Los miembros del Colegio de Abogados de Estambul asisten a una manifestación contra un proyecto de ley que rige la organización de los colegios de abogados, frente al Palacio de Justicia de Caglayan en Estambul, Turquía, el 23 de junio de 2020. El gobierno turco ha propuesto cambios en el sistema electoral de las asociaciones que, según dice, harán es más democrático y aumenta la representación de las ciudades más pequeñas. (Protestas, Turquía, Estanbul) EFE / EPA / SEDAT SUNA
No hace mucho tiempo, los académicos y expertos internacionales en derechos humanos consideraban que la de Turquía era una historia prometedora de transformación democrática. Pero tanto los derechos humanos como quienes los defienden en ese país están hoy cada vez más en peligro. Especialmente desde el intento de golpe de Estado de 2016, Turquía ha intensificado las restricciones con un poder judicial controlado y ha atacado de manera sistemática a quienes defienden la democracia. Miles de periodistas, académicos, abogados y críticos del gobierno han perdido sus puestos de trabajo, han sido objeto de campañas de desprestigio o han sido acusados ante los tribunales de delitos relacionados con el terrorismo o de insultar al presidente Erdoğan.
Los sectores más ruidosos de la sociedad civil están siendo reprimidos con regularidad en el país. Esto aumenta la confianza en los abogados que pueden defender los derechos de quienes defienden la democracia. Sin embargo, en la Turquía actual, los propios abogados están en la mira simplemente por ejercer su profesión de acuerdo con la ley.
Aunque el Estado de emergencia tras el intento de golpe de Estado duró dos años y terminó en 2018, el país se encuentra ahora en el llamado “Estado de emergencia normalizado”. Esto significa que ciertos decretos de emergencia que no deberían tener efecto más allá del periodo de emergencia se siguen utilizando, o que, una vez finalizado el periodo de emergencia, se han aprobado nuevas leyes que incluyen las mismas disposiciones que las de los decretos de emergencia, lo cual legitima así la existencia de las restricciones impuestas por las leyes. En otras palabras, las leyes derivadas de la emergencia, que no están sujetas al mismo equilibrio de poderes que tiene una democracia, se siguen utilizando para restringir los derechos y las libertades fundamentales en Turquía.
Desde 2016, los ataques a los abogados se han institucionalizado y son sistemáticos. Los abogados son investigados, detenidos y ya no se sienten seguros o libres cuando defienden a sus clientes en las salas de los juzgados o en las comisarías. Esto significa que los abogados ya no pueden ejercer su profesión como se supone que deben hacerlo en una democracia sana.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a los abogados en Turquía?
De este sentimiento se hicieron eco una serie de abogados de Turquía que participaron en un acto organizado conjuntamente por el Centro de la Verdad, la Justicia y la Memoria (Turquía), la Asociación para la Vigilancia de la Igualdad de Derechos (Turquía) y el Comité de Helsinki de los Países Bajos (Países Bajos), en colaboración con Lawyers for Lawyers (Países Bajos). El evento, que coincidió con el lanzamiento de un informe titulado Una defensa indefensa en mayo de 2021, abordó la creciente presión que experimentan los abogados y los colegios de abogados turcos en sus actividades diarias en materia de derechos humanos y los movimientos de solidaridad que surgieron en Turquía como consecuencia de ello.
Uno de los participantes, Özlem Zingil, explicó que los abogados están sometidos a presiones debido a “su identidad como defensores de derechos” y que con demasiada frecuencia son objeto de ataques debido a quién representan. Por ejemplo, si el cliente de un abogado es juzgado por presunta pertenencia a una organización terrorista, el abogado también será acusado de ser miembro, y las pruebas utilizadas contra el abogado incluirán la relación profesional con el cliente.
Sezin Uçar, miembro de la Oficina Jurídica de los Oprimidos Ezilenlerin Hukuk Bürosu, explicó que, en su actual juicio, las pruebas utilizadas en su contra incluyen la asistencia a conferencias de prensa sobre sus clientes. Como resultado, ahora ella está acusada de “hacer propaganda de una organización terrorista” y de “pertenener a una organización terrorista”. Explicó que cuando se restringen los derechos de los abogados, también se restringe automáticamente el derecho de sus clientes a un juicio justo. El abogado Benan Molu se hizo eco de ello y añadió: “[se trata de] intentos políticamente motivados de silenciar y castigar tanto a los abogados como a los clientes que representan”.
El gobierno no sólo ataca a los abogados que practican el derecho. También presiona a las futuras generaciones de abogados: los estudiantes de derecho. Los estudiantes que se unan a una conferencia de prensa que condene las violaciones de los derechos humanos se arriesgan a no obtener su licencia para ejercer su profesión. Según Uçar, el siguiente mensaje es alto y claro: “Durante tu época de estudiante, no participes en ninguna conferencia de prensa [y] no ejerzas ninguno de tus derechos democráticos. Compórtate como el actual régimen autoritario quiere que actúen los abogados. Permanece en silencio, no te unas a ninguna protesta, [y] no expreses libremente su opinión”.
Pero el abogado Kemal Aytaç aclara que los abogados no están desesperados y siguen resistiendo y luchando por los derechos y libertades fundamentales en Turquía. Un ejemplo de esa resistencia es la creación del Observatorio de la Justicia (Adalet Nöbeti). Aytaç participó en su organización después de que una operación policial tuviera como objetivo el periódico crítico Cumhuriyet en 2017, lo que también llevó a la detención de tres abogados. Lo que empezó como una marcha de solidaridad con los abogados se convirtió en una que “defiende a todos aquellos cuyas libertades han sido puestas en peligro”. Aytaç enfrentó un juicio por “organizar y dirigir asambleas ilegales”, por formar parte del movimiento de solidaridad pacífica que pretende exigir justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados.
Si las víctimas de violaciones de derechos no creen que nadie las defenderá objetivamente, la gente no buscará justicia, ni individual ni colectivamente en los juzgados.
Aunque finalmente fue absuelto, lleva siendo juzgado desde junio de 2021 por insultar al presidente Erdoğan. Entre las pruebas utilizadas en su contra están sus críticas a las enmiendas que se introdujeron en la llamada Ley de Abogacía, un cambio que corre el riesgo de profundizar la división entre los abogados al crear múltiples colegios de abogados en las grandes ciudades. Benan Molu explicó que, con este cambio, los abogados tendrán que elegir a qué colegio de abogados quieren pertenecer. Esto polarizará la profesión y expondrá a los colegios de abogados que se oponen a las prácticas antidemocráticas. No solo aumentarán los riesgos para los abogados, sino también para las víctimas, que ahora tendrán más dudas a la hora de ser representadas por un miembro de un colegio de abogados señalado.
A la luz de los acontecimientos ocurridos desde 2016, Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, declaró que Turquía es uno de los países de los que su oficina recibe la información más sistemática. Observa que la persecución de los abogados en Turquía es “un proyecto autoritario en marcha”. Nacho Sánchez Amor, ponente para Turquía del Parlamento Europeo, destacó que todo el problema en Turquía se reduce al sistema judicial corrupto, sometido a constantes interferencias del gobierno. Explicó que necesita casos concretos para que la UE ejerza presión por vía diplomática en Turquía, algo que puede hacer porque este país es candidato a la Unión. Justo antes del acto de presentación, la UE adoptó su informe anual sobre la (falta de) progreso en Turquía, que Sánchez Amor caracterizó como “probablemente el más crítico de la historia... de las relaciones UE-TR”.
Sin embargo, la creciente opresión de los abogados no es exclusiva de Turquía. Los gobiernos autoritarios silencian a los abogados críticos a la vez que paralizan el poder judicial porque son sobre todo los abogados disidentes quienes se oponen al deterioro del Estado de Derecho. Los abogados independientes promueven la causa de la justicia, defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, y hacen que el poder judicial rinda cuentas cuando es necesario.
En países como Turquía, donde los disidentes del gobierno, independientemente de sus antecedentes y causas, son amenazados, atacados y perseguidos por el mismo Estado que se supone que debe proteger y promover los derechos de todos, es esencial que los abogados defiendan ante los tribunales a aquellos cuyos derechos han sido violados. Son los abogados quienes garantizan el derecho a la defensa, uno de los principios fundamentales del derecho a un juicio justo. Pero si las víctimas de violaciones de derechos no creen que nadie las defenderá objetivamente, la gente no buscará justicia, ni individual ni colectivamente en los juzgados.
Mientras la sociedad civil local trabaja en conjunto para promover y proteger los derechos de los abogados en Turquía, ¿cómo puede la comunidad internacional apoyar a los abogados en Turquía? Es crucial que la sociedad civil y otros países sigan prestando apoyo moral y práctico, y que recuerden constantemente al gobierno turco que sus acciones están siendo vigiladas. Según Sophie de Graaf, directora ejecutiva de Lawyers for Lawyers, a pesar del deterioro de la profesión de abogado en Turquía, es crucial seguir vigilando los juicios contra los abogados, participar en los mecanismos internacionales de derechos humanos y mostrar solidaridad con los abogados individuales y los colegios de abogados que están siendo atacados y así reconocer. públicamente sus esfuerzos.