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In the years 2000 to 2016, the rapporteur addressed more than 12,000 cases of human rights defenders at risk.
Nuestro entendimiento de la represión política alrededor del mundo está moldeado por datos cualitativos y cuantitativos sobre defensores individuales de los derechos humanos. En gran medida, estos datos se concentran en el encarcelamiento u otras violaciones a la integridad física. Pero, ¿podemos asumir que representan la realidad de la represión política? Y, ¿hasta qué punto podemos confiar en los datos sobre tales eventos para sacar conclusiones confiables sobre una tendencia en deterioro, o sobre un “espacio decreciente” para el activismo de la sociedad civil?
No hay duda de que muchos activistas de derechos humanos enfrentan amenazas y abusos de sus derechos – este es un tema de gran preocupación, pero no es nada nuevo. Cuando la comunidad de derechos humanos habla sobre un aumento de violaciones a los derechos fundamentales, o un ataque global hacia los defensores de los derechos humanos, un poco de caución y una evaluación cuidadosa son necesarias. Los datos disponibles son moldeados por la capacidad de monitoreo y por una economía de atención que prioriza los reportes de violaciones graves; por lo tanto, puede distorsionar nuestro entendimiento de tanto el statu quo como de las tendencias a lo largo del tiempo. Argumentamos que dos cambios en la documentación podrían corregir el panorama: 1) el prestarle atención a la represión suave en vez de únicamente a la represión dura, y 2) la documentación de los infractores en lugar de solamente de las víctimas.
Informes del Relator Especial de la ONU, cuyo mandato incluye apoyar a los defensores de los derechos humanos, son una fuente autoritativa de información sobre los ataques a los activistas. Entre los años 2000 al 2016, el Relator abordó más de 12.000 casos de defensores de derechos humanos bajo riesgo. Usando informes oficiales de la ONU, codificamos datos sobre las diferentes formas de represión experimentadas por esos defensores de derechos humanos antes de que la ONU tomara acción. Los casos de detención constituyen más del 56% de los casos, mientas que formas más suaves de represión, por ejemplo, medidas administrativas como restricciones de viaje o de trabajo, fueron documentadas en alrededor del 8% de los casos. Es altamente improbable que esta distribución refleje los patrones de la represión en la realidad.
En cambio, los datos de la ONU sobre los ataques en contra de los defensores de los derechos humanos son muy probablemente moldeados por un sesgo atencional que sobredimensiona la privación de la libertad como una amenaza. Hay varias razones para esto: la represión dura tal como las medidas violentas y el encarcelamiento capturan la atención de los medios, mientras que los obstáculos burocráticos usualmente son subestimados y no tan reportados. La represión suave es menos cautivadora. Además, los activistas se acostumbran a los actos represivos de bajo nivel y de largo plazo, y a menudo solo empiezan a reportar las amenazas cuando la presión aumenta. Existe en las ONGs capacidad establecida para documentar el encarcelamiento político. Es difícil comprobar el involucramiento Estatal en casos de hostigamiento o de campañas de difamación. El acceso limitado a la información moldea los resultados del monitoreo. Como consecuencia, las formas duras de represión son mejor documentadas que las formas suaves.
Paradójicamente, esto no significa que haya un buen nivel de conocimiento internacional sobre el encarcelamiento político u otras formas de detención motivadas por razones políticas. Hasta en esto la información es imprecisa. Descubrimos esto comparando datos de casos individuales publicados por cuatro actores internacionales influyentes entre los años 2001 y 2010, cubriendo 26 países en donde el encarcelamiento político era sistémico. La conclusión principal del análisis comparativo es que no podemos identificar una tendencia general usando datos de eventos descriptivos. En la mayoría de los años bajo estudio, los casos reportados por los diversos actores no solamente demuestran niveles altamente divergentes sino tendencias opuestas. Por ejemplo, en nuestro análisis de las cifras de Amnistía Internacional, aparece que hubo menos casos de detención política en el 2010 que en el 2005. Al mismo tiempo, los datos del Departamento de Estado sugieren que los números totales en el 2005 y en el 2010 eran casi iguales. El factor principal de estas tendencias variables no es el número de personas que fueron detenidas, sino la capacidad de cada actor para monitorear y documentarlos.
Por supuesto, sigue siendo importante recolectar datos en instancias de represión, en particular porque Estados represivos le temen al escrutinio. Pero las estadísticas descriptivas no son una base adecuada para entender las tendencias a través del tiempo. Es más, los Estados represivos han aprendido cómo socavar el poder de la documentación: para prevenir reacciones políticas, alteran sus tácticas de represión.
Mientras permanecemos escépticos sobre la existencia de una tendencia global en deterioro, una conclusión es evidente: cuando los actores represivos cambian sus tácticas de intimidación, los actores de derechos humanos deben adaptar adecuadamente sus tácticas de documentación. Actualmente, son necesarios dos cambios fundamentales en la recolección de datos sobre la represión política. En primer lugar, debería haber un cambio en el énfasis sobre la represión dura hacia más documentación de la represión suave. El Civicus Monitor ya ha comenzado a promover tal cambio. Los actuales costos políticos asociados a la violación de los derechos a la integridad física son principalmente el resultado de los esfuerzos incesantes para exponer este tipo de violaciones de derechos humanos. Construyendo sobre este éxito, las organizaciones de sociedad civil pueden unirse también en contra de la represión suave.
En segundo lugar, debería haber un cambio en la documentación enfocada en las víctimas hacia la documentación y la incidencia enfocada en los infractores. Actualmente, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos cuentan las historias de las víctimas. Lo hacen para darle una cara a las violaciones de derechos humanos y generar empatía. Sin embargo, la narrativa en apoyo a los defensores de derechos humanos individuales no necesariamente altera los cálculos de costo-beneficio de los audaces actores represivos. Es hora de ejecutar esfuerzos internacionales más rigurosos para exponer las líneas de responsabilidad y hacer que los responsables sean los personajes principales en las historias sobre la represión política. Hasta ahora, sabemos y hablamos muy poco sobre los entes decisorios quienes planean y ejecutan ataques en la sociedad civil. Les permitimos esconderse en la anonimidad, y eso debe cambiar.