La doble crisis climática y de derechos humanos
En la última década, el impacto del cambio climático en Puerto Rico se ha vuelto imposible de ignorar. En 2017, los huracanes María e Irma dejaron un rastro de devastación en toda la isla, y la crisis humanitaria y política que siguió puso aún más de relieve las vulnerabilidades particulares del territorio. En 2021, el Índice de Riesgo Climático Global reveló que Puerto Rico ocupaba el primer lugar entre todos los países en cuanto a pérdidas relacionadas con el clima durante el período comprendido entre 2000 y 2019. Desde entonces, Puerto Rico ha seguido enfrentándose a importantes desastres climáticos, entre ellos una ola de calor extremo en 2023 que obligó a cerrar las aulas y expuso a la población anciana de la isla a crecientes riesgos para la salud. Si bien muchos de los riesgos climáticos a los que está expuesta Puerto Rico están relacionados con su condición geográfica de pequeña isla del Caribe, estos peligros se ven agravados por su inusual situación política. Como territorio no incorporado en libre asociación con los Estados Unidos, Puerto Rico carece de una autodeterminación significativa y funciona esencialmente como una colonia moderna, lo que permite a los Estados Unidos servir a sus propios intereses socavando los esfuerzos por mejorar la vida del pueblo puertorriqueño.
Más allá del caso concreto de Puerto Rico, el derecho a la autodeterminación tiene una larga historia en el orden jurídico y político internacional. Como parte de un movimiento de descolonización más amplio que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, esta doctrina se ha convertido en fundamental para la realización general de los derechos humanos. La autodeterminación es un principio fundamental del derecho internacional, que se deriva del derecho internacional consuetudinario; también está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, en los principales tratados de derechos humanos y en las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas. Además, la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que violaciones similares del derecho a la autodeterminación violan el derecho internacional. El derecho a determinar libremente su propio estatuto político y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural ha sido reafirmado como un «derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico». Sin embargo, Estados Unidos ha violado repetidamente este derecho en el ámbito de la política medioambiental, climática y energética, lo que ha socavado la resiliencia de la isla al cambio climático.
La dependencia energética de Puerto Rico se ve agravada por su condición colonial
El plan de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de los Estados Unidos para reparar la red eléctrica de Puerto Rico puso de manifiesto las implicaciones de la autodeterminación en materia de derechos humanos. Considerada desde hace tiempo un símbolo de la agitación infraestructural y política de la isla, la red eléctrica de Puerto Rico se convirtió en un importante punto de controversia tras el apagón de meses que sufrió la isla tras el huracán María. En 2020, la FEMA anunció un proyecto de 9600 millones de dólares para reconstruir la red eléctrica existente en Puerto Rico, que funciona en un 99 % con combustibles fósiles que deben importarse a través de costosos buques cisterna que cumplen la Ley Jones, lo que afianza aún más la dependencia de la isla del carbono.
Esta directiva del Gobierno federal de los Estados Unidos, en cuya elección no participa el pueblo de Puerto Rico, se opone directamente a las leyes aprobadas por los legisladores locales, que se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a realizar la transición de la red eléctrica de la isla hacia fuentes 100 % renovables para 2050. Al redoblar la apuesta por la red eléctrica existente, dependiente de los combustibles fósiles, la FEMA no solo infringió los deseos electorales de los puertorriqueños de una transición completa a las energías renovables, sino que también ignoró extensos estudios que demuestran la viabilidad de este plan. Como argumentan las organizaciones comunitarias locales en su recurso judicial contra la medida de la FEMA, este afianzamiento de los combustibles fósiles niega de facto al pueblo puertorriqueño el derecho a tomar decisiones sobre su desarrollo energético, lo que a su vez afecta a sus derechos humanos a la salud y a un medio ambiente saludable.
Se niega a Puerto Rico la participación en la financiación internacional para el clima
La violación del derecho de los puertorriqueños a la autodeterminación va más allá de las leyes y políticas climáticas que operan a nivel local. El derecho a la autodeterminación también se interpreta como el derecho colectivo de un pueblo a participar en la comunidad internacional, incluidos diversos foros de negociación y legislación internacionales. Como territorio colonial, Puerto Rico no tiene representación en las Naciones Unidas, ni figura en la lista de territorios no autónomos de la ONU. Por lo tanto, no puede votar en la Asamblea General ni defenderse formalmente en debates cruciales sobre el derecho internacional del medio ambiente. Puerto Rico no solo pierde oportunidades fundamentales para aportar su perspectiva única como pequeña isla que sufre los efectos desproporcionados del cambio climático que no ha provocado, sino que también pierde la capacidad de defender sus propios intereses específicos en el ámbito más amplio del derecho internacional y la formulación de políticas.
El mecanismo de la Conferencia de las Partes en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático muestra cómo se impide a Puerto Rico beneficiarse de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Como colonia de los Estados Unidos, Puerto Rico no puede optar a la financiación internacional para el clima. Mientras que otros pequeños Estados insulares en desarrollo similares reciben una atención especial en dichos acuerdos de financiación, Puerto Rico es ignorado por los mecanismos internacionales diseñados específicamente para abordar la difícil situación de esas zonas geográficas. Una vez más, los intereses de Puerto Rico entran en conflicto directo con los de su potencia colonial, los Estados Unidos, y quedan supeditados a estos.
Esto no quiere decir que los puertorriqueños no se hayan beneficiado de su libre asociación con los Estados Unidos. En particular, los puertorriqueños tienen la ciudadanía estadounidense y la industrialización impulsada por los Estados Unidos ha convertido a la isla en una de las más ricas de la región del Caribe. Sin embargo, en el contexto climático y energético, el estatus político de Puerto Rico limita su resiliencia climática. Queda por ver si iniciativas locales, como el creciente movimiento en torno a coaliciones de ciudades comprometidas con la lucha contra el cambio climático, tendrán un impacto significativo en la posición negociadora de los municipios puertorriqueños. En cualquier caso, para que Puerto Rico pueda responder a la emergencia climática de forma unificada, oportuna, eficaz y ambientalmente justa, debe respetarse su derecho fundamental a la autodeterminación.