Tratado promueve la justicia ambiental en América Latina y el Caribe

A pesar de la reducción de espacios para la sociedad civil, el nuevo Acuerdo de Escazú, que ofrece medidas de protección para los defensores y agrupaciones ambientalistas, es un brillante ejemplo de ciudadanos que se organizan de manera creativa para luchar por la justicia social.


By: Dhananjayan Sriskandarajah
October 2, 2018

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Foto: EFE/EPA


Después de muchas demoras judiciales, el juicio por el asesinato de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres comenzó el 17 de septiembre. Cáceres lideró la lucha contra el proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica que habría inundado las tierras de pueblos indígenas y desplazado a la población local. Al final, esa lucha culminó en su asesinato. Berta Cáceres es solo un rostro conocido entre cientos de activistas ambientales que son atacados, estigmatizados, criminalizados y asesinados en el mundo año tras año.

En los últimos años, CIVICUS ha reportado una represión global sistematizada contra la sociedad civil, que ha afectado en gran medida a los defensores de derechos humanos. En particular, la defensa del medio ambiente se ha vuelto más peligrosa cada año, sobre todo en América Latina, donde se observan las cifras más elevadas de asesinatos de defensores del medio ambiente.

Pero hay razones para mantener la esperanza. Casi en todas partes vemos señales de ciudadanos que se organizan y movilizan de maneras novedosas y creativas para defender las libertades cívicas, luchar por la igualdad y la justicia civil, y defender los valores democráticos.

En América Latina y el Caribe, el proceso que condujo al Acuerdo de Escazú es un ejemplo de la lucha que libran los ciudadanos para recuperar sus derechos. La sociedad civil de la región se organizó y trabajó durante años para convencer a los gobiernos de adoptar un tratado sobre democracia ambiental. Este tratado debía garantizar los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales; además, debía ofrecer medidas de protección para los defensores y agrupaciones ambientalistas. El proceso concluyó en marzo, cuando 24 países adoptaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, por la ciudad de Costa Rica en la que se adoptó.

El Acuerdo de Escazú nació como una respuesta a las necesidades apremiantes de los ciudadanos de América Latina y el Caribe: de ser informados sobre los proyectos de desarrollo y los riesgos ambientales que plantean; tener información sobre la salud de sus ríos, sus bosques, sus comunidades y sus hijos; participar en los procesos de toma de decisiones que afectarían su medio ambiente, y obtener reparaciones cuando se violen sus derechos ambientales. En una época en la que el espacio cívico y las oportunidades de participación ciudadana parecen estarse reduciendo, Escazú constituye un buen ejemplo de la importancia de reimaginar la democracia para enfrentar los desafíos ambientales de nuestro mundo.

Escazú constituye un buen ejemplo de la importancia de reimaginar la democracia para enfrentar los desafíos ambientales de nuestro mundo.

Además, Escazú es el primer tratado internacional que contempla protecciones específicas para los defensores del medio ambiente. En una región que ha sido reconocida como la más peligrosa para los defensores del medio ambiente, este acuerdo supone una oportunidad esencial de evitar más asesinatos y garantizar un espacio seguro para los defensores. Para las miles de personas que trabajan incansablemente, e incluso arriesgan sus vidas, para proteger el medio ambiente en la región, Escazú representa la muy necesaria promesa de un futuro mejor.

Sin embargo, el tratado es tan solo una hoja de papel mientras no entre en vigor y se traduzca en efectos reales para las vidas de millones de personas en la región. El 27 de septiembre, en una ceremonia en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el Acuerdo de Escazú se abrió para la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe.  Durante la ceremonia, 14 países de la región firmaron el documento. Asimismo, más de 33,000 personas han firmado una petición en línea exigiendo a sus gobiernos que firmen y ratifiquen el Acuerdo y manifiesten un verdadero compromiso con la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.

Ha llegado el momento de que los gobiernos de la región tomen medidas reales para lograr un cambio verdadero. Es particularmente importante que los países en los que hay conflictos ambientales violentos y una gran cantidad de ataques contra defensores firmen el Acuerdo de Escazú y comiencen sus procesos de ratificación.

La sociedad civil en América Latina y el Caribe nos ha mostrado lo que podemos lograr los ciudadanos cuando nos unimos para recuperar el espacio cívico. Sus integrantes trabajaron con determinación para reivindicar sus derechos de acceso y conseguir un tratado que pudiera protegerlos.

No obstante, en la actualidad, los defensores en la región aún padecen violencia. La impunidad es generalizada. Las comunidades indígenas y rurales aún enfrentan obstáculos para ejercer su derecho a participar. Las madres aún carecen de información sobre los contaminantes que afectan la salud de sus hijos. Pero Escazú puede cambiar esta situación. Y este es el momento de actuar.

Mientras recordamos a Berta Cáceres, y su lucha por proteger el medio ambiente en Honduras, y esperamos que sus asesinos respondan ante la justicia, debemos continuar nuestra movilización por una democracia ambiental más sólida. Ahora, los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen la responsabilidad de trabajar juntos y convertir las promesas del Acuerdo de Escazú en una realidad para todos sus ciudadanos. 


Danny Sriskandarajah es el secretario general de CIVICUS, una alianza global de organizaciones de la sociedad civil activas en 160 países.


 

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