Justicia transicional: es hora de un replanteamiento

El conjunto de herramientas de justicia transicional se desarrolló para circunstancias distintas de la mayoría de los conflictos violentos actuales. Es necesario reconsiderarlo para generar resultados en los temas de mayor interés para las víctimas.


By: Paul Seils
April 10, 2018

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Stephen Morrison- EFE

Congolese woman carrying wood to cook the family meal walks past French soldiers on patrol in the town of Bunia in June 2003 during the Operation Artemis.


¿Cómo se vería la justicia en los conflictos en Siria, la República Democrática del Congo (RDC), Irak, Yemen y Somalia? ¿Qué esperaríamos que logre? Durante más de dos décadas, el campo de la justicia transicional ha tratado de responder estas preguntas. Por lo general, la justicia transicional se entiende como un paquete de medidas que incluye enjuiciamientos penales, comisiones de la verdad, reparaciones para las víctimas y reformas de las instituciones abusivas. Pero las circunstancias en las que podrían tener éxito estas medidas tienen poco que ver con los países mencionados anteriormente. 

Necesitamos reconsiderar las expectativas sobre la justicia en los conflictos. Los actores que participan en los procesos de paz deben asegurarse de que la justicia proporcione un beneficio tangible a las víctimas, y establezca las bases para una noción de reconciliación significativa. El objetivo no debe ser transformar a la sociedad en las próximas décadas, sino estabilizarla y librarla de conflictos en el corto y mediano plazo.

La justicia transicional, tal como se entiende hoy en día, surgió en las décadas de los 1980 y 1990 con ejemplos de vanguardia en Argentina, Chile y Sudáfrica. Para la llegada del nuevo milenio, habían sucedido dos cosas. La justicia tradicional había prometido una medida de justicia sin poner en riesgo la estabilidad, de ahí la ausencia de enjuiciamientos penales en Chile y Sudáfrica. Pero justo mientras Sudáfrica hacía su oferta de “verdad a cambio de amnistía”, 120 Estados se sumaban a la Corte Penal Internacional (CPI). Al unirse a la CPI, estos Estados estaban rechazando cualquier trato similar en el futuro, ya que su membresía los obligaba a enjuiciar los delitos internacionales (o la CPI lo haría). El establecimiento de la CPI fue la culminación de una larga “lucha contra la impunidad”. Por lo tanto, la justicia transicional se entiende hoy en día como un paquete que incluye el enjuiciamiento, y no como una alternativa al mismo.

En segundo lugar, los tiempos cambiaron: las circunstancias para las que se diseñó la justicia transicional cada vez eran menos frecuentes. La práctica de la justicia transicional surgió para responder a la pregunta de qué deberían hacer los nuevos gobiernos democráticos con respecto a los abusos de regímenes que antes fueran represivos. Pero para el año 2000, la ola de transiciones democráticas posterior a la Guerra Fría prácticamente había terminado.

Las mismas medidas que se diseñaron para enfrentar los delitos de regímenes represivos en países con instituciones relativamente sólidas se transfirieron a circunstancias muy distintas, donde casi no existían esas características. Por ejemplo, el Acuerdo de Sun City de 2003 para terminar el conflicto en la RDC propuso medidas de justicia transicional similares a las del paquete para Sudáfrica, prestando escasa atención a las diferencias entre los dos países.

Más recientemente, el fracasado Acuerdo de Addis Abeba de 2015 para poner fin al conflicto en Sudán del Sur propuso todo el conjunto de herramientas de justicia transicional sin hacer grandes esfuerzos por averiguar de antemano qué se podría lograr en términos razonables.

La justicia transicional fue concebida para ayudar a restablecer el estado de derecho. Esto sugiere que, en el pasado relativamente reciente, el estado de derecho ya había tenido algunas raíces o aceptación en el país en cuestión. Ese no es el caso en muchos de los países en los que hoy se debate el uso de medidas de justicia transicional, si no es que en la mayoría. Y esto marca una gran diferencia.

Insistir en este enfoque, ofreciendo el mismo conjunto de mecanismos independientemente de las realidades locales, tiene sus costos. A menudo promete algo que no se puede cumplir. Al hacer promesas vanas sobre derechos, justicia y reconciliación a las personas que salen de un conflicto, se vuelve mucho más difícil convencerlas del valor de estas cuestiones más adelante. Esto deja el campo abierto para quienes buscan desacreditar estas mismas ideas.

En las sociedades que han sido gravemente devastadas por la guerra, tenemos que plantear el proyecto de justicia como algo tangible, pasando de lo abstracto a lo concreto de manera más rápida y convincente. Esto implica adoptar un enfoque que realmente se centre en las víctimas para priorizar las cuestiones que marcarán una diferencia genuina en el corto y mediano plazo. También implica alejarse de los paquetes de herramientas y analizar minuciosamente cada situación. Por ejemplo, las guerras mencionadas anteriormente implican un desplazamiento y una destrucción masivos, pero con frecuencia no se presta suficiente atención al restablecimiento de los derechos territoriales, de vivienda y de propiedad. Sin embargo, es poco probable que exista una manera más directa y concreta de demostrar que el gobierno trabaja de forma equitativa por los derechos de su población.

En las sociedades que han sido gravemente devastadas por la guerra, tenemos que plantear el proyecto de justicia como algo tangible, pasando de lo abstracto a lo concreto de manera más rápida y convincente. 

El campo de la justicia transicional se centra en la rendición de cuentas. Pero la justicia es más que asignar culpas. Tenemos que ser capaces de reivindicar derechos incluso cuando no se puede determinar la responsabilidad penal, o no todavía. Al hacerlo, podemos sentar las bases para creer en los derechos como vías hacia la justicia y el respeto. Las personas necesitan ver que los derechos marcan una diferencia real. No basta con ofrecer justicia simbólica y prometer únicamente una lucha de largo plazo para conseguir avances.

En sus inicios, la justicia transicional se centró en gran medida en la reconciliación. Esta es una noción polémica, y difícil de lograr, por lo que no se habla mucho al respecto. Pero tenemos que abordar los procesos de deshumanización que ocurrieron en los conflictos y demostrar que la ciudadanía iguala las circunstancias, independientemente de la fe, el género o el color. La reconciliación debe entenderse como la igualdad basada en los derechos, y no como una alternativa a ella. Sin avances inmediatos en estos temas en lugares como Siria, Irak y Yemen, los discursos sobre derechos se percibirán como fantasías en el mejor de los casos, y como engaños en el peor.

Un nuevo programa en el European Institute of Peace tiene como objetivo promover una comprensión renovada de lo que la justicia puede contribuir en la práctica a los esfuerzos de establecimiento y consolidación de la paz. Identificamos cuatro ideas que pueden ayudar: en primer lugar, entender la justicia en los contextos de conflicto y posconflicto como un medio para proporcionar beneficios tangibles y centrados en los derechos a las víctimas; en segundo lugar, que los mediadores y las partes adopten una actitud constructiva para hacer que esos beneficios sean parte integral de los acuerdos; en tercer lugar, dejar de suponer que el conjunto de herramientas de la justicia transicional siempre se ajusta bien al contexto, y en cuarto lugar, aceptar una noción de justicia que abarque más que la rendición de cuentas.

Poner fin a la guerra es difícil; lograr una paz duradera es mucho más difícil aún. Es mucho más probable que las poblaciones de Siria, Irak, Libia, Yemen, Myanmar, Somalia y la RDC confíen en los derechos y la justicia si ven que hacerlo marca una diferencia en sus vidas; si ven que les ofrece una razón para invertir en la paz.


Paul Seils lidera el Programa de Conflicto, Justicia y Reconciliación del European Institute of Peace. Fue vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional y, antes de eso, director de análisis situacional en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.


 

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