Muchos integrantes de la comunidad de derechos humanos se muestran escépticos acerca de lo que perciben como el potencial escaso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para promover una agenda universal de derechos humanos. Debido a esta ambivalencia, algunos activistas y profesionales de derechos humanos pasan por alto o desprecian el papel que podría desempeñar el ODS 16 en la promoción de los derechos civiles y políticos a nivel mundial. Este objetivo se centra principalmente en cuestiones de gobernanza y se propone “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles” —un objetivo que tiene profundas implicaciones para los espacios cívicos en todo el mundo.
Las investigaciones actuales muestran que la sociedad civil en más de la mitad de los países del mundo enfrenta restricciones graves, y cada vez mayores, a su libertad de participar, expresarse y ser escuchada. Con el aumento de la vigilancia, la persecución e incluso la violencia contra la sociedad civil, muchas organizaciones de la sociedad civil han sido atacadas, en particular las que abogan por grupos excluidos y minorías. Los defensores de derechos humanos en todo el mundo han sido objeto de ataques: por ejemplo, tan solo en 2019 fueron asesinados 212 defensores del medio ambiente y de los derechos a la tierra, y se estima que 219 defensores de derechos humanos fueron asesinados o murieron mientras estaban detenidos en 2016.
La libertad de ejercer los derechos civiles y políticos también es sumamente importante para la sociedad civil mientras se esfuerza por cumplir la función que le encomendó la Agenda 2030. El modelo de implementación, monitoreo y revisión de múltiples partes interesadas, que es fundamental para esta Agenda, exige que la sociedad civil tenga acceso a un espacio cívico adecuado y un ambiente propicio para operar. Un informe reciente de Forus destaca cómo el ODS 16 puede impulsar de manera importante a la sociedad civil de todo el mundo en sus esfuerzos por crear y defender el espacio cívico, y por realizar una labor de monitoreo e implementación más eficaz de la Agenda 2030.
Una meta específica del ODS 16, la Meta 16.10, compromete a los Estados miembros de la ONU a “garantizar el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales”. Pero a pesar de que esta meta tiene un fin claro, los dos indicadores globales para evaluar el progreso no miden de forma adecuada el grado en que se protegen esas libertades —en particular las libertades de asociación, expresión y reunión. El primer indicador abarca el “número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de derechos humanos, en los últimos 12 meses”. El segundo cuenta el “número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información”.
Estos “indicadores de resultados” se centran ante todo en las violaciones de los derechos a la integridad corporal y la vida, pero no miden directamente el grado de protección de las libertades de asociación, reunión y expresión en la vida cívica cotidiana. En particular, es preciso complementar el primer indicador mediante la elaboración y adopción de otros indicadores pertinentes sobre el espacio cívico, tanto estructurales como relacionados con los procesos. Por ejemplo, un posible indicador estructural del espacio cívico podría ser “la existencia y el alcance de las leyes nacionales que protegen los derechos a la libertad de asociación, reunión y expresión”. Mientras tanto, un indicador del espacio cívico orientado a los procesos podría ser “la proporción de denuncias recibidas sobre los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión examinadas y resueltas por los tribunales u otros mecanismos nacionales competentes, en los últimos 12 meses”. Más adelante, estos indicadores se podrían adoptar a nivel nacional en los casos en que se hayan identificado lagunas específicas en el espacio cívico.
La falta de monitoreo y medición del grado en que los ciudadanos están en libertad de participar en la vida cívica de sus sociedades es una omisión notable. Los estudios de caso sobre el espacio cívico en el informe reciente de Forus ponen de relieve la gran cantidad de restricciones a las libertades políticas que enfrenta hoy en día la sociedad civil de diferentes partes del mundo. Esas restricciones repercutirán negativamente en la capacidad de la sociedad civil de esos países para contribuir a la implementación efectiva de la Agenda 2030.
Es urgente que la comunidad internacional amplíe el alcance de los indicadores sobre el espacio cívico del ODS 16, actualmente limitados, que miden cuántos activistas, defensores de derechos humanos y otras personas han sido secuestrados, encarcelados o asesinados. Hay que elaborar indicadores globales adicionales para medir el grado en que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos a la libertad de asociación, reunión y expresión en sus comunidades y sociedades, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales de derechos humanos. Dado que el ACNUDH, la UNESCO y la OIT son los custodios oficiales de la Meta 16.10.1, la sociedad civil y otros interesados clave deben colaborar con estas organizaciones para participar en el proceso de perfeccionamiento de la recopilación de datos.
Existe una necesidad creciente e insatisfecha de contar con estadísticas oficiales vinculadas no solo con la medición del espacio cívico sino también con la medición de la gobernanza.
Después de publicar el informe sobre el ODS 16, Forus y sus socios tienen la intención de colaborar con redes de la sociedad civil y otros grupos interesados en una nueva campaña mundial de promoción. Esta campaña hará un llamamiento para que los Estados miembros de las Naciones Unidas adopten una gama más amplia de indicadores sobre el espacio cívico como indicadores oficiales del ODS 16 y que estos se incorporen a los procesos de examen nacionales, regionales y mundiales de la Agenda 2030. La participación de activistas y profesionales de los derechos humanos en esta campaña mundial de promoción, y en el monitoreo y la revisión de la implementación del ODS 16 a nivel más general, será crucial por varias razones.
En primer lugar, la comunidad de derechos humanos podría hacer una contribución fundamental a la campaña mundial. Los profesionales de los derechos humanos podrían aportar a la campaña sus considerables conocimientos especializados, su aptitud para la promoción y su influencia política.
En segundo lugar, la comunidad de derechos humanos podría ayudar a afrontar las importantes lagunas de información en los sistemas de monitoreo del espacio cívico relacionados con el ODS 16 y sobre cuestiones de gobernanza más amplias. Existe una necesidad creciente e insatisfecha de contar con estadísticas oficiales vinculadas no solo con la medición del espacio cívico sino también con la medición de la gobernanza (es decir, la inclusión, la participación cívica, el estado de derecho, el acceso a la información). Cuando terminó el primer ciclo de implementación de la Agenda 2030 en 2019, muy pocos países y oficinas de estadística habían logrado generar datos de gobernanza para informar sobre el progreso con respecto al ODS 16. Es evidente que no se han utilizado los datos y la información producidos para otros procesos de presentación de informes pertinentes, como los mecanismos de derechos humanos, para informar sobre los avances logrados en la implementación del ODS 16.
En tercer lugar, los defensores de derechos humanos también podrían agregar su voz y su capacidad para influir en las redes de OSC para pedir un examen anual del ODS 16 para la Agenda 2030. Existe un precedente con el ODS 17, que examina anualmente el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de la ONU. Esto serviría no solo para que las cuestiones del espacio cívico, el ejercicio de las libertades fundamentales y la promoción de los derechos humanos sigan ocupando un lugar destacado en la agenda política internacional, sino también para que lo hagan las cuestiones más amplias de la gobernanza, la justicia, la paz y la seguridad.
En conclusión, la combinación de energía, compromiso y conocimientos especializados de la comunidad de derechos humanos podría dar un impulso considerable a los esfuerzos actuales para cumplir la promesa del ODS 16 de promover y proteger el espacio cívico, que es de importancia crítica. Los defensores y profesionales de los derechos humanos deberían unir sus fuerzas con los movimientos de la sociedad civil y otros interesados para poner en marcha una extensa campaña mundial que promueva la adopción de una gama más amplia de indicadores del espacio cívico como parte de los procesos de examen oficiales del ODS 16 a nivel mundial, regional y nacional.
Este artículo es parte de una serie publicada en colaboración con la Iniciativa Young sobre la Economía Política Global del Occidental College, la división de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Arizona y el Instituto sobre Desigualdades en Salud Global de la USC. Se deriva de un taller realizado en septiembre de 2019 en Occidental sobre ”Conversaciones globales transversales sobre los derechos humanos: interdisciplinariedad, interseccionalidad e indivisibilidad”.