Protection International organiza una sesión de protección con personas DDH en Goma, República Democrática del Congo (junio 2020)
Rastrear la trayectoria del virus ha sido un reto especial este año de pandemia, pero también lo ha sido seguir el flujo del dinero. ¿A cuáles empresas han permitido los gobiernos que sigan operando, y cuáles grupos se han quedado sin dinero? Ha habido claros ganadores y perdedores en lo que respecta a la gestión de las finanzas durante esta pandemia y al cálculo de los resultados, pero también ha habido tramposos descarados, incluidos los que han pasado por alto fácilmente sus obligaciones en materia de derechos humanos con el fin de obtener beneficios durante lo que sigue siendo un momento financiero difícil. Mientras algunas empresas avanzan a duras penas, muchas personas defensoras de los derechos humanos (personas DDH) se sienten amenazadas por las grandes empresas, agotadas por las fluctuaciones de los precios del mercado y desatendidas por los paquetes de estímulo de sus gobiernos.
Descripción: Los manifestantes salen a la calle en Colombia para hacer un llamado a la igualdad (mayo 2021). Fuente: Nathalia Sie
Empresas: decididas a obtener beneficios, a cualquier precio
Los Estados oportunistas y actores armados no son los únicos que utilizan la pandemia para su beneficio; algunas empresas privadas han aprovechado el 2020 como una oportunidad para avanzar en sus planes de negocio sin la debida consulta ni el temor a las reacciones de la comunidad. Según el Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos, entre marzo y octubre de 2020 se produjeron 286 ataques relacionados con empresas contra personas DDH, lo que representa un aumento del 7,5% en comparación con el año anterior.
En diversas ocasiones, los gobiernos de todo el mundo han priorizado los beneficios sobre los derechos y libertades fundamentales durante una crisis. El ejemplo más claro son los continuos ataques contra la Federación de Campesinos del Sur de Tailandia (SPFT). Las disputas sobre el derecho de la SPFT a su territorio existen desde hace años, pero las tensiones se intensificaron el octubre pasado tras el intento de asesinato de Dam Onmuang, miembro y líder de la Comunidad Santi Pattana. Protection International sigue pidiendo que se examinen a fondo todas las pruebas relacionadas con la disputa de tierras entre la empresa de aceite de palma de la zona y la SPFT, así como una investigación imparcial sobre el intento de asesinato del Sr. Onmuang. El autor del crimen fue acusado recientemente y está a la espera de una decisión final sobre la sentencia de prisión, pero los autores intelectuales aún no han rendido cuentas.
Según Sulakshana Lamubol, de Protection International Tailandia, “debido al miedo a lo que le ha ocurrido al Sr. Onmuang, no puede salir de casa para trabajar y, por tanto, ha tenido que contratar a trabajadores para que realicen labores agrícolas en la tierra por él. Desde el incidente, ha perdido aproximadamente entre 300 y 500 dólares al mes, que eran sus ingresos medios antes del incidente”.
En efecto, algunas empresas han utilizado la covid-19 como distracción global de los daños que están imponiendo a las comunidades locales y al planeta.
En Mesoamérica, las empresas extractivas y los megaproyectos han continuado a lo largo de la pandemia, ya sea operando ilegalmente o con permisos especiales del gobierno. Durante su campaña electoral en 2019, el presidente Giammattei prometió restablecer la confianza en el ambiente de inversión de Guatemala (particularmente para las empresas mineras transnacionales) y parece que sigue operando de esta manera, independientemente de la pandemia imprevista. La mina de níquel Fénix en Guatemala, operada por la empresa suiza Solway Investment Group, continuó sus operaciones a pesar de que se ordenó el cierre de empresas innecesarias en marzo de 2020. Este tipo de empresas generan una contaminación del agua que ahuyenta a los peces y una del aire que provoca problemas respiratorios, lo que es especialmente preocupante durante una pandemia en la que el virus ataca los pulmones.
En enero de este año, Protection International se unió a otras 194 organizaciones internacionales para denunciar el intento de asesinato de Julio David González Arango, un defensor DDH y miembro del movimiento de resistencia pacífica contra la mina Escobal de Pan American Silver en Guatemala, y de otros dos miembros del movimiento de resistencia que recibieron amenazas de muerte. Mientras tanto, la empresa minera sigue llevando a cabo proyectos comunitarios que “fomentan la tensión y la división social dado que todas las operaciones deben ser suspendidas”. Según la declaración enviada a la empresa [por una comunidad indígena cercana], “el Parlamento [de Xinka] también ha denunciado los programas de acercamiento a la comunidad de la empresa como una coacción y una violación del carácter ‘libre’ de la consulta”.
Hay numerosos informes de empresas parcial o totalmente estatales que eluden por completo sus responsabilidades de consulta con las comunidades, bajo el falso pretexto de la imposibilidad. Los gobiernos miopes han utilizado las dificultades económicas como excusa para avalar operaciones destructivas y, como explica Mauricio Ángel de Protection International, “en efecto, algunas empresas han utilizado la covid-19 como distracción global de los daños que están imponiendo a las comunidades locales y al planeta”.
La inestabilidad financiera impide el derecho a defender los derechos humanos
Uno de los problemas más generalizados e importantes a los que se enfrentan muchas personas DDH hoy en día es la realidad de que el dinero es escaso. Los alimentos son más caros, la tasa de desempleo mundial ha alcanzado su porcentaje más alto en décadas y los costos de la atención sanitaria relacionada con la covid-19 dejan a muchos con márgenes de ingresos disponibles cada vez más estrechos. Las medidas de confinamiento afectan de forma desproporcionada a quienes dependen de la economía laboral informal, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es de aproximadamente seis de cada diez trabajadores en todo el mundo. La proporción del empleo informal en el empleo total es especialmente alta en América Latina, África y el sudeste asiático, y en países como la República Democrática del Congo alcanza hasta el 97% . Y como dice Liliana De Marco Coenen, directora ejecutiva de Protection International, “es importante recordar que la defensa de los derechos humanos rara vez es un trabajo remunerado, especialmente para aquellos que actúan por necesidad urgente”.
Descripción: Proporción del empleo informal en el empleo total por país. El mapa que muestra la OIT se refiere a la situación anterior a la pandemia mundial. Fuente: Organización Internacional del Trabajo
Nuestros colegas de la República Democrática del Congo calificaron la “inseguridad alimentaria” como el problema más acuciante para las personas DDH en el país. El índice de precios de los alimentos más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación indica que el precio medio de los productos alimentarios volvió a subir en enero de 2021 tras un aumento constante durante nueve meses. En abril y mayo de 2020, Action pour la Lutte Contre l'Injustice Sociale y Rainbow Sunrise Mapambazuko mostraron que un número cada vez mayor de personas DDH LGBTI en el país se han quedado sin hogar, lo que ha contribuido a su inestabilidad social, inseguridad alimentaria y mala salud.
Y el costo de contraer la covid-19 es, por supuesto, demasiado alto en todos los sentidos. Esto es especialmente cierto para las personas DDH que trabajan en los países categóricamente menos desarrollados de la ONU, donde uno de cada dos centros de salud no dispone de agua potable, lo que pone en riesgo al personal sanitario y a los pacientes. Atender las necesidades básicas de las personas DDH es un primer paso fundamental para hacer posible su derecho a defender los derechos humanos, que es un derecho que no debe ni puede ponerse en cuarentena.
Todavía queda mucho trabajo por hacer mientras esperamos que el mundo se reestablezca económicamente y se vuelva a abrir de forma segura. Podemos empezar por reflexionar sobre las lecciones aprendidas en relación con las empresas y los derechos humanos y calcular la importancia del seguimiento y la supervisión. Las organizaciones de la sociedad civil pueden seguir trabajando en la mejora de la coordinación entre ellas para responder más rápidamente a las crisis presentes y futuras sin fronteras. También podríamos trabajar mejor juntos para contrarrestar las narrativas febriles y perjudiciales incluso antes de que se hayan hecho virales. Pero sobre todo, nos gustaría hacer eco de las declaraciones de la CIDH y de la Iniciativa de Tolerancia Cero, que instan a los Estados a hacer más para proteger y preservar el trabajo de las personas DDH durante el resto de la pandemia y más allá, con un énfasis especial en las necesidades de las mujeres, los campesinos, los indígenas y otras personas DDH de las minorías, que corren un riesgo desproporcionado. Los Estados deben reducir el costo de la defensa de los derechos humanos disminuyendo los riesgos asociados a la realización de este trabajo. Aunque las vacunas ofrecen una luz al final del túnel para luchar contra la covid-19, es fundamental que las personas DDH no se queden en la oscuridad.