¿La justicia social se contrapone a los derechos humanos?

Los derechos económicos y sociales son objetivos loables, pero calificarlos como “derechos” trae más perjuicios que beneficios.


By: Pedro R. Pizano
June 5, 2014

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El año pasado, el ex director de Human Rights Watch y la Open Society Foundation, Aryeh Neier, argumentó en openGlobalRights que los derechos humanos y la justicia social van a ritmos marcadamente diferentes. Los derechos humanos, escribió Neier, limitan el poder del estado, mientras que la justicia social busca redistribuir los recursos materiales.

El año pasado, el ex director de Human Rights Watch y la Open Society Foundation, Aryeh Neier, argumentó en openGlobalRights que los derechos humanos y la justicia social van a ritmos marcadamente diferentes. Los derechos humanos, escribió Neier, limitan el poder del estado, mientras que la justicia social busca redistribuir los recursos materiales.

Margot Salomon, profesora de la London School of Economics, disintió, y escribió que la lucha por la justicia social y la lucha por los derechos humanos son idénticas, ya que ambas buscan una redistribución del poder.

Si éste fuera solamente un debate de opiniones, no participaría. Sin embargo, se trata de una discusión importante porque fusionar la “justicia social” y los derechos humanos debilita el movimiento de derechos humanos e incluso socava sus objetivos declarados.


Julia Reinhart/Demotix (All rights reserved)

Are all rights truly "indivisible"? Pedro Pizano explains why human rights should not be conflated with social justice.


Ciertamente, los estándares económicos y sociales son objetivos políticos valiosos y legítimos que las personas deben buscar alcanzar, con el tiempo. Son algo que toda sociedad decente debe tratar de proporcionar: vivienda, alimentos, atención médica, trabajo, educación, beneficios para el retiro y recursos culturales adecuados, para todos.

Los derechos humanos, por el contrario, se deben cumplir de inmediato y siempre son justiciables. Toda persona puede y debe ir ante los tribunales y exigir su derecho inmediato a profesar su religión de la manera en que elija. Inmediatamente, el Estado debeabstenerse de violar este derecho y reparar con rapidez los agravios cuando sea necesario.

La justicia social y económica, por el contrario, es algo que se logra gradualmente. Los Estados prometen satisfacer los derechos sociales y económicos en el futuro, según los recursos y las capacidades disponibles. Se trata de aspiraciones, no de derechos aplicables inmediatamente.

Y así es como debe ser. Después de todo, no queremos que los gobiernos argumenten que el derecho de libertad de culto no se puede respetar por el momento porque el Estado no cuenta con recursos suficientes.

Sin embargo, me parece perfectamente razonable que algunos Estados no puedan proporcionar inmediatamente vivienda, atención médica o nutrición adecuadas porque no tienen el dinero o la capacidad administrativa necesarios.

Las sociedades que buscan ofrecer alimentos y vivienda a costa de la libertad de culto usualmente fracasan terriblemente en ambas materias.

Desde la Unión Soviética hasta la China, Arabia Saudita, Cuba y Venezuela de hoy en día, los estándares económicos y sociales son los “derechos” que los dictadores adoran . Estos líderes usan las políticas sociales para encubrir sus terribles historiales en materia de derechos humanos; celebran sus políticas sociales al mismo tiempo que ignoran el derecho inmediato de sus poblaciones a la participación política y a no enfrentar detenciones arbitrarias, tortura o la muerte.

Aun así, los defensores de los derechos sociales a menudo argumentan que los derechos son “indivisibles”. Después de todo, si una persona no tiene alimentos o vivienda, ¿qué importa si tiene o no la libertad de profesar cualquier religión?

Sí importa. No sólo porque las organizaciones religiosas ofrecen bienes materiales esenciales para quienes los necesitan, sino principalmente porque las sociedades que buscan ofrecer alimentos y vivienda a costa de la libertad de culto usualmente fracasan terriblemente en ambas materias.

Si todos los derechos fueran indivisibles en realidad, una persona no podría tener religión sin alimentos, o viceversa. Pero esto es evidentemente falso. Después de todo, una persona puede tener alimentos suficientes mientras sigue sin poder profesar su religión libremente. Y uno puede profesar cuanto quiera, y aun así no tener un acceso adecuado a la vivienda, atención médica o educación. Hay personas por todo el mundo que experimentan estas condiciones día a día.

Si una sociedad se limita a proteger los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos, permite que los individuos se organicen libremente para obtener alimentos y vivienda. Y cuando el Estado garantiza los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos, las personas pueden buscar obtener, a través de medios políticos, la provisión de alimentos y vivienda suficientes para todos.

También hay que considerar lo siguiente: Jacob Mchangama, director ejecutivo de Freedom Rights Project, concluyó en un documento de trabajo reciente que, de hecho, los derechos sociales y económicos no fomentan la justicia social e incluso pueden tener efectos negativos inesperados.

“Nos interesa saber si los derechos sociales y económicos justiciables han contribuido en algo a desarrollar la justicia social que pretenden fomentar”, me dijo Mchangama en Copenhague, en referencia a su trabajo con el economista Christian Bjørnskov. “Pero no parece haber muchas evidencias de que así sea”.

En su documento de trabajo, Mchangama y Bjørnskov examinan 188 constituciones para ver si el que los Estados hayan introducido los derechos a la educación, la salud y la seguridad social tiene una relación estadística con las mejoras en esas áreas de política.

Sin embargo, concluyen que “no hay un fundamento empírico y tangible para afirmar que la introducción de derechos [económicos y sociales], a nivel nacional o internacional, marca alguna diferencia en el sentido deseado”.

De hecho, es posible que ocurra lo contrario, ya que el análisis de Mchangama y Bjørnskov también demuestra que hay “efectos negativos para la educación y la inflación en el mediano plazo”.

Su trabajo aún está siendo revisado, y hacen falta más investigaciones empíricas. A pesar de ello, incluso si sólo son parcialmente correctas, sus conclusiones deberían convencer a los activistas de la necesidad de reevaluar sus supuestos.

En resumen, todos los integrantes de la comunidad de derechos humanos deben distinguir cuidadosamente entre la “justicia social” y los “derechos humanos”. Fusionar ambos términos sólo enturbia las aguas conceptuales y ayuda, en vez de estorbar, a quienes buscan limitar nuestra libertad.

 


Pedro R. Pizano dirige su propia consultoría de derechos humanos, Pizano Strategies. Sus opiniones se han publicado en The EconomistSlate, Foreign Policy, la BBCForbesGlobal PostHuffington Post y Al Jazeera. Recientemente, el Diplomatic Courier lo reconoció como uno de los principales 99 líderes menores de 33 años en materia de política exterior. En la actualidad reside en Jerusalén, Israel. Sígalo en Twitter en @pedropizano.


 

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