Pagar por las violaciones de derechos humanos: percepciones sobre el proceso de paz en Colombia

Una nueva investigación demuestra que proporcionar información contextual sobre los temas de derechos humanos genera una gama más amplia de respuestas a las negociaciones de paz en Colombia. 


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Los negociadores de paz se enfrentan a un público difícil: aunque las partes del conflicto quieran deponer las armas y reintegrarse a la sociedad, las víctimas y el público en general suelen exigir firmemente que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos. En el pasado, este intercambio de “paz por justicia” a menudo producía amnistías mutuas. Hoy en día, sin embargo, el derecho internacional conforme al Estatuto de Roma exige la rendición de cuentas y el enjuiciamiento penal por las violaciones graves de derechos humanos, y la opinión pública nacional en los contextos democráticos clama por justicia. También hay un menú cada vez más variado de opciones de “justicia transicional” que pueden elegir los Estados después de los conflictos para abordar el legado de un pasado violento.

¿Cómo pueden los negociadores de paz lidiar con estas crecientes presiones por algún tipo de justicia transicional desde arriba y desde abajo, y aun así lograr un acuerdo de paz para dar fin a los conflictos civiles? ¿Qué efecto podrían tener sobre las negociaciones de paz las encuestas de opinión pública acerca de las actitudes hacia varias formas de justicia transicional?

Investigamos esta cuestión durante un proceso de negociación en tiempo real: las pláticas en curso con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a una guerra civil de cincuenta años de duración. Llevamos a cabo una encuesta experimental nacional en línea en Colombia en dos olas, en junio de 2014 y enero de 2015, la cual presentaba breves descripciones de los combatientes con distintos grados de responsabilidad por las violaciones de derechos humanos. Queríamos determinar qué tan legítima le parece al público la participación política de las guerrillas desmovilizadas y, especialmente, la propuesta de que tengan condenas de prisión reducidas. Lo que más nos importaba era entender “qué mueve la aguja indicadora” de estas actitudes.

Los resultados de la encuesta podrían ayudar a los negociadores de paz de diversas maneras. En primer lugar, pueden informar a los activistas de derechos humanos y negociadores de paz qué tan legítimas les parecerán a las personas las distintas disposiciones de justicia transicional. Esto es crucial no solamente para predecir la aprobación pública en caso de un referendo, como podría suceder en Colombia, sino también para (re)generar la cohesión social que se requiere para una paz duradera. Encontramos, por ejemplo, que incluso después de aceptar su responsabilidad por delitos menores y deponer las armas, la idea de que los combatientes desmovilizados se postulen para cargos públicos recibe muy poco apoyo del público.


Demotix/Guille Legaria (All rights reserved)

Colombians call for "Peace without impunity," in rallies against peace talks between the Colombian government and the FARC.


En segundo lugar, los resultados de la encuesta pueden ayudar a los líderes políticos y a los negociadores a articular los mensajes en maneras que permitan formar coaliciones de apoyo para los acuerdos de paz. Por ejemplo, nuestra investigación demostró que es posible convencer a los colombianos que votaron contra el presidente Santos y su plataforma de paz en las pasadas elecciones, o a los que se abstuvieron de votar, de que apoyen no solamente el proceso de paz en general, sino incluso algunas propuestas específicas de justicia transicional. Esto significa que las partes de la negociación pueden obtener avances a través de gestos como el último acuerdo de colaboración para retirar minas terrestres o la promesa reciente de las FARC de dejar de reclutar niños menores de 17 años.

En tercer lugar, nuestra investigación demostró que los esfuerzos para educar al público pueden aumentar la legitimidad popular del proceso de paz. Específicamente, los encuestados que dijeron que entendían mejor las negociaciones también tenían más probabilidades de apoyar las pláticas.

En un interesante contraste con las conclusiones de Kreps y Wallace, encontramos que invocar el derecho internacional y experiencias comparables no genera necesariamente actitudes más positivas sobre las propuestas de justicia transicional. De hecho, los sujetos a los que se les dijo que Colombia tenía la obligación de llevar a cabo mecanismos de justicia transicional conforme al derecho internacional apoyaron un poco menos tales medidas. Si bien los colombianos pueden mostrarse ambivalentes con respecto a las leyes e instituciones internacionales (especulamos que esto se debe a los dictámenes recientes contra Colombia en la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), también encontramos que están mucho más dispuestos a aceptar la justicia transicional si se les informa que otros países de la región han hecho lo mismo.

Lo que esto indica en realidad es que la divulgación internacional importa, pero también es sumamente contextual. La manera en la que la gente común entiende las leyes y las instituciones internacionales a menudo difiere marcadamente de las interpretaciones de las organizaciones y los activistas de derechos humanos.

Sin embargo, el hecho de que muchos ciudadanos rara vez piensan sobre los derechos humanos dificulta la evaluación de la opinión pública. Por lo tanto, nuestro trabajo indica que es útil proporcionar información contextual a los encuestados.

Los resultados del LAPOP indican que hay una gran divergencia de opiniones, y la mayoría de los encuestados respondieron que las condenas más largas contribuían más a la reconciliación que las más breves.

 Consideremos la encuesta del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Latin American Public Opinion Project, LAPOP). En 2014, preguntó qué contribuiría más a la reconciliación: que los violadores de derechos humanos de las FARC recibieran condenas de cinco a ocho años en prisión o que recibieran más de ocho años. La pregunta era pertinente porque muchos ex dirigentes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), otro actor clave del conflicto, han pasado o pasarán de cinco a ocho años en prisión, y los encuestados estaban enterados de ello.

Los resultados del LAPOP indican que hay una gran divergencia de opiniones, y la mayoría de los encuestados respondieron que las condenas más largas contribuían más a la reconciliación que las más breves. Los resultados de estas preguntas, aplicadas sin contexto, difieren mucho de nuestros resultados experimentales. En particular, en nuestra encuesta describimos exactamente qué violaciones de derechos humanos cometió un comandante de las FARC al que nombramos Francisco (secuestró un grupo de personas por varios años), sus motivaciones personales (contribuir a la lucha) y las formas de justicia transicional que experimentó (reconoció públicamente sus crímenes, depuso las armas y pagó indemnización). Después, se asignó aleatoriamente a los sujetos uno de tres resultados de justicia punitiva: (1) no pasar tiempo en prisión, aunque algunos comandantes paramilitares/de las AUC sí fueron a prisión por el mismo delito; (2) una condena de varios años en prisión, más o menos igual que los comandantes paramilitares/de las AUC; o (3) muchos años en prisión, muchos más que los comandantes paramilitares/de las AUC.

Posteriormente, se pidió a los encuestados que calificaran la condena resultante en términos de justicia, contribución a la reconciliación y contribución a la paz. Las respuestas se sumaron para formar un índice en el que 1 representaba el resultado con menor calificación y 7 el de mayor calificación en términos de la legitimidad percibida. Al comparar los niveles promedio entre los grupos, una condena de prisión para los comandantes de las FARC y paramilitares se calificó como el resultado más apropiado (legítimo). La brecha entre un periodo en prisión igual o uno más prolongado fue pequeña pero significativa, y la opción de “sin tiempo en prisión” fue calificada como mucho menos legítima que cualquier cantidad de tiempo en prisión.

Estas respuestas difieren marcadamente de las de la encuesta del Barómetro de las Américas mencionada más arriba y, por lo tanto, concluimos que proporcionar información contextual sobre los delitos y los infractores puede aumentar el apoyo a las medidas de justicia transicional. Este es un mensaje que debería interesarle a los profesionales que buscan cambiar la opinión pública sobre estos complicados asuntos.

El advenimiento de las encuestas en línea representativas a nivel nacional y la proliferación de enfoques experimentales con encuestas han ampliado los horizontes de la investigación sobre la opinión pública para los profesionales y académicos de derechos humanos. Los datos de encuestas únicas pueden generar ideas iniciales sobre la opinión pública, y los análisis estadísticos más rigurosos proporcionan un grado de control para probar esas ideas. Por supuesto que determinar la causalidad sigue siendo complejo, y no siempre es posible extraer conclusiones definitivas. A menudo existen factores que amenazan la validez de los resultados de las encuestas. Cuando se usan correctamente, sin embargo, los experimentos en encuestas pueden disminuir estas amenazas. Esto no solamente contribuye a que los estudios sobre el tema sean más rigurosos, sino que también debería aumentar la eficacia de nuestras recomendaciones políticas.

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This research was funded by the US Agency for International Development (USAID), through a subaward managed by the Institute of International Education (IIE) under Cooperative Agreement #AID-OAA-A-12-00039. The contents are the sole responsibility of the authors.


Ryan E. Carlin es profesor asociado de Ciencia Política y director del Centro de los Derechos Humanos y la Democracia en la Universidad Georgia State. Es el coeditor de  The Latin American Voter (El elector latinoamericano) (University of Michigan Press, 2015) y su trabajo de investigación se enfoca en el comportamiento político comparado y la opinión pública, con un énfasis regional en América Latina.

 
 

Jennifer L. McCoy es profesora universitaria distinguida de Ciencia Política y directora del Instituto de Estudios Globales en la Universidad Georgia State. Su libro más reciente fue International Mediation in Venezuela (Mediación internacional en Venezuela) (con Francisco Diez) y se especializa en la democratización, la promoción de la democracia, la mediación y prevención de conflictos, la observación y los procesos electorales, y la política latinoamericana.

 
 

Jelena Subotic  es profesora asociada de Ciencia Política en la Universidad Georgia State. Es la autora de Hijacked Justice: Dealing with the Past in the Balkans (La justicia secuestrada: enfrentar el pasado en los Balcanes) (Cornell University Press, 2009), y su trabajo de  investigación se enfoca en los derechos humanos, la justicia transicional, las políticas de identidad, la europeización y los Balcanes.

 
 


 

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