Foto: Scott Umastattd/Unsplash
Durante la última década, se han ido acumulando pruebas que respaldan una correlación entre la tenencia indígena segura y los resultados positivos en materia de conservación; resultados que a veces superan a los obtenidos en las áreas protegidas bajo administración estatal. La eficacia de las tierras de propiedad indígena para resistir la deforestación en Brasil es bien conocida. En Namibia, la administración comunitaria de la vida silvestre ha generado un crecimiento significativo en las poblaciones de especies silvestres, sobre todo en áreas que anteriormente habían sido objeto de una intensa caza furtiva. En Australia y los Estados Unidos de América, los pueblos indígenas administran o coadministran las áreas protegidas, mediante alianzas dinámicas y sostenibles que buscan corregir las políticas de exclusión anteriores. En Filipinas, la Ley nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas incluye una disposición según la cual las áreas protegidas dentro de dominios ancestrales o que se superponen con ellos seguirán estando protegidas, pero las comunidades indígenas son las principales responsables de mantener y proteger dichas áreas.
Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, la creación de áreas protegidas se percibió como colonialista, ya que las repercusiones para los pueblos indígenas afectados consistieron en la subyugación y la pérdida de tierras, autonomía y autogobierno, y recursos de subsistencia, así como la ruptura de vínculos culturales y espirituales. Las áreas protegidas controladas por el Estado impusieron nuevas leyes y formas de control por parte de las instituciones gubernamentales. En este sentido, los pueblos indígenas percibieron las áreas protegidas como un vehículo para la asimilación coercitiva. Muchas de las violaciones graves de derechos humanos contra los pueblos indígenas que se llevaron a cabo en nombre de la conservación se produjeron antes de la década de los 1980, como el desplazamiento forzado a raíz de la creación de parques de caza en África.
Desde una perspectiva de conservación, la pérdida de la tutela de los pueblos indígenas y la colocación de sus tierras bajo el control de las autoridades gubernamentales dejó a esas áreas expuestas a los asentamientos destructivos, las industrias extractivas, la tala ilegal, la expansión de los agronegocios y el desarrollo de infraestructura a gran escala. Incluso cuando las políticas y leyes nacionales exigen una protección estricta para las áreas protegidas, en muchos países las agencias estatales han seguido autorizando la minería, la extracción de petróleo y gas, la tala, las represas y embalses, las carreteras y otros proyectos que están en conflicto directo con los objetivos de conservación.
Tras su desplazamiento forzado de las áreas protegidas, los pueblos indígenas han enfrentado diversas consecuencias, como la marginación, la pobreza, la pérdida de medios de subsistencia, la inseguridad alimentaria, las ejecuciones extrajudiciales, la disrupción de los vínculos con sitios espirituales y la denegación del acceso a la justicia y las reparaciones. Muchas de estas violaciones persisten en países en los que las áreas protegidas se declararon como tales antes de la introducción de la conservación basada en los derechos humanos y en los que las reformas jurídicas a favor de los derechos de los pueblos indígenas aún son deficientes.
Desde la creación del mandato, los tres Relatores Especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas han prestado particular atención a las violaciones de derechos humanos que las medidas de conservación han causado a los pueblos indígenas en todo el mundo. Los esfuerzos de los movimientos de pueblos indígenas han dado lugar a avances en el derecho internacional en cuanto al reconocimiento del derecho colectivo a sus tierras tradicionales. Además, los conservacionistas cada vez tienen más conciencia sobre la importante función que desempeñan los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad. Si bien la comunidad conservacionista está adoptando medidas de conservación que respetan los derechos humanos de los pueblos indígenas, aún existen brechas de implementación considerables y están surgiendo nuevas amenazas para la conservación basada en los derechos humanos.
Hay una importante superposición espacial entre las tierras tradicionales de los pueblos indígenas y las áreas que conservan los niveles más altos de biodiversidad. Los territorios indígenas tradicionales abarcan alrededor del 22 % de la superficie terrestre del mundo y coinciden con áreas que albergan el 80 % de la biodiversidad del planeta. Se estima que el 50 % de las áreas protegidas en todo el mundo se establecieron en tierras tradicionalmente ocupadas y utilizadas por los pueblos indígenas y que esta proporción es más alta en las Américas; en Centroamérica, incluso puede superar el 90 %. Bolivia, Brasil, Chile y Colombia, así como Canadá y los Estados Unidos de América, tienen un alto porcentaje de áreas protegidas en territorios indígenas tradicionales. También hay una superposición considerable en Australia y Nueva Zelanda. La mayoría de las áreas protegidas en India, Nepal y Filipinas abarcan territorios de los pueblos indígenas.
Además, uno de los principales desafíos que los pueblos indígenas continúan enfrentando a nivel mundial es la dificultad para obtener el reconocimiento legal de la propiedad colectiva sobre sus tierras ancestrales, especialmente cuando ya fueron declaradas territorios protegidos. La legislación nacional suele ser contradictoria. Por lo general, las leyes relacionadas con la conservación y la silvicultura no están armonizadas con la legislación nacional posterior, y es frecuente que el derecho internacional que reivindica los derechos de los pueblos indígenas y las autoridades responsables de la aplicación de las diferentes leyes no se coordinen.
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hace referencia específica a la conservación en el artículo 29, el cual establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos y que los Estados deben establecer e implementar programas de asistencia a los pueblos indígenas para dicha conservación y protección, sin discriminación alguna.
Las áreas protegidas en países que no han emprendido reformas jurídicas presentan la mayor y más persistente incidencia de violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas. Además, los esfuerzos de conservación en los países donde los pueblos indígenas siguen marginados han tenido los resultados menos sostenibles y exitosos, lo que ha llevado a un escrutinio de las políticas internacionales de conservación. A pesar de que la conservación está adoptando gradualmente un enfoque basado en los derechos humanos, aún quedan desafíos importantes para garantizar su implementación efectiva.
A nivel mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) configura la política sobre áreas protegidas. En el Congreso celebrado en Durban en 2003, los principales conservacionistas del mundo anunciaron un “nuevo paradigma” para las áreas protegidas, el cual respetaría los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Sin embargo, se ha retrasado la implementación efectiva del nuevo paradigma y las nuevas políticas han tardado en pasar del papel a la práctica.
De acuerdo con las organizaciones conservacionistas, uno de los principales desafíos que enfrentan al promover la implementación a nivel nacional es la existencia de contextos jurídicos y políticos no propicios en los que no se reconoce a los pueblos indígenas. Dado que los derechos indígenas a las tierras, los territorios y los recursos naturales consuetudinarios aún no se han reconocido de manera efectiva en muchos países, las organizaciones conservacionistas pueden desempeñar un papel fundamental al apoyar a los pueblos indígenas en sus esfuerzos y fomentar el diálogo con las autoridades para estos fines.
Si bien el elevado índice de biodiversidad en las tierras ancestrales indígenas es un hecho constatado, aún no se ha reconocido plenamente la contribución de los pueblos indígenas a la conservación. Aunque durante las últimas décadas ha ido cobrando impulso un nuevo paradigma de conservación basado en los derechos humanos, este todavía sigue en sus etapas iniciales de implementación. Las medidas de conservación basadas en los derechos humanos siguen viéndose obstaculizadas por el legado de violaciones cometidas en el pasado y por la falta de reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los Estados.