Photo: SolidarityCentre/Flickr
El Día del Trabajo, también conocido como Día Internacional de los Trabajadores, está enraizado en el activismo de los movimientos por los derechos laborales y es un producto de la organización de los defensores de derechos laborales. Este activismo hace que las sociedades sean más justas al enfrentar el desequilibrio de poder entre las empresas y los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo. También está en el centro de una lucha más amplia por los derechos humanos y la justicia social. Algunos ejemplos recientes de movimientos de derechos humanos que han sido liderados y apoyados por agrupaciones de derechos laborales son: las coaliciones para reconstruir la democracia en Honduras después de un golpe de Estado; la movilización de trabajadores en Túnez, Egipto y Bahréin durante los levantamientos árabes; y el movimiento a favor de la democracia en Zimbabue, liderado por la federación de trabajadores del país.
No obstante, hoy estamos presenciando, por todo el mundo, cómo aumentan la erosión del espacio para que los trabajadores se organicen y la violencia contra los defensores de derechos laborales. Esta situación perjudica a todos los movimientos de derechos humanos y se requiere la colaboración entre los distintos movimientos y sectores para combatirla.
Es frecuente que se hagan distinciones entre los defensores de derechos laborales y los defensores de derechos humanos, pero como expresó Maina Kiai, antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, estas distinciones son artificiales. Los derechos laborales son derechos humanos, y cualquier persona u organización que los defienda es un defensor de derechos humanos según lo establecido en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Como lo expresó Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI): “Los trabajadores y sus sindicatos son los defensores de los derechos y las libertades”. Debemos estar atentos a cualquier distinción que intente separar nuestras luchas.
Los defensores de derechos laborales sufren violencia y restricciones sobre sus derechos con regularidad y de diversas maneras, como la represión de los sindicatos cuando los gobiernos y los empleadores les impiden que funcionen con libertad e independencia, las leyes que limitan la negociación colectiva, y los despidos. El año pasado, la Confederación Sindical Internacional informó que ha aumentado la violencia, sobre todo para evitar la sindicalización, y que la seguridad de los líderes sindicales sigue siendo precaria. En Colombia, 19 sindicalistas fueron asesinados en 2017; en Camboya, se criminaliza a los líderes sindicales; y en Zimbabue, las autoridades gubernamentales los hostigan con regularidad. En lo que respecta a las leyes que limitan los derechos laborales, el 81 % de los países niegan a algunos o todos los trabajadores el derecho a la negociación colectiva y el 65 % de los países excluyen a algunos grupos de trabajadores de la legislación laboral, como los trabajadores domésticos, agrícolas y contratistas, lo que representa un aumento del 5 % en comparación con 2017. Con frecuencia, se responde a las protestas pacíficas de los trabajadores con políticas represivas y acciones militares. Además, el despido es la represalia más común que enfrentan los trabajadores cuando denuncian las violaciones; los empleadores lo usan como táctica para suprimir la acción cívica. Como ejemplo, más de 12,000 trabajadores de fábricas de ropa en Bangladesh fueron despedidos por las protestas sobre salarios que realizaron en diciembre de 2018 y enero de 2019.
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos documenta los ataques contra los defensores que trabajan en temas de responsabilidad empresarial, y nuestra base de datos muestra que los sectores más peligrosos para los defensores de derechos laborales son los de la agricultura, la ropa, y los alimentos y bebidas. Las formas más comunes de violencia contra líderes sindicales y trabajadores individuales son las detenciones arbitrarias y las demandas, seguidas de la intimidación y las amenazas, y los asesinatos.
Una tendencia particularmente preocupante es el uso de demandas por difamación para silenciar a los defensores de derechos laborales. Por ejemplo, desde 2016, Thammakaset Company Limited, una empresa avícola de propiedad tailandesa, entabló más de 13 demandas civiles y penales contra exempleados que denunciaron violaciones de derechos laborales, así como contra los activistas y periodistas que los apoyaron. Los gobiernos y las empresas, incluidas las marcas internacionales, deben garantizar que no se produzca esta clase de ataques judiciales. Como afirmó Sutharee Wannasiri, defensora de derechos laborales tailandesa y una de las personas demandadas por Thammakaset: “También es responsabilidad de las marcas internacionales que compran a Tailandia asegurarse de que las empresas de las que se abastecen no estén involucradas en el acoso judicial que tiene un efecto paralizador sobre los denunciantes y otros defensores. Deben establecer mecanismos que permitan que los trabajadores y defensores se comuniquen directamente con las marcas y garantizar que estén protegidos contra cualquier represalia de parte de los proveedores durante la investigación. Los resultados deben volverse públicos y hacer que se rindan cuentas por los abusos”.
Cuando se cierra el espacio para los defensores de derechos laborales, la situación es todavía peor para quienes se encuentran en los márgenes. Los ataques y otras restricciones a las libertades civiles tienen graves repercusiones para los más desfavorecidos, quienes ya carecen de igualdad de acceso a las oportunidades de organización y tienen más posibilidades de sufrir violencia por parte de los empleadores y los gobiernos.
Esto incluye a las trabajadoras que enfrentan violencia y amenazas marcadas por el género cuando alzan la voz sobre sus derechos y a los trabajadores domésticos inmigrantes que batallan para organizarse porque las leyes nacionales de países como Malasia les prohíben formar sus propios sindicatos. También hay contextos que ya están muy cerrados, como las zonas de procesamiento de exportaciones donde se restringen deliberadamente el escrutinio público y los derechos de organización para priorizar los intereses de inversión.
Dadas las cadenas de suministro largas y fragmentadas, es de particular importancia asegurarnos de escuchar las voces de los trabajadores, especialmente las de los más marginados en los niveles inferiores de las jerarquías económicas, y garantizar un trabajo digno y decente. Esto incluye a las personas que trabajan en la economía informal. En la actualidad, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil centran su atención en la redefinición de las condiciones legales de empleo y en la reconsideración de las estrategias sindicales a la luz de los cambios en las relaciones laborales, sobre todo en la economía de ocupaciones transitorias, en la que los trabajadores no convencionales no cuentan con la protección legal adecuada, ya sea porque no entran en la definición de “empleado regular” según las leyes nacionales o debido a las lagunas de legislación en lo que respecta a la regulación de las nuevas formas de empleo. La falta de protecciones legales aplicables y de condiciones de empleo acordadas de forma colectiva obstaculiza la capacidad de ejercer los derechos relacionados con el trabajo, incluidos los derechos de organización y negociación colectiva.
Además, la concentración de la riqueza y la consolidación del poder y la capacidad de tomar decisiones en manos de una élite han tenido efectos destructivos en todo el mundo. En la última década, Oxfam informa que, cada año, la riqueza de los multimillonarios aumentó un 13 %, mientras que los ingresos de los trabajadores solo aumentaron un 2 %. Para contrarrestar el poder empresarial descontrolado y las desigualdades crecientes, es esencial salvaguardar y ampliar la capacidad de los defensores de derechos laborales para hacer su trabajo. Alzar la voz en favor de los derechos laborales, formar sindicatos y negociar de forma colectiva, protestar e incluso hacer huelgas son estrategias vitales para contrarrestar las relaciones desiguales de poder que causan abusos sistémicos, como el trabajo forzado, la falta de salarios mínimos vitales y la prevalencia de la violencia por razón de género.
El trabajo de los defensores de derechos laborales también es crítico para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las restricciones a las libertades cívicas tienen un efecto perjudicial en el desarrollo sostenible y aumentan los costos para las empresas y los gobiernos. De acuerdo con la investigación realizada por The B Team, “los límites a las libertades cívicas están asociados con resultados económicos negativos y los países con niveles más altos de respeto por los derechos cívicos tienen mayores índices de crecimiento económico, así como niveles más altos de desarrollo humano”.
Debemos ver a los defensores de derechos laborales como aliados fundamentales para la creación de sociedades equitativas y sostenibles. Varias empresas también comienzan a reconocer que les conviene proteger a los defensores de derechos humanos y la capacidad de estos para realizar su trabajo, y que un ataque contra los defensores es un ataque contra las empresas responsables. Esto resulta alentador, ya que nunca antes había sido tan necesario propiciar la formación de vínculos y desarrollar solidaridades entre los movimientos y los sectores para contrarrestar las amenazas contra el espacio compartido del que dependemos todos.