Embajadores y diplomáticos abandonan la sala mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov (en la pantalla), habla durante un mensaje de vídeo pregrabado en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el 1 de marzo de 2022. Los diplomáticos se levantaron y abandonaron la sala cuando empezó a sonar el videomensaje pregrabado de Sergei Lavrov, en protesta por la invasión rusa de Ucrania. EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI
En 1977, el profesor australiano de relaciones internacionales Hedley Bull teorizó que el orden en la sociedad internacional se rige por tres principios fundamentales: a) la limitación del uso de la fuerza, b) la idea de que las promesas deben cumplirse, y c) el principio de soberanía nacional.
El primer principio se encontraría en el artículo 2(4) de la Carta de la ONU, el segundo principio es el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el tercero se encuentra en el artículo 2(1) de la Carta de la ONU.
En palabras de Bull, estos objetivos basados en el orden no se derivan “simplemente de los intereses del grupo gobernante, sino de los intereses percibidos de todos los Estados para asegurar las condiciones elementales de la coexistencia social”.
En 1987, el discípulo de Bull, R.J. Vincent, sostuvo que la sociedad internacional no sólo se construye sobre la base del orden, sino también de la justicia.
Esta y otras contribuciones sostenían que la actuación legítima del Estado requiere no sólo atenerse a un conjunto mínimo de normas de procedimiento, sino también cumplir con los valores compartidos y las normas de comportamiento adecuadas, donde los derechos humanos desempeñarían un papel fundamental.
En 2019, planteé la hipótesis de que las condiciones en las que surgió y se desarrolló el sistema internacional de derechos humanos habían tenido un cambio fundamental. El mundo había dejado atrás la unipolaridad posterior a 1989 y estábamos viviendo una coyuntura histórica de placas tectónicas en movimiento con el relativo declive económico y político de Estados Unidos y Europa, la arrogancia autoritaria y nacionalista en el Norte y el Sur Global, y una multiplicidad de potencias regionales.
Es un mundo de poder cada vez más disperso y de oportunidades cada vez menores para forjar un consenso global. Los derechos humanos, como idea y como comunidad global, tendrían que encontrar su lugar en este nuevo mundo.
El derecho internacional en peligro
Tres años después, Putin invadió Ucrania. Se trata de una guerra de agresión, una flagrante violación de los principios más básicos del derecho internacional. Es un caso de libro de texto del tipo de comportamiento para el que se redactó el artículo 2 de la Carta de la ONU.
Y, sin embargo, cuando la cuestión se sometió a la atención de la Asamblea General, tres cuartas partes de los Estados miembros condenaron el ataque de Rusia, pero los gobiernos que representan más de la mitad de la población mundial se abstuvieron. Entre ellos se encontraban China, India, Pakistán y, de hecho, gran parte de Asia, pero también Sudáfrica y casi la mitad de África, a pesar de la contundente réplica anticolonialista expresada por el embajador de Kenia en el Consejo de Seguridad.
Se trata de una guerra de agresión, una flagrante violación de los principios más básicos del derecho internacional.
En 2019, yo planteaba la cuestión de que quizás estábamos retrocediendo de una sociedad mundial basada en la justicia, si es que alguna vez lo habíamos sido. En 2022, me pregunto si el orden no debería salir también por la ventana.
No debemos aceptar este escenario, ya que los principios más fundamentales del derecho internacional estarían en peligro. El mundo sería un lugar incierto, pero sin duda mucho más oscuro, si la integridad territorial dejara de tener sentido, si la diplomacia fuera sustituida por la fuerza bruta, si las leyes se infringieran sin consecuencias.
La alternativa a una sociedad internacional basada en reglas es el Asedio de Melos, donde los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben.
¿Cuál es (y puede ser) la respuesta en materia de derechos humanos?
Los estudiosos y profesionales de los derechos humanos han acogido con satisfacción el anuncio del fiscal de la CPI de que abrirá una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó crear una comisión de investigación.
Voces autorizadas han pedido la creación de una corte especial para castigar el crimen de agresión contra Ucrania, como eco de las decisiones sobre Ruanda y la antigua Yugoslavia en la década de 1990, pero con la diferencia obvia de que esta vez no está claro quién crearía dicha corte, ya que Rusia obviamente vetaría cualquier intento de hacerlo en el Consejo de Seguridad.
Hay muy buenas razones históricas y normativas por las que las instituciones y organizaciones de derechos humanos exigen que los individuos rindan cuentas por los crímenes internacionales más graves. Sin embargo, los diplomáticos pueden lamentar el inicio de una investigación de la CPI cuando llegue el momento de la desescalada y la resolución del conflicto.
Sin negar la importancia del derecho penal internacional, creo que el ataque de Putin exige una consideración más matizada de la disuasión y los incentivos para todos los actores implicados, y con ello no me refiero simplemente a Rusia y Ucrania, sino también al resto de Europa y a la comunidad internacional en general. La respuesta a la agresión de Putin requiere una estrategia de derechos humanos más amplia que tenga en cuenta las relaciones de poder existentes e intente dirigir la balanza hacia la paz y la justicia.
La propiedad privada es uno de los ámbitos en los que se apreciaría una mayor visión desde la comunidad de derechos humanos. Los oligarcas rusos acumulan un enorme capital en Londres. Se calcula que, desde 2016, los compinches de Putin han comprado propiedades por valor de 1500 millones de libras en la capital británica. Según se informa, el gobierno del Reino Unido consideró la posibilidad de elaborar planes para confiscar estos activos sin compensación alguna, lo cual hace que las propiedades residenciales estén potencialmente disponibles para los ucranianos que huyen de su patria.
Sin embargo, algunas voces influyentes advirtieron que tales medidas vulnerarían el derecho a la propiedad privada. La comunidad internacional está respondiendo a la agresión de Putin con sanciones individualizadas contra él y sus acólitos. Creo que un enfoque holístico y estratégico de los derechos humanos puede ayudar en este empeño, al redefinir el derecho a la propiedad privada para hacerlo compatible con otros derechos y con el interés general de acuerdo con la función social de la propiedad.
La política energética es otro ámbito en el que la geopolítica y los derechos humanos pueden encontrarse en esta ocasión. Gran parte de Europa sigue dependiendo en gran medida del gas natural ruso. De hecho, mientras que el 28 de febrero el Consejo de la UE acordó financiar el apoyo militar a Ucrania por valor de 500 millones de euros, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los países de la UE pagan diariamente una media de 400 millones de dólares a Rusia.
Esta cifra no hace más que aumentar. A principios de marzo, Europa pagó a Rusia 660 millones de euros por su gas, una cantidad tres veces superior a la de hace dos meses.
La AIE lanzó recientemente un plan de 10 puntos para reducir la dependencia de la UE del gas natural ruso. El plan incluye medidas a corto plazo para proteger a los consumidores vulnerables de electricidad de los altos precios, y medidas para acelerar el despliegue de nuevos proyectos eólicos y solares.
La dependencia de Europa de la energía de Rusia no cambiará drásticamente de la noche a la mañana, pero la crisis actual es también una llamada de atención para una mayor autonomía energética, y las fuentes renovables juegan un papel clave en ella. El cambio climático es una crisis existencial para la humanidad. Puede que se abra una ventana para articular la necesidad de luchar contra el calentamiento global en nombre de la ecología y los derechos humanos, pero también en nombre del interés nacional.
La actual crisis geopolítica es también un alegato para reexaminar el comercio y el desarrollo internacionales. Mientras que el ataque de Rusia ha provocado una respuesta inusualmente unida en Europa, 25 países africanos se abstuvieron o no votaron en la resolución de Unidos por la Paz y Eritrea votó directamente en contra.
Hay más de una razón para explicar esas posiciones, pero parece que, a pesar de la reminiscencia histórica del colonialismo y el imperialismo, muchos gobiernos africanos anteponen los intereses económicos y de seguridad a corto plazo.
A lo largo de los años, Rusia y China se han abierto paso a codazos en el continente aprovechando el relativo declive económico de Europa, su falta de interés y sus conflictivas prioridades políticas. La fragmentación del voto africano en la Asamblea General es sintomática de una tendencia a largo plazo.
Cuando Rusia ahora, y China potencialmente mañana con respecto a Taiwán, ponen en duda las normas básicas del orden internacional, no debe darse por sentada la preocupación de África. Puede estar surgiendo una oportunidad política para reconsiderar el papel de los derechos humanos en el fomento de unas relaciones comerciales más justas, las políticas migratorias y la supervisión de los intereses empresariales occidentales en África.
Los derechos humanos no sustituirán a la realpolitik en los asuntos internacionales. Pero no basta con reivindicar la superioridad moral y pronunciar cálidos tópicos sobre un orden internacional basado en normas. Los defensores de los derechos humanos pueden hacer más para hablar el lenguaje de la economía, la seguridad y la energía. Preservar la paz, proteger a las personas y enfrentarse con éxito a los acosadores puede depender de ello.