Cuando los líderes mundiales se reúnan en Belém para la COP30, volverán a alabar al Amazonas como el pulmón del planeta. Gran parte de la atención se centrará en la ganadería, la expansión de la soja, la extracción de petróleo y la minería a gran escala, amenazas urgentes, sin duda. Sin embargo, hay otra fuerza, a menudo ignorada, que está acelerando la destrucción a una velocidad sin precedentes. Durante la última década, el crimen organizado se ha convertido en uno de los mayores peligros para la selva tropical más grande del mundo y, por lo tanto, para la estabilidad de nuestro clima.
Hoy en día, la Amazonía no solo es una maravilla natural, sino también un campo de batalla. Los cárteles de la droga, los mineros ilegales de oro y las mafias madereras están destrozando los bosques y los ríos, imponiendo nuevas formas de gobierno criminal. Aprovechan la debilidad de las instituciones, la porosidad de las fronteras y la corrupción arraigada para controlar vastos territorios. En muchas zonas, han sustituido al Estado, imponiendo toques de queda, recaudando «impuestos» e impartiendo justicia violenta. En otros lugares, las instituciones estatales colaboran con ellos, difuminando las líneas entre la legalidad y el dominio criminal. Su dominio determina ahora las condiciones de explotación en gran parte de la selva tropical.
Cómo el crimen alimenta el extractivismo
Impulsadas por los precios récord del oro y la incesante demanda mundial de cocaína, las economías ilícitas se adentran cada vez más en las regiones más remotas y biodiversas de la Amazonía, tierras protegidas durante siglos por los pueblos indígenas. Pero el daño va más allá de los mercados ilícitos. El gobierno criminal crea las condiciones para la expansión de las industrias extractivas «legales».
Los grupos armados deforestan y desplazan a las comunidades, allanando el camino para los cultivos de coca y la ganadería, y más tarde para las concesiones madereras y los proyectos petroleros. El oro extraído con mercurio se cuela en las cadenas de suministro formales, lo que permite a las empresas beneficiarse de los recursos blanqueados. El crimen organizado no está separado del extractivismo legal; es la fuerza de choque violenta que lo hace posible.
El costo humano y ecológico
Las consecuencias son devastadoras. Los bosques son arrasados para dar paso a la coca o al ganado. Los ríos se contaminan con mercurio, que envenena el agua y la vida que sustenta. En Brasil, los territorios Munduruku y Kayapó han sido invadidos por mineros armados. En Perú, líderes indígenas que se oponían a las mafias de la coca y la tala han sido asesinados. La Corte Constitucional de Colombia advirtió hace casi dos décadas que naciones indígenas enteras se enfrentan al riesgo de extinción debido al conflicto armado, relacionado, al menos en parte, con las economías ilícitas. Hoy en día, la Amazonía es el lugar más peligroso del planeta para los defensores del medio ambiente.
Cada hectárea destruida acerca la selva a su punto de inflexión, el momento en que se transforma irreversiblemente en sabana, liberando miles de millones de toneladas de carbono y frustrando los objetivos climáticos mundiales. No se trata solo de una emergencia medioambiental, sino de una crisis de gobernanza, derechos humanos y seguridad mundial. Tratarla únicamente como una cuestión de conservación es peligrosamente insuficiente. Las medidas represivas militarizadas, la respuesta habitual de los Estados amazónicos, han fracasado, agravando la violencia sin abordar las causas fundamentales. Se necesita un nuevo enfoque: uno que reconozca el crimen organizado como una amenaza climática central y que se enfrente a los sistemas políticos y económicos que lo sustentan.
Minería ilegal de oro en el río Jatunyacu, en la provincia de Napo, Ecuador (Crédito: Sofía Jarrín)
Lo que hay que hacer en la COP de Belém
Cuando los líderes se reúnan en Belém, deben ir más allá de las promesas vagas. La supervivencia de la Amazonía depende de que se enfrente al crimen organizado como una cuestión climática fundamental. Eso significa:
1. Interconectar los marcos climáticos, medioambientales y de seguridad.
Las economías ilícitas deben reconocerse como factores que impulsan la deforestación y el riesgo climático global. Los acuerdos sobre el clima y la biodiversidad deben alinearse con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), en la que se puede desarrollar un protocolo sobre los delitos que afectan al medio ambiente para cerrar las brechas que explotan las redes criminales.
2. Centrarse en los derechos indígenas y la gobernanza territorial.
Los pueblos indígenas son los defensores más eficaces de la Amazonía, pero también los más amenazados. Fortalecer sus derechos sobre la tierra, sus sistemas de gobernanza y sus patrullas comunitarias, y canalizar la financiación climática directamente a las instituciones dirigidas por indígenas, es vital para desmantelar el control criminal y proteger el bosque. Su liderazgo debe reconocerse como fundamental para cualquier solución climática viable.
3. Vincular la financiación climática al desmantelamiento de las economías ilícitas.
Los fondos del Acuerdo de París y los marcos de biodiversidad deben dirigirse explícitamente a la minería, la tala y el tráfico de drogas ilegales. La financiación debe dar prioridad a la autonomía indígena, la protección de los defensores y los medios de vida sostenibles, y no a las represiones militarizadas que perpetúan la violencia. La financiación climática debe fortalecer la justicia y la resiliencia de las comunidades, no la corrupción ni la represión.
4. Regular las cadenas de suministro mundiales.
Los países consumidores deben aceptar su responsabilidad. La demanda de cocaína en el Norte Global alimenta la violencia en la Amazonía; el oro y la madera ilícitos que se blanquean a través de los mercados internacionales terminan en productos de uso cotidiano. Belém debe exigir una trazabilidad estricta y leyes vinculantes de diligencia debida que responsabilicen a las empresas, desde las refinerías hasta el comercio minorista.
5. Hacer frente a la corrupción y la complicidad del Estado.
Las redes criminales prosperan donde falla la gobernanza. Las negociaciones sobre el clima deben comprometerse a fortalecer los sistemas judiciales, los fiscales ambientales y los mecanismos anticorrupción. Sin rendición de cuentas, la financiación de la conservación se tambaleará. La corrupción es el oxígeno de la deforestación; la transparencia debe ser el antídoto.
Ahora es el momento
Los científicos advierten que si la deforestación del Amazonas supera el 20-25 %, la selva tropical podría colapsar y convertirse en un ecosistema similar a la sabana. Según algunas investigaciones, algunas partes de la Amazonia oriental ya emiten más carbono del que absorben. El papel de la selva como regulador climático global se está debilitando rápidamente.
Este es un momento crucial para el planeta. La Amazonia se acerca a un punto de no retorno, tanto desde el punto de vista ecológico como político y ético. Si el crimen organizado y la demanda global de sus productos siguen dictando su futuro, el coste no recaerá solo sobre los pueblos indígenas, sino sobre toda la humanidad. Cuando los líderes se reúnan en Belém, deberán afrontar una incómoda verdad: la lucha por la estabilidad climática es inseparable de la lucha contra el crimen organizado.
Belém puede ser recordada como un punto de inflexión, cuando el mundo dejó de tratar a la Amazonia como una víctima y comenzó a desmantelar las economías criminales que impulsaban su colapso. La elección es clara: desmantelar las redes de destrucción o perder la selva tropical que sustenta la vida misma.