Lo que la Revolución Francesa puede decirnos sobre la historia de los derechos sociales

Lograr un consenso sobre los términos de la obligación social en una sociedad basada en la igualdad es tan complejo como extremadamente importante.




En las últimas cuatro décadas, se ha vuelto común referirse a los derechos sociales como “derechos de segunda generación”, como adiciones recientes a los derechos civiles y políticos legados por la Ilustración europea. Esta teoría “generacional” surgió en la década de 1970 como una especie de abreviatura para clasificar los derechos, pero pronto cobró vida propia. Es una lástima porque oculta la historia más profunda e interesante de los derechos sociales.

Al igual que los derechos civiles y políticos, los derechos sociales se remontan al siglo XVIII, y podría decirse que mucho más allá. A lo largo de la época medieval y principios de la moderna, la pobreza se consideraba una condición legal que daba derecho a los pobres a recibir asistencia. Irónicamente, fue durante la época de la Ilustración cuando los derechos sociales perdieron gran parte de su legitimidad. Ni la Carta de Derechos inglesa de 1689, surgida de la Revolución Gloriosa, ni la Carta de Derechos estadounidense de 1791, promulgada tras la Revolución Americana, los reconocían.

La Revolución Francesa fue una excepción bastante significativa. Los derechos sociales aparecieron en la declaración de derechos jacobinos de 1793, promulgada justo cuando la Revolución se deslizaba hacia el “Terror”. Pero estos derechos ya se habían propuesto en 1789, mucho antes de que surgieran los jacobinos y los sans-culottes. Además, fueron propuestos por personas que hoy serían consideradas conservadoras o liberales del mercado.

Son, por ejemplo, los derechos propuestos por Pierre-Samuel Dupont de Nemours: un teórico del libre mercado, asesor ministerial de Luis XVI y antepasado directo de la dinastía Dupont estadounidense, que financiaría los think tanks neoliberales a mediados del siglo XX. Declaró que “todos los hombres tienen derecho a la asistencia de otros hombres” y que la sociedad tenía “una deuda sagrada” de proporcionar puestos de trabajo a los que podían trabajar y la subsistencia a los que no. Sin embargo, también creía que la mejor política de “bienestar” que podía adoptar un gobierno era gastar poco y dejar que el capital y el trabajo dirigieran la economía (“laisser faire le peuple”).

Para entender esta aparente contradicción, debemos dejar de lado las nociones anacrónicas del Estado del bienestar. Los derechos sociales de Dupont expresan su convicción de que una sociedad regenerada puede autorregularse moral y económicamente. Una vez que la propiedad estuviera asegurada (él pedía derechos de propiedad) y los mercados fueran libres (el corolario de la propiedad), la abundancia aparecería a levantar todos los barcos. Los derechos sociales exigían el deber de trabajar y hacer caridad, pero eran responsabilidades de los individuos, no del Estado fiscal-redistributivo.

A pesar de contar con un fuerte apoyo, los derechos sociales no se incluyeron en el proyecto final de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin embargo, la visión liberal-económica de Dupont fue compartida de manera amplia y determinó las primeras políticas revolucionarias, con unos resultados desastrosos. Cuanto más se liberalizaba la economía, más inestable se volvía la situación. Tras el derrocamiento de la monarquía y la proclamación de la república en 1792, los revolucionarios tuvieron que redactar una nueva constitución. Las peticiones para incluir los derechos sociales llegaron de todas partes: desde los sans-culottes radicales, que también clamaban por el control de los precios, hasta los moderados acomodados de la Convención Nacional, que seguían creyendo que la libertad económica remediaría las privaciones. Incluso algunos sacerdotes católicos antirrevolucionarios defendían entonces los derechos sociales.

Este consenso sobre los derechos sociales ocultó las profundas divisiones sobre cómo financiarlos. La Constitución de 1793, que incluía los derechos al trabajo, a la subsistencia y a la educación, convertía a la “sociedad” en portadora de derechos. Sin embargo, nadie sabe qué significa “sociedad”. ¿Se refería a los individuos filántropos o al Estado fiscalmente redistributivo?

A falta de claridad, los funcionarios tomaron cartas en el asunto. Solicitan, cobran impuestos y extorsionan según sus predilecciones y las circunstancias. Mientras las cárceles se llenaban de “enemigos del pueblo” y las guillotinas rodaban por las ciudades de Francia, la constitución jacobina se asoció con el terror. Lo que en el fondo era un problema de reconfiguración de las obligaciones para una sociedad igualitaria se transformó de forma simplista en el problema de derechos sociales. Cuando se redactó otra constitución durante la reacción conservadora de 1795, los derechos sociales fueron omitidos de forma decidida.

A lo largo de los siglos XIX y XX, los republicanos se mostraron cada vez más dispuestos a adoptar medidas de provisión social, pero sólo como una cuestión de gobierno, no como una cuestión de derecho. Alexis de Tocqueville hizo hincapié en esta distinción en un discurso ante la Asamblea Nacional en la Revolución de 1848. Contra los socialistas, se inspiró en la Revolución de 1789, cuyos objetivos sociales, insistió, se habían limitado a “introducir la caridad en la política”. Con la caridad, los receptores no tienen derechos sobre los dadores. “No hay nada [en la revolución de 1789] que dé a los trabajadores un derecho respecto al Estado [...] nada que autorice al Estado a intervenir en la industria, a imponerle restricciones”. Los socialistas, por su parte, sólo tenían un compromiso mínimo, si es que lo tenían, con los derechos sociales. Muchos consideraban que los derechos humanos no eran más que una patraña “burguesa”. Al igual que los liberales del libre mercado de la Ilustración, tenían una visión de una sociedad moral y económicamente autorregulada. Pero, a diferencia de aquellos liberales, no utilizaban el lenguaje de los derechos para expresarla.

Pero tal vez la verdadera lección sea lo importante, aunque difícil, que es lograr un consenso sobre los términos de la obligación social en una sociedad basada en la igualdad y no en la jerarquía.

Por diversos factores, los derechos sociales resurgieron en el siglo XX, apareciendo en las constituciones de Europa y América: México (1917), la Alemania de Weimar (1919), Irlanda (1922, 1937), la URSS (1936) y otros países. En su famoso discurso de 1944, Franklin Delano Roosevelt abogó por una “Segunda Carta de Derechos”, que incluía el derecho a no sufrir carencias. Eleanor Roosevelt presidió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que incluyó los derechos sociales en su proyecto de Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. A pesar del creciente reconocimiento de los derechos sociales, estos siguieron estando en disputa, especialmente tras el inicio de la Guerra Fría. Creo que la Revolución Francesa puede arrojar luz sobre los motivos.

La incapacidad de los revolucionarios para ponerse de acuerdo sobre los términos de la obligación en 1793 (¿quién paga y en qué condiciones?) socavó los derechos sociales al facilitar la opinión de que conducían a la violencia y la opresión (el Terror). Muchos de los argumentos esgrimidos contra los derechos sociales en el siglo XX se remontan a las secuelas del Terror, cuando los liberales rechazaban los derechos sociales por los riesgos autoritarios que se pensaba que entrañaban. En Sobre la revolución (1963), Hannah Arendt concluyó que los intentos de resolver la cuestión social por medios políticos (“los derechos de los sans-culottes”) están inevitablemente condenados al terror. Su opinión fue secundada por Aryeh Neier, primer director de Human Rights Watch, quien declaró en sus memorias de 2001: “El poder autoritario es probablemente un requisito previo para dar sentido a los derechos económicos y sociales”.

Para los críticos de los derechos sociales, la Revolución Francesa se perfila como un cuento con moraleja. Pero tal vez la verdadera lección sea lo importante, aunque difícil, que es lograr un consenso sobre los términos de la obligación social en una sociedad basada en la igualdad y no en la jerarquía. Los derechos sociales atravesaron la época medieval y los primeros años de la modernidad; tropezaron con la moderna. En lugar de descartarlos por ingenuos o peligrosos, sería mejor que reflexionáramos más profundamente sobre nuestro contrato social, sobre lo que las personas libres se deben entre sí como miembros iguales de la sociedad. En la práctica, esto significa hacer lo que el historiador Rutger Bregman hizo en el Foro Económico Mundial de Davos en 2019, cuando, ante una multitud de multimillonarios, distinguió entre la caridad (“estúpidos planes de filantropía”) y los impuestos. Al final, los derechos sociales no dependen del altruismo, sino de la obligación de pagar la parte que le corresponde a cada uno.

 

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: July 9, 2021

Charles Walton es el director del Early Modern and Eighteenth Century Centre de la Universidad de Warwick. Sus investigaciones se centran en el Antiguo Régimen, la Ilustración y la Francia revolucionaria, y se enfocan en la democratización, los derechos y deberes, la economía política y la justicia socioeconómica.


 

Stay connected! Join our weekly newsletter to stay up-to-date on our newest content.  SUBSCRIBE