El uso de aeronaves no tripuladas, también conocidas como drones, en las operaciones estadounidenses contra el terrorismo se ha convertido en una “característica fundamental de la política exterior del régimen”. A finales de 2014, los EE. UU. celebraron un hito al conducir su ataque con drones número quinientos dirigido a sospechosos de terrorismo en Pakistán, Yemen y Somalia.
El uso cada vez más frecuente de drones para atacar militantes ha generado una condena generalizada a lo largo del mundo. También ha suscitado considerable controversia dentro de los EE. UU. Las discusiones recientes se han centrado principalmente en dos conjuntos de preguntas: 1) la eficacia de los drones para eliminar amenazas de terrorismo; y 2) la legitimidad de los ataques conforme al derecho internacional. Los partidarios dentro del país señalan que los drones son eficaces para alterar las redes de terroristas y congruentes con los principios legales de defensa propia y necesidad militar. Los críticos responden que los ataques producen agravios de los cuales surgen más terroristas de los que eliminan, y que representan violaciones fundamentales del derecho internacional ya que violan la soberanía de otros países mientras que dañan a innumerables integrantes de la población civil. Tanto los detractores como los partidarios han buscado influir directamente en el público estadounidenses al plantear estos argumentos opuestos en el mercado de ideas.
Flickr/Ministry of Defense (Some rights reserved)
A Reaper drone returns to base in Kandahar, Afghanistan.
A pesar de este vibrante debate, se sabe poco sobre las voces y los argumentos que han obtenido más aceptación con el público estadounidense. ¿Apelar al derecho internacional cambia las opiniones de los ciudadanos con respecto a los drones, o se convence más al público con afirmaciones sobre su eficacia? A pesar de su central importancia para ayudar a comprender las raíces de las actitudes nacionales hacia el uso de la fuerza en los Estados Unidos (y posiblemente más allá, en usuarios frecuentes de drones como Israel), las respuestas a esta pregunta no son para nada evidentes.
A primera vista, los adversarios de los ataques estadounidenses con drones deberían enfrentar una ardua batalla, particularmente cuando expresan críticas fundamentadas en el derecho internacional. En numerosos países, la amenaza de terrorismo suele generar miedo, ansiedad y un gran deseo de seguridad, reacciones que deberían hacer que los ciudadanos duden en mantener los compromisos legales. Tomando en cuenta el silencio que usualmente rodea los ataques de drones, el gobierno de EE. UU. también goza de una inmensa ventaja informativa sobre los detalles del programa. Por otra parte, el acuerdo mayormente bipartidista entre los políticos republicanos y democráticos que respalda las políticas sobre drones (un acontecimiento poco común en el polarizado panorama actual de los EE. UU.) presenta enormes obstáculos para cualquier posición contraria que planteen los críticos. Los datos de encuestas disponibles en los últimos años coinciden con este consenso político, ya que muestran un apoyo consistentemente favorable del público estadounidense para los ataques con drones, y estas opiniones parecen ser inmunes a las críticas del exterior (legales o de otro tipo).
Dados de la opinión pública estadounidense sobre el apoyo a los ataques con drones,
2011-2014
Para investigar las bases del apoyo público a los ataques con drones, ya sea enfocado principalmente en inquietudes sobre la eficacia militar o en el derecho internacional, realizamos un experimento en encuestas en septiembre de 2013, con una muestra nacional de alrededor de 2,000 adultos estadounidenses, con ayuda de Time-sharing Experiments for the Social Sciences (TESS) (Experimentos de Tiempo Compartido para las Ciencias Sociales) y la empresa de sondeos de investigación, GfK. Antes de preguntarles sobre su apoyo o rechazo a los ataques con drones, los entrevistados recibieron, de manera aleatoria, información adicional sobre el debate acerca de los drones que difería en dos dimensiones principales. En primer lugar estaba el tipo de actor que planteaba el argumento, el gobierno estadounidense (específicamente el Estado Mayor Conjunto, dado suestatus en materia del uso de la fuerza), las Naciones Unidas o una organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW). Y en segundo lugar, la línea de argumentación a favor o en contra de los ataques con drones; es decir, si se basaba en la eficacia militar, la violación de la soberanía nacional o la violación de las protecciones para la sociedad civil. Para mantener la congruencia con el debate actual sobre los drones en los Estados Unidos, la posición del gobierno estadounidense era a favor de los argumentos internacionales y sobre la eficacia, mientras que la ONU y las ONG tenían posturas más críticas. Al comparar las respuestas de los encuestados de cada uno de estos grupos con un grupo de referencia independiente que no recibió sugerencias adicionales, pudimos ayudar a aislar el efecto relativo de los argumentos basados en el derecho internacional frente a los que dependen de la eficacia militar para apoyar los ataques con drones (para consultar un resumen completo de la encuesta, haga clic aquí).
A pesar de que había motivos para esperar que el argumento contra los ataques de drones fuera difícil de defender para la ONU y las ONG, encontramos que estos críticos en realidad tenían una capacidad concreta de influir en la opinión pública, aunque con salvedades importantes. En comparación con sus rivales de la ONU y las ONG, las aseveraciones del gobierno en realidad tienen muy poco impacto adicional sobre la opinión que tienen los ciudadanos acerca de los drones. Por el contrario, al evaluar los diversos argumentos acerca de los méritos de los ataques con drones, parece que a los ciudadanos les afectan particularmente las críticas arraigadas en el derecho internacional. Las afirmaciones de la ONU o de Human Rights Watch (HRW) de que los ataques con drones violan la soberanía de los países atacados, o no toman las medidas suficientes para evitar muertes dentro de la población civil, se asociaron con una caída del 6 al 8 % en la aprobación pública para los drones. Aunque modestos, los datos de las encuestas disponibles indican que esto significaría una división mucho más equitativa entre los ciudadanos estadounidenses a favor o en contra del uso de ataques con drones por parte de su gobierno. El impacto relativo de las apelaciones al derecho internacional también tiene una magnitud similar a la encontrada en otros estudios sobre la opinión pública en áreas temáticas relacionadas.
El efecto de los argumentos y las élites sobre el apoyo estadounidense a los ataques con drones
Por otra parte, el público no percibe todos los argumentos de la misma manera. Los argumentos a favor y en contra de la eficacia militar de los ataques con drones tuvieron efectos bastante limitados. Si bien las críticas de la ONU y las ONG se siguen asociando con disminuciones del apoyo, los efectos tienen la mitad de la magnitud encontrada para los argumentos de derecho internacional basados en las violaciones de la soberanía nacional o en la protección de la población civil.
En conjunto, nuestro análisis sugiere que en el caso de la lucha contra el terrorismo, que en muchos sentidos debería ser una dura prueba para el derecho internacional, las apelaciones basadas en argumentos legales internacionales pueden influir en las actitudes de los ciudadanos del país que actualmente ocupa el liderazgo mundial en materia del uso de ataques con drones. Esto resulta sorprendente dada la abundante literatura que muestra que los estadounidenses tienden a ser prudentes y obedecer a la realpolitik en términos de su apoyo al uso de la fuerza, y no a guiarse por cuestiones de legalidad o moralidad. Nuestros resultados confirman que los críticos de las políticas estadounidenses provenientes de la ONU y las ONG pueden ganar algo de terreno incluso cuando tratan con un público relativamente escéptico. Sin embargo, es probable que sus argumentos tengan más aceptación cuando se centran en asuntos legales, en vez de en cuestiones relacionadas con la eficacia militar de los ataques con drones.
Estos resultados también tienen implicaciones importantes para lo que se ha convertido en uno de los “aspectos característicos” de la política exterior de la administración de Obama, el uso de drones para atacar a supuestos terroristas. Varios estudios han demostrado de manera convincente que la opinión pública es importante para la política exterior, si no por su efecto sobre la decisión de un país de comenzar a utilizar la fuerza, sí por el que tiene sobre la continuidad de dicha decisión. Los EE. UU. pudieron intervenir en países como Vietnam, Líbano, Somalia e Irak, pero los dirigentes finalmente se dieron cuenta de que su capacidad de seguir adelante con esas intervenciones estaba paralizada debido a una oposición cada vez mayor de la opinión pública. El ex director de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), Michael Hayden, ha sugerido que las actitudes del público son importantes en el contexto particular de los ataques con drones estadounidenses, e indicó que “ningún presidente puede hacer algo en repetidas ocasiones durante un largo plazo sin ese amplio apoyo popular”.
Si bien aún falta más trabajo por hacer, nuestra investigación indica que el derecho internacional representa una vía importante a través de la cual se debatirán y cuestionarán las políticas controvertidas, como los ataques con drones, en el mercado de ideas, tanto en los EE. UU. como en la comunidad internacional más amplia.