derechos humanos. Sin esta presión, muchas sociedades en vías de desarrollo probablemente aflojen el paso o se desvíen en direcciones idiosincrásicas. Pero la presión existirá, y las respuestas a la misma en las sociedades en vías de desarrollo abarcarán todos los puntos del espectro, desde una adopción entusiasta hasta una volátil reacción negativa.

Algunas personas en los países en vías de desarrollo están ansiosas de adoptar el lenguaje y los métodos de los derechos humanos, porque son personas débiles y explotadas. Algunos grupos sin poder, las minorías culturales, las mujeres y las clases oprimidas, quienes no están acostumbrados a escuchar que en sus propias sociedades se exprese la idea de que deberían estar en mejores condiciones, se ven comprensiblemente cautivados por la noción de que las sociedades más poderosas y exitosas en la tierra articulan argumentos universales y bien desarrollados que se pueden aplicar a su propia situación. En épocas anteriores, estas personas se sentían atraídas al cristianismo o al marxismo por la misma razón: los cristianos dicen que no me tengo que atar los pies. ¡Aleluya!

Otros están ansiosos de adoptar la retórica y las prácticas de los derechos humanos porque son oportunistas. Incluso las organizaciones de derechos humanos del norte tienen que adaptarse a las prioridades de quienes las financian. En algunos lugares del sur, donde las oportunidades económicas fuera del sector estatal son escasas, las clases medias educadas que no están en el poder tienen fuertes incentivos para remodelarse como organizaciones no gubernamentales de la “sociedad civil”. 

A menudo, estas organizaciones, incluso cuando cuentan con fondos suficientes, carecen de la capacidad para actuar con eficacia en sociedades que en vez de estar organizadas en torno a las ideas políticas impersonales, lo están en torno al patrocinio, la religión, la etnia y la tribu. Esto les dificulta conectarse con una base social, excepto a través del patrocinio o por medio de la defensa de una identidad de grupo existente; dos principios de organización que no encajan bien con los conceptos impersonales y universalistas de los derechos humanos. Como resultado, los activistas de la “sociedad civil” tienen un incentivo para traducir el discurso de los derechos humanos a la lengua vernácula de las personas a las que buscan brindar servicio y reclutar como adeptos. En la lengua vernácula religiosa, por ejemplo, los derechos a veces se pueden explicar mejor como deberes. A veces la traducción no tiene problemas, como cuando los sufíes senegaleses explican dentro de la lógica de su propio discurso por qué la mutilación genital femenina es incorrecta. Pero con frecuencia se pierde algo en la traducción.

En Egipto, por ejemplo, el gobierno de Morsi surgió en el contexto del discurso de los derechos y la ley del movimiento popular que derrocó el régimen autoritario de Mubarak. Su legitimidad internacional y nacional dependen en cierta medida de los resultados de elecciones justas y de la afirmación de que, desde el punto de vista de los procedimientos, es superior a los matones que reemplazó. Sin embargo, su base de apoyo islámica conservadora rechaza la libertad de expresión en materia religiosa, aleja a las minorías laicas y cristianas y exige que la interpretación constitucional supere una estricta prueba religiosa. En el intento de imponer una constitución sobre las objeciones de todos los sectores, Morsi recurrió a los atajos arrogantes para evitar el debido proceso.

Esto será normal para las potencias emergentes, incluidos los regímenes reformistas, que asumen la propiedad de los derechos humanos. Incluso Turquía, que ha avanzado mucho en su evolución cívica, se destaca por el uso de los tribunales para silenciar y castigar a los periodistas.

Los países en vías desarrollo que toman en serio los derechos usualmente se distinguen de las democracias desarrolladas en la prioridad que le dan a los derechos económicos, en oposición a las libertades civiles. En su reciente librosobre la historia de los derechos humanos, Aryeh Neier, el fundador de Human Rights Watch, argumenta que los derechos económicos realmente no son derechos; son sólo demandas políticas que debilitan la imagen de los derechos humanos.

Incluso las ONG más comprometidas de los países pobres piensan otra cosa. Shareen Hertel documenta lo que ella llama las estrategias de “puerta trasera” de las ONG en México que necesitan el megáfono de Human Rights Watch para dar a conocer sus campañas, pero que en el discurso local reemplazan el lenguaje civil y político de Nueva York con sus propios argumentos sobre economía. También muestra cómo las ONG de Bangladesh intentaron “bloquear” los esfuerzos de la fuerza de trabajo internacional para cerrar las fábricas de trabajo infantil, ya que prefirieron mantener la práctica, pero regulada.

Si bien estas divergencias respecto a las prioridades del Primer Mundo podrían conducir a mejoras en los derechos, un enfoque hacia los derechos que dé primacía a lo económico puede ir demasiado lejos. A pesar de la ausencia de derechos civiles en China y de la sangrienta represión en Tiananmen, Deng Xiaoping sacó a más personas de la pobreza y redujo el trabajo infantil en mayor medida que cualquier otra persona en la historia. Con esos éxitos como respaldo, el régimen chino emite orgulloso informes periódicos sobre derechos humanos que describen sus planes para mejorar los derechos humanos mediante avances en la atención médica, el desarrollo rural y la educación pública; y, queridos ciudadanos, por favor no duden en leer los comentarios de inclinación nacionalista en los animados y competitivos medios periodísticos privatizados de China y en ejercer su derecho a manifestarse en contra de que Japón obtenga un lugar en el Consejo de Seguridad. Ésta es otra cara de la vernacularización del discurso de los derechos en las potencias emergentes.

A veces, se pierde aun más en la traducción. El  antropólogo de Rutgers Daniel Goldstein informa sobre los enfrentamientos entre policías bolivianos y los habitantes de los barrios bajos que afirman que tienen el “derecho humano” de linchar a los criminales que se aprovechan de ellos. Rachel Wahl, académica de NYU, entrevistó a la policía de Delhi para averiguar por qué torturan a los criminales y se enteró de que aquéllos se ven a sí mismos como defensores de los derechos humanos de las víctimas.

En todos los contextos, incluidos los países emergentes, la definición de los derechos humanos tiene que ver con políticas controvertidas, lo cual puede generar consecuencias que no eran la intención de los activistas de derechos internacionales. El activismo de la justicia internacional, por ejemplo, ha interactuado de manera compleja con el proceso político en Kenia. Una acusación de la Corte Penal Internacional (CPI) le brindó argumentos a Uhuru Kenyatta contra las amenazas imperialistas a la soberanía de Kenia y a la identidad de Kikuyu, lo que le ayudó a conseguir el apoyo del electorado en su exitosa campaña presidencial. La acusación de la CPI contra su compañero de fórmula de la etnia Kalenjin, William Ruto, también ayudó a que Kenyatta ganara votos cruciales de la gran minoría Kalenjin, cuando el principal rival de Kenyatta rompió relaciones con Ruto en un intento de mostrar a los vocales activistas de derechos humanos de Kenia que sus manos estaban limpias. Extrañamente, estas acusaciones tratan sobre la violencia entre los Kikuyu y los Kalenjin durante las elecciones de 2007, antes del oportunista cambio de coalición. Ni Kenyatta ni Ruto parecen demasiado agobiados por la amenaza del juicio de la CPI que pende sobre sus cabezas, ya que sus secuaces han intimidado con éxito a los testigos para que guarden silencio. De todas maneras, la violencia étnica en la elección de 2013 fue mucho menor que en la anterior, en parte debido a que el proceso de la CPI llamó la atención sobre el comportamiento de Kenia y probablemente hizo que sus políticos billonarios se preocuparan por las consecuencias para su reputación en los negocios internacionales.

Según ha demostrado el libro de Samuel Moyn The Last Utopia (La última utopía), los estadistas poscoloniales han comprendido desde hace tiempo que la clave para obtener tanto el poder como los derechos radica principalmente en el desarrollo de las instituciones cívicas nacionales y no en la noción más bien utópica de que una comunidad internacional de activistas y abogados pueden entregárselos. De hecho, la investigación estadística impecablemente diseñada y ejecutada de Beth Simmons demuestra que la firma de tratados sobre derechos marca una diferencia en los resultados en materia de derechos si, y sólo si, el país ya ha dado pasos importantes para la creación de un poder judicial independiente y la protección de un espacio en el que los activistas locales puedan organizarse.

Para conseguir aceptación en las potencias emergentes y los países en vías de desarrollo, los derechos humanos tienen que dejar las sedes de Nueva York y de Londres y encontrar propietarios en aquellas sociedades donde los abusos presentan enormes desafíos. Conforme estos nuevos propietarios expresen sus propios puntos de vista, este proceso estará cargado de política y consecuencias imprevistas, pero al menos será real, y menos utópico.

Si los estados liberales y los activistas de derechos han de desempeñar un papel constructivo en este proceso, tendrán que usar un trato más ligero. Muchos informes de derechos humanos hablan insistentemente sobre lo que “deben” hacer los actores del mundo en vías de desarrollo. En cambio, serán más eficaces si contribuyen a crear un ambiente en el que dichos actores tengan el incentivo y la capacidad para hacer voluntariamente lo que los activistas liberales de derechos quieren que hagan.

Paz y democracia

Las investigaciones muestran que los dos principales factores predictivos de los resultados positivos en materia de derechos humanos son, por mucho, la paz y la democracia. La consolidación democrática pacífica es mucho más probable cuando el entorno internacional crea un ambiente favorable para los estados en transición. Algunos estudios estadísticos muestran que en el siglo XIX, los factores predictivos más eficaces de la democratización eran factores internos, mientras que en las décadas más recientes los factores internacionales se han vuelto cada vez más importantes.

A escala regional, la consolidación pacífica es mucho más probable cuando la transición democrática se produce en un ambiente que ya sea democrático. A escala mundial, las nuevas democracias prosperaron mejor en el robusto entorno internacional institucionalizado posterior a 1945 del sistema de Bretton Woods y de la OTAN, que en la endeble época de entreguerras de la Liga de las Naciones y del Plan Dawes. Es probable que una de las contribuciones más importantes que pueden hacer las democracias desarrolladas para promover la consolidación pacífica de nuevas democracias que respeten los derechos humanos es invertir en la estabilidad integral de los sistemas internacionales de finanzas, comercio y seguridad; sistemas operativos que se están ejecutando en segundo plano y a los cuales se pueden conectar los estados reformistas cuando sea necesario. Los regímenes liberalizadores decayeron en el período de entreguerras, porque no disponían de esos elementos fundamentales; en épocas más recientes, han sobrevivido en su mayoría, porque ahora sí lo hacen.

En una modalidad un poco más activa, facilitar el acceso condicional a los “bienes del club” de la democracia liberal también ha demostrado ser un instrumento eficaz para la promoción de la democracia. Los requisitos condicionales para obtener la membresía en la Unión Europea son un poderoso ejemplo. La ingeniosa táctica de la UE de condicionar la entrada de Rumanía y Eslovaquia a la adopción de políticas que garantizaran los derechos de las minorías, respaldados por un estado de derecho fortalecido, fueron un apoyo para los esfuerzos de las coaliciones democráticas para crear condiciones favorables para la transición. Otro ejemplo es el acuerdo comercial de Cotonú que celebró la UE con muchas de sus antiguas colonias y que condiciona los beneficios al cumplimiento verificado de las normas de derechos humanos.

Estas políticas de “puertas abiertas” envían el mensaje de que los beneficios de pertenecer al club liberal están disponibles para los estados que estén preparados para liberalizar. Esto refuerza la posición de los elementos progresistas del país, los cuales podrán argumentar que la liberalización funcionará si se intenta y obtendrán recursos si siguen este camino. Al mismo tiempo, la puerta abierta, a diferencia de la puerta asediada, libera a los progresistas de los países en vías de desarrollo de la carga de parecer sólo una pantalla para los insistentes imperialistas neoliberales.

Lo más importante es que las estrategias de puertas abiertas no dependen del supuesto heroico de que los extranjeros pueden prever las consecuencias políticas de obligar a los locales a que celebren elecciones, enjuicien a los violadores de derechos o lleven a cabo reformas culturales radicales. Si los supuestos detrás de las estrategias de puertas abiertas son erróneos, los incentivos no funcionarán; pero no se ocasionará ningún daño adicional, y los incentivos pueden permanecer en su lugar para después, cuando el momento sea adecuado (Mary Anderson, Do No Harm: How Aid Can Support Peace- or War [No Hacer Daño: Cómo puede la asistencia apoyar la paz, o la guerra]). La elección del momento oportuno lo es todo para las reformas.

 


Jack Snyder (PhD., Columbia, 1981) es el profesor Robert and Renee Belfer de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas y el Instituto Saltzman de Estudios sobre Guerra y Paz de la Universidad de Columbia.

 
 


 

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