En el epicentro del conflicto interno de Myanmar se encuentra la falta de materialización de un derecho humano crucial: el derecho a la nacionalidad. En 2020, el ACNUR informó de una estimación conservadora de 4,2 millones de personas apátridas, y reconoció que la verdadera cifra global es probablemente más cercana a los 10 millones.
Las personas sin nacionalidad se enfrentan a vulnerabilidades extremas. Carecen de protección legal y del derecho al voto, y experimentan mayores obstáculos para acceder a la salud, la educación, el empleo y otras libertades de las que suelen disfrutar quienes tienen estado civil.
La campaña genocida de Myanmar contra la población musulmana rohingya del país, un grupo étnico minoritario al que se le negó la ciudadanía en 1982, también supone un riesgo agravado de persecución física, ya que estas comunidades no tienen derecho al tipo de recurso y protección que les otorga la legislación nacional.
Además de estas vulnerabilidades, a menudo elevadas, el marco de los derechos humanos está mal equipado para proporcionar protección a los apátridas o vías de acceso a la ciudadanía. Los procesos de protección y los mecanismos de aplicación están poco desarrollados en relación con las normas consagradas en los acuerdos internacionales.
Las limitaciones a la hora de abordar la apatridia no se derivan de la falta de compromiso. Aunque el lenguaje que defiende la condición de Estado lleva mucho tiempo circulando en el ámbito internacional, los acuerdos existentes sólo proporcionan un nivel rudimentario de orientación procesable y son difíciles de aplicar.
Además de estas vulnerabilidades, a menudo elevadas, el marco de los derechos humanos está mal equipado para proporcionar protección a los apátridas o vías de acceso a la ciudadanía.
El derecho a la condición de nación se ha consagrado en varios convenios internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948 hasta el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad de 1997.
Sin embargo, en estos acuerdos no se prescribe cómo aplicar las recomendaciones para reducir la apatridia. Cuando los Estados no signatarios niegan la ciudadanía, ¿quién es el responsable de asignar la condición de pertenencia a un Estado? ¿Y cómo puede la comunidad internacional responsabilizar a los Estados de la concesión de la ciudadanía en su propio territorio?
Myanmar es signatario de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948, pero ha negado la ciudadanía a los rohingya sin mayores consecuencias. Esta falta de rendición de cuentas y de reparto de responsabilidades, de manera preocupante también ha sido omnipresente en Myanmar en otros aspectos, como la crisis de refugiados que se está produciendo cuando los rohingya huyen de la violencia. Esto pone de manifiesto un defecto profundamente arraigado en el sistema de derechos humanos: cualquier acción internacional se basa en la voluntad de los Estados de actuar, y si estos optan por la pasividad, la protección es escasa.
De las recomendaciones específicas que se han difundido, quedan también otros retos sin resolver. El Departamento de Estado de Estados Unidos y el ACNUR recomiendan acciones como la documentación y el registro de todas las personas, pero la presunción de que la documentación equivale a la protección es errónea. Los apátridas de todo el mundo están documentados, pero eso no siempre ha actuado como una vía de acceso a la nacionalidad.
Muchas recomendaciones pueden ser, y han sido, activamente cooptadas para profundizar la marginación de comunidades ya vulnerables sin llegar a conceder la ciudadanía. El gobierno de Myanmar ha convertido en un arma el registro de los rohingya para ejercer un amplio control sobre esta población. La mayor visibilidad ha producido menos libertad y menos derechos, no más.
El plan de acción del ACNUR para poner fin a la apatridia incluye recomendaciones como la aprobación de las Convenciones de la ONU sobre apatridia y la mejora de los datos. La aprobación es un reto porque los acuerdos internacionales, por naturaleza voluntarios, no siempre se ratifican de manera amplia, y las técnicas de incentivación son susceptibles de fracasar.
Los datos también presentan sus propios obstáculos. Se entienden como una pieza crucial para abordar una serie de problemas de derechos humanos, como la violencia de género, por lo que los datos desglosados por sexo permiten realizar intervenciones sensibles al género. De forma paralela, los datos sobre los apátridas permiten elaborar políticas y programas que respondan al contexto. Sin embargo, debido a la naturaleza de la apatridia, su recopilación es un reto.
La mayor visibilidad ha producido menos libertad y menos derechos, no más.
En el fondo, el marco de los derechos humanos tampoco está diseñado para resolver las tensiones étnicas y culturales subyacentes, ambas catalizadoras de la discriminación contra los rohingya. Las soluciones sostenibles requieren un reconocimiento y una respuesta a los diversos contextos culturales y étnicos de la apatridia, pero en su forma actual, el sistema de derechos humanos carece de estructuras capaces de gestionar estos apuntalamientos contextuales.
Aunque abundan las limitaciones, hay indicios de que las normas de derechos humanos y los marcos jurídicos formales pueden lograr un éxito gradual en la reducción de la apatridia. Tras el trabajo del ACNUR junto con la comunidad internacional, el gobierno de Bangladesh y los defensores nacionales, la Corte Suprema de Bangladesh falló a favor de asignar la nacionalidad a unos 300 000 hablantes de urdu en 2008.
Sin embargo, los marcos internacionales no son eficaces por sí solos. Una y otra vez, los Estados se han comprometido con acuerdos para luego violarlos. Aunque estos acuerdos también pueden servir de carta de presentación para intervenir durante las crisis, no siempre lo hacen.
Aún así, los mecanismos formales de las instituciones y los acuerdos internacionales también pueden complementarse con mecanismos informales. Los movimientos y organizaciones feministas independientes han demostrado ser influyentes a la hora de abordar la violencia de género, por ejemplo, pero la movilización de la sociedad civil también requiere recursos, de los que los apátridas suelen carecer como consecuencia de que se les niegan los derechos básicos que suelen privilegiar a los ciudadanos para obtener esos recursos.
A la luz de las limitaciones, la evolución de la definición constitutiva de la seguridad humana presenta oportunidades para avanzar en la protección de los apátridas. La norma de la nacionalidad como derecho básico es un valor muy extendido hoy en día, que ha sido objeto de un compromiso continuo por parte de la comunidad internacional.
Sin embargo, para acabar con la apatridia en todo el mundo se necesita un marco más sólido: uno que no sólo corrija las deficiencias sustantivas y de procedimiento de los acuerdos, sino que también aproveche la capacidad de la sociedad civil dirigiendo la financiación y otros recursos hacia la movilización sobre el terreno.