Los presupuestos son documentos políticos: ¿pueden ayudar a controlar la pandemia y luchar por justicia?

Las decisiones presupuestarias también son políticas, y los presupuestos son herramientas cruciales para que la sociedad civil proteja los derechos y luche por justicia.




Mientras la pandemia del nuevo coronavirus continúa extendiéndose y afectando brutalmente a las periferias y a los grupos más vulnerables en nuestras sociedades, el papel del estado está en debate. Muchas voces simbólicas del neoliberalismo están expresando cambios en sus puntos de vista, y hay una nueva apertura para la defensa de los derechos humanos, especialmente económicos, sociales, culturales y ambientales, y su financiación.

COVID-19 expuso lo que la sociedad civil había estado diciendo durante décadas: no hay paz sin justicia y no hay justicia sin abordar las desigualdades estructurales. En los Estados Unidos, las protestas están presionando para que la policía sea desfinanciada para desmantelar un modelo y un sistema policial que oprime a negros, indígenas y no blancos en ese país.

Lo que ilustra esta solicitud de desfinanciamiento de las policías es que las decisiones presupuestarias son siempre políticas, y que los presupuestos expresan pautas de acción y que son herramientas cruciales para que la sociedad civil ejerza, de manera adecuada e informada, el control social sobre gobierno.

A medida que los alcaldes en los Estados Unidos presentan sus propuestas para el presupuesto discrecional del próximo año fiscal, los manifestantes vieron las asignaciones a la policía y decidieron oponerse. En Los Ángeles, por ejemplo, el alcalde Eric Garcetti presentó un plan que preveía un aumento del 7.1% en los fondos para el Departamento de Policía de Los Ángeles, el conocido LAPD, al tiempo que retiraba recursos de importantes áreas de política social, como viviendas que perderían el 9,4% de su presupuesto actual y políticas de creación de empleo, que perderían el 8,9% de los recursos asignados para ese año fiscal.

Esto muestra que la retórica que defiende los derechos, aunque poderosa e importante para ser utilizada por los líderes políticos, no necesariamente satisface las necesidades de la población y son los grupos afectados los que deberían tener la oportunidad de participar en las decisiones que satisfacen sus demandas. Si no hubiera preguntas, el 54% del fondo general sin restricciones de la Ciudad de Los Ángeles iría al LAPD. La presión de los movimientos sociales aseguró una victoria con el anuncio, por parte de las autoridades locales, de que el presupuesto policial se recortaría en $150 millones. Aunque incluso con este nuevo recorte, la policía continúa recibiendo más de la mitad de los recursos del fondo general en un momento en que la atención (en forma de políticas sociales apropiadas) es la prioridad de los necesitados, no la seguridad, al menos no la que es dictada por la policía.

No hay nada que nos impida alcanzar propuestas presupuestarias que respondan plenamente a las opresiones presentes.

En Brasil, la transmisión por el coronavirus sigue acelerada y la falta de respuestas adecuadas por parte del gobierno está teniendo consecuencias devastadoras, lo que lleva al país a un aumento exponencial en el número de muertes diarias, en una curva que no muestra signos de estabilización. Y si la disponibilidad de recursos es esencial para planificar respuestas adecuadas a una crisis de salud pública, el presupuesto brasileño muestra exactamente dónde se colocan las prioridades. Una revelación: el estado brasileño no planea responder a las necesidades de los grupos más vulnerables: residentes de periferias, mujeres, pueblos indígenas, quilombolas, niños y adolescentes y personas con discapacidad.

El país no sólo planeó los recursos financieros para 2020 de manera que la lucha efectiva por el control de la pandemia sea imposible, sino que el análisis del presupuesto para el 2019 muestra que la inmunidad de Brasil ya estaba comprometida debido a los recortes de gastos. Los arreglos realizados para el año fiscal actual (enero a diciembre de 2020) retiraron recursos que garantizaban los derechos humanos donde más se necesitaban: fortalecer el Sistema Unificado de Salud Pública (SUS, acrónimo en portugués), mejorar el saneamiento básico y políticas urbanas satisfactorias para servir a más del 40% de la población que vive en asentamientos precarios y garantizar ingresos o servicios de emergencia para los necesitados.

Desde principios de la década de 1990, Inesc ha estado trabajando con presupuestos como una forma de analizar las políticas públicas y la promoción de los derechos humanos. Basado en su metodología propia desarrollada y refinada desde 2004, el Balance del Presupuesto General de la Unión 2019 deja en claro que Brasil no estaba preparado para enfrentar COVID-19, sino también cómo había debilitado sus estructuras a favor de los intereses de pequeños grupos económicos alineados con el presidente Jair Bolsonaro.

Por ejemplo, en 2019 el presupuesto para salud (R$138,4 mil millones) fue prácticamente el mismo que en 2018 en términos reales (un incremento de apenas un 0,2%), y que tomó el mismo nivel de recursos que en 2014, aunque la población brasileña haya aumentado 7 millones en ese período. Además, antes de 2019, el Sistema Unificado de Salud Pública (SUS) se financiaba con un monto fijo calculado y transferido a los municipios en función de la población de cada ciudad. A partir de 2020, el sistema se financiará con base de usuarios registrados, lo que reducirá su capacidad de planificación y en la práctica impide el desarrollo de políticas de salud básicas universales, lo que probablemente tendrá fuertes consecuencias para los gobiernos locales y su capacidad para responder a los impactos de la pandemia.

Si la disponibilidad de recursos es esencial para planificar respuestas adecuadas a una crisis de salud pública, el presupuesto brasileño muestra exactamente dónde se colocan las prioridades.

Mientras las Naciones Unidas discute el progreso en la implementación de la Agenda 2030 en el Foro Político de Alto Nivel, el análisis del presupuesto de 2019 muestra cómo Brasil no está preparado para alcanzar los objetivos de la Agenda y lejos de cumplir con sus compromisos internacionales.

La misma tendencia se puede observar en Brasil en todas las áreas de las políticas sociales: el presupuesto 2020 reduce la cantidad de recursos disponibles en comparación con 2019, cuando ya eran insuficientes y, por lo tanto, reduce la capacidad de las ciudades, los estados y el propio gobierno federal para financiar respuestas universales. En nombre del equilibrio de las cuentas públicas, se sacrificaron más derechos con contingencias en el presupuesto que alcanzaron R$31,225 mil millones.

Este escenario es el resultado de una espiral de malas decisiones en la implementación de medidas de austeridad que se han intensificado en los últimos cinco años. En 2016, se aprobó una enmienda constitucional (EC 95/2016) que imponía un tope al gasto social hasta 2036, una señal para los inversores y el mercado financiero de que sus intereses estaban salvaguardados. Este límite de gasto, que ha sido ampliamente criticado a nivel nacional e internacional, sigue en disputa. En medio de la pandemia, una coalición de la sociedad civil que incluye a Inesc, presentó una apelación pública ante la Corte Suprema Federal (STF), mostrando la necesidad inmediata de suspender estas medidas de austeridade para que el Estado brasileño pueda enfrentar COVID-19 y sus impactos adecuadamente.

La pobreza y la desigualdad son cuestiones estructurales, y responder a ellas requieren acciones políticas, incluido el coraje de mover recursos y financiar políticas que puedan corregir injusticias históricas. La pandemia nos ha demostrado que es posible modificar las cadenas de producción e interrumpir las rutinas que no parecían posibles. Las protestas en los Estados Unidos y otras partes del mundo nos muestran que las fuerzas policiales pueden disolverse si están dañando a las comunidades a las que se supone que deben servir.

No hay nada que nos impida alcanzar propuestas presupuestarias que respondan plenamente a las opresiones presentes y que rehagan nuestro tejido social para que podamos superar esta y otras crisis, pero garantizando que nadie se quede atrás.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: July 13, 2020

Ana Cernov es una internacionalista brasileira, feminista, activista de derechos humanos radicada en Los Angeles, dónde es parte del Colectivo Por un Brasil Democrático (CPBD-LA), un grupo de brasileños organizados por derechos y democracia en el país. 

Twitter: @anacernov

Iara Pietricovsky es una antropóloga brasileña con Maestría en Ciencias Políticas y codirectora del INESC - Instituto de Estudios Socioeconómicos, y también de la Asociación Brasileña de ONGs (Abong) y la actual Presidenta de FORUS - Foro Internacional de Plataformas de ONGs.

Twitter: @iara54

 

Nathalie Beghin es una economista brasileña con Doctorado en Políticas Publicas y actualmente la Directora de Asesoría Política del INESC - Instituto de Estudios Socioeconómicos.

Twitter: @nathalie_beghin


 

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