Prohibido el paso: el trato criminal que reciben los solicitantes de asilo transgénero en los Estados Unidos

Los solicitantes de asilo transgénero, que ya de por sí corren más riesgo que los solicitantes típicos, ahora enfrentan enormes obstáculos y malos tratos mientras intentan sobrevivir en los confines del sistema de inmigración estadounidense.




Durante los últimos cuatro años, la administración Trump implementó una reducción sin precedentes de la cantidad de solicitantes de asilo admitidos en los Estados Unidos: las admisiones representan tan solo alrededor del 16 % del límite máximo que estableció la administración Obama en 2016. Los solicitantes de asilo transgénero, que ya de por sí corren más riesgo que los solicitantes típicos, ahora enfrentan enormes obstáculos y malos tratos mientras intentan sobrevivir en los confines de un sistema de inmigración opaco y cada vez más restrictivo.

Según sus propios registros, el Departamento de Seguridad Nacional tuvo bajo custodia a alrededor de 300 solicitantes de asilo transgénero en 2019. Las leyes estadounidenses establecen que cualquier persona tiene derecho a presentarse como solicitante de asilo en las fronteras de los EE. UU. o dentro del país, independientemente de cómo y dónde haya ingresado. Por ley, antes de expulsar a una persona, se le debe dar la oportunidad de presentar su caso para que un juez o un oficial de asilo competente le haga un examen de “temor creíble”. Sin embargo, los solicitantes de asilo transgénero permanecen en los centros de detención más del doble del tiempo que los solicitantes típicos: su tiempo de detención promedio es de aproximadamente 99 días. Además, es poco probable que sus casos sean evaluados por personas familiarizadas con sus circunstancias y necesidades únicas, como individuos transgénero y en el contexto de sus países de origen.

Los solicitantes de asilo LGTBQ en general tienen 97 veces más probabilidades de sufrir agresiones sexuales que los detenidos típicos.

Una vez en el país, los solicitantes de asilo trans sufren múltiples formas de maltrato. Cabe destacar que, por lo general, no los colocan en alojamientos que reflejen su identidad de género, a pesar de que así se estableció como directriz del ICE durante la administración Obama. Esta práctica los pone en riesgo de sufrir acoso y agresión sexual. De hecho, según un informe del Center for American Progress, los solicitantes de asilo LGTBQ en general tienen 97 veces más probabilidades de sufrir agresiones sexuales que los detenidos típicos. Esta impresionante estadística refleja el hecho de que estos detenidos pueden sufrir múltiples actos de agresión sexual bajo custodia.

Por otra parte, es raro que los detenidos transgénero reciban el nivel de atención médica y de salud mental que necesitan. Usualmente, esta clase de tratamiento específico para las personas trans incluye servicios psicosociales de afirmación, suministros para las terapias de sustitución hormonal en curso, atención posoperatoria, y medicinas y tratamiento para cualquier afección médica, como el VIH. Durante la pandemia, también es preciso tener en cuenta las repercusiones de la COVID-19 para los solicitantes de asilo transgénero, como miembros de la comunidad LGTBQ+, con vulnerabilidades ya de por sí acrecentadas.

Ni siquiera los centros dedicados a los solicitantes de asilo transgénero responden a sus necesidades específicas. El Centro Correccional del Condado de Cibola, una prisión privada en Milán, Nuevo México, cerró en 2016 a raíz de las denuncias sobre violaciones médicas recurrentes y por lo menos tres muertes relacionadas con cuestiones de salud ocurridas en ese lugar. Sorprendentemente, Cibola reabrió sus puertas tan solo tres meses después como un centro de detención, que ahora incluye una unidad especial que alberga a 60 mujeres transgénero. Al parecer, muchos de los guardias anteriores fueron reincorporados en la instalación. Cibola es operada por CoreCivic, una empresa privada que tiene contratos con el ICE para lucrar con los detenidos. Como suele suceder, la lejanía de las instalaciones dificulta que los abogados trabajen con los solicitantes de asilo. A mediados de 2019, 29 personas transgénero detenidas en Cibola colaboraron en la redacción de una carta abierta donde se quejaron de la atención médica deficiente y el maltrato a manos del personal del centro.

Alejandra Barrera fue una de las mujeres que firmaron la carta. Tras huir de El Salvador, debido a varios casos de agresión sexual por parte de militares salvadoreños y miembros de la pandilla MS-13, Barrera llegó a los EE. UU., donde pasó dos años detenida en Cibola sin recibir explicación alguna de por qué no podían liberarla. Solicitó atención médica adecuada en seis ocasiones, y se le negó. También se le negó la libertad condicional en cinco ocasiones. Afirma que le extrajeron seis dientes en la instalación debido a una atención dental inadecuada.

Si bien muchos estadounidenses sienten compasión por estos solicitantes de asilo, tal vez no están conscientes de que la manera en que se les trata es una violación de las leyes nacionales e internacionales.

También es frecuente que el personal castigue a las personas detenidas. En el New Yorker, Barrera explicó cómo se roció con gas pimienta a toda una sala de reclusas porque dos mujeres estaban peleando. También dijo que se negaron a darle agua. Un informe de Human Rights Watch de 2016 detalla el maltrato rutinario que viven las mujeres transgénero en estas instalaciones, lo que incluye el acoso y las agresiones sexuales de los guardias y reclusos de sexo masculino, quienes las someten al “mismo tipo de agresiones que motivan a muchas mujeres transgénero a huir de sus países de origen en primer lugar”. Ellas sufren estos castigos y vejaciones a pesar de que no cometieron delito alguno al solicitar asilo.

Si bien muchos estadounidenses sienten compasión por estos solicitantes de asilo, tal vez no están conscientes de que la manera en que se les trata es una violación de las leyes nacionales e internacionales. En 1968, los Estados Unidos ratificaron el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, con lo que, en esencia, aceptaron también la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. En virtud del artículo VI de la Constitución de los EE. UU., “todos” los tratados firmados se deben considerar como “la ley suprema de la nación”. Los EE. UU. consolidaron aún más los derechos de los solicitantes de asilo cuando el Congreso aprobó la Ley de Refugiados de 1980. La existencia de esa Ley niega las aseveraciones, ya de por sí dudosas, de que estos tratados no son “de efecto inmediato”. Por ejemplo, la administración Trump sostuvo que estaba en su derecho de suspender las admisiones de asilo durante la pandemia de COVID-19, ya que los EE. UU. no tenían “la obligación jurídica de ajustar su conducta a tratados internacionales que no son de efecto inmediato o que no se han incorporado a la legislación nacional mediante una ley del Congreso”. Además, la Constitución no hace distinción alguna entre los tratados que son de efecto inmediato y los que no lo son. En resumen, estas leyes exigen que los solicitantes de asilo transgénero reciban atención médica y un alojamiento decente mientras sus casos son evaluados por personas competentes.

La administración entrante de Biden tiene la oportunidad de garantizar un proceso justo y humano para los solicitantes de asilo transgénero en los Estados Unidos. La administración puede trabajar con organismos como el ICE y la Patrulla Fronteriza para alojar a los solicitantes de asilo transgénero en instalaciones que se ajusten a su identidad de género, así como brindarles el cuidado y la atención médica adecuados. Las autoridades pueden asegurarse de que los solicitantes de asilo transgénero reciban un examen oportuno por parte de evaluadores competentes, que conozcan bien sus riesgos únicos y las condiciones en sus países de origen. Por último, los organismos estadounidenses pertinentes pueden exigir cuentas a los empleados gubernamentales y de empresas privadas que hayan maltratado a solicitantes de asilo transgénero. Las organizaciones de derechos civiles también pueden contribuir a impulsar los cambios, entablando demandas contra esos organismos para motivarlos a respetar las leyes internacionales y estadounidenses relativas a los solicitantes de asilo.

La historia de Alejandra Barrera tiene un final esperanzador. Después de casi dos años de encierro, fue puesta en libertad y ahora vive en Albuquerque hasta que se pueda procesar su caso de asilo. Sin embargo, si no se le concede el asilo, aún podría ser deportada a El Salvador, un país que se sabe es especialmente peligroso para las mujeres transgénero, y donde ya es conocida como una activista de derechos transgénero.

Si la administración Biden toma medidas, garantizará un mejor futuro para Barrera y para muchos otros solicitantes de asilo trans. Sin embargo, a medida que promovemos estos cambios, también debemos seguir difundiendo las historias de estas personas, con la esperanza de preparar un verdadero lugar de asilo para ellas.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: January 8, 2021

Robert Stribley es un escritor y fotógrafo interesado en la inmigración, los derechos humanos, la privacidad y la seguridad. Actualmente, cursa un certificado en Asuntos Globales en NYU. Su puede seguirlo en Twitter @stribs.


 

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