Las recomendaciones sobre derechos humanos de la ONU son esenciales para la era poselectoral en los EE. UU.

Un paso genuino para la administración Biden-Harris sería establecer formalmente un mecanismo de coordinación permanente en todos los sectores pertinentes del gobierno estadounidense para considerar las recomendaciones del EPU y elaborar un plan significativo para su aplicación.



Cientos de personas entre los que destacan decenas de miembros de la comunidad hispana en Miami celebran la victoria del demócrata Joe Biden como el 46° presidente de los Estados Unidos hoy, en una concentración frente a la emblemática Torre de la Libertad, en el centro de Miami, Florida (EE.UU.).


Pocos estadounidenses están enterados de que la administración Trump se dirigió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) para defender su trayectoria el 9 de noviembre de 2020, tan solo unos días después de las elecciones estadounidenses. Aunque la administración Trump se retiró del CDH, todavía tiene que someterse al Examen Periódico Universal (EPU) cada cuatro años, como cualquier otra nación.

Lo que hace que este proceso de revisión por pares sea único es que explora todo un abanico de temas: desde los derechos a la alimentación, la salud, la educación y el trabajo hasta las libertades de expresión, protesta y prensa, y las protecciones contra la tortura y la discriminación racial. Su resultado consiste en una serie de recomendaciones integrales, que acepta el Estado en cuestión. Dado lo peligrosos y destructivos que fueron los últimos cuatro años para los EE. UU. desde una perspectiva de derechos humanos, las recomendaciones del EPU sugieren una hoja de ruta para la nueva administración, encaminada a la reparación y a forjar una nueva relación con la comunidad internacional y el público estadounidense. 

Desde hace un año, cientos de actores de la sociedad civil presentaron informes al CDH en los que documentaron una serie de preocupaciones, desde el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía hasta los ataques contra inmigrantes y comunidades de inmigrantes. Como dicta el proceso, el gobierno elaboró su propio informe, un documento que reflejó el tono y tacto de la administración Trump: al reinterpretar las obligaciones de derechos humanos según se plasmaron en la Comisión de Derechos Inalienables del secretario de Estado Pompeo y negar la existencia del racismo sistémico. La US Human Rights Network (USHRN) destaca que “el EPU es una oportunidad única para hacer que el gobierno estadounidense rinda cuentas. Es uno de los pocos mecanismos que brindan una oportunidad a las personas, las organizaciones y los gobiernos de presentar de manera independiente sus perspectivas sobre las violaciones de derechos humanos”. Las voces y experiencias de las comunidades más afectadas que figuran en los informes de partes interesadas de la sociedad civil ilustran el sufrimiento y la vulnerabilidad que caracterizan a la era Trump. Su apelación al derecho internacional de los derechos humanos motiva un llamamiento moral y político más amplio.

Dado lo peligrosos y destructivos que fueron los últimos cuatro años para los EE. UU. desde una perspectiva de derechos humanos, las recomendaciones del EPU sugieren una hoja de ruta para la nueva administración, encaminada a la reparación y a forjar una nueva relación con la comunidad internacional y el público estadounidense.

La audiencia tuvo lugar mientras el número de infecciones por COVID-19 se disparaba en los EE. UU. Sin embargo, por una omisión flagrante, la pandemia no se tuvo en cuenta en el informe que presentó el gobierno estadounidense en agosto. Los informes de partes interesadas de la sociedad civil se redactaron antes del brote de COVID-19, así que los Estados miembros no tenían documentación sobre las repercusiones del virus en el país que compareció ante ellos. La realidad en el terreno es que los Estados Unidos tienen la tasa de mortalidad más alta de todas las naciones ricas. A causa del virus, predominan la inseguridad económica y el desempleo, e incluso la inseguridad alimentaria va en aumento. La pandemia está revelando y exacerbando las desigualdades estructurales arraigadas en la sociedad estadounidense. Las comunidades negras, morenas e indígenas tienen tasas de mortalidad por COVID dos o tres veces más altas que las personas blancas y es más probable que trabajen en la primera línea o en actividades esenciales.

No obstante lo anterior, los Estados recomendaron que el gobierno estadounidense trabajara en una gran variedad de cuestiones. En primer lugar, a pesar de la tradicional renuencia de los EE. UU. a reconocer explícitamente los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados formularon recomendaciones sobre la vivienda y la falta de hogar; la reducción de la pobreza; la igualdad de acceso a la atención médica y los derechos laborales, incluidos los de los trabajadores de temporada; la igualdad de salarios para trabajos iguales, y la licencia por maternidad remunerada. Varios Estados pidieron a los EE. UU. que tomen medidas en materia de cambio climático y que se reincorporen al Acuerdo de París. Un número considerable de Estados miembros recomendaron rescindir las restricciones impuestas recientemente a los derechos de las mujeres, en particular la planificación familiar y la salud sexual y reproductiva. 

En segundo lugar, en el ámbito de los derechos civiles y políticos, donde los EE. UU. se ven a sí mismos como líderes mundiales, la situación también sigue siendo alarmante. En 2019, la administración Trump reanudó el uso de la pena de muerte a nivel federal, que había estado moribunda desde 2003, una violación que fue señalada por una serie de Estados. Dado que el país es bien conocido por sus ataques frontales al derecho a solicitar asilo y por acciones que equivalen a la tortura y el trato inhumano y degradante de los migrantes en la frontera sur, los Estados miembros plantearon cuestiones específicas sobre la política de inmigración y refugiados de los EE. UU., incluida la separación de familias y la detención de menores. 

En tercer lugar, también se dedicó atención considerable a la injusticia racial y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, tras un periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en junio en el que se presentó, entre otras cosas, un testimonio en video del hermano de George Floyd. El uso de la fuerza contra manifestantes y periodistas durante las protestas de Black Lives Matter fue motivo de condena. Algunos Estados recomendaron medidas para reducir la violencia armada y controlar razonablemente el acceso a las armas de fuego. 

En cuarto lugar, también se señalaron los problemas de derechos humanos en la política exterior, como el apoyo financiero y armamentista estadounidense al conflicto encabezado por Arabia Saudita en Yemen. En particular, muchos Estados miembros pidieron a la administración estadounidense que revocara las sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, entre otras cosas, cancelando la Orden Ejecutiva sobre el Bloqueo de Propiedad de Ciertas Personas Asociadas con la Corte Penal Internacional.

Por último, los Estados Unidos son tristemente célebres por seguirse negando a ratificar una serie de tratados fundamentales de derechos humanos. Aunque el gobierno de los Estados Unidos sostiene que sus leyes, en algunos casos, ofrecen una mayor protección de la que requieren estos tratados, resistirse a suscribirlos desvirtúa su pretensión de ser defensores de los derechos humanos. Durante el EPU, muchos países reiteraron las recomendaciones, formuladas desde hace tiempo, de que los EE. UU. tomen medidas para ratificar una mayor variedad de estos instrumentos básicos y que garanticen una invitación permanente a los procedimientos especiales para que visiten el país. Además, los EE. UU. todavía no tienen una Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH); es decir, un órgano independiente encargado de supervisar, informar y hacer recomendaciones al gobierno para mejorar la legislación y las políticas de conformidad con las normas de derechos humanos, que es un punto central de las recomendaciones de los Estados miembros y de los órganos de tratados. Muchos Estados alentaron a los EE. UU. a que se reincorporen al Consejo de Derechos Humanos en un espíritu de compromiso y cooperación multilateral. 

La administración Biden-Harris se ha comprometido a restablecer la relación con las democracias del mundo. En vista de los últimos cuatro años, ahora es más importante que nunca que los EE. UU. “prediquen con el ejemplo” en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional. La administración entrante tendrá la oportunidad de indicar la seriedad de sus intenciones enviando una delegación de alto nivel para que acepte los cientos de recomendaciones en el periodo de sesiones de febrero-marzo del CDH.

Muchos Estados alentaron a los EE. UU. a que se reincorporen al Consejo de Derechos Humanos en un espíritu de compromiso y cooperación multilateral.

Más allá del simbolismo, un paso genuino para la nueva administración sería establecer formalmente un mecanismo de coordinación permanente en todos los sectores pertinentes del gobierno estadounidense para considerar las recomendaciones del EPU (y de los órganos de tratados y procedimientos especiales) y elaborar un plan significativo para su aplicación, que incluya una interacción congruente con las autoridades estatales, locales y tribales. Este mecanismo permitiría una colaboración más sistemática con las personas más afectadas por las violaciones, los defensores de derechos humanos de base y las organizaciones de la sociedad civil, que han estado en la primera línea de resistencia durante la era Trump. Esto indicaría una clara desviación de la práctica habitual de atender, informar y dar seguimiento a las recomendaciones de los órganos de derechos humanos de manera selectiva. 

Muchas de las recomendaciones se pueden aplicar con medidas puramente ejecutivas, lo que repararía los daños causados por la administración Trump y establecería nuevas políticas de manera proactiva. Otras requerirán la cooperación del Congreso y el apoyo de ambos partidos en el Senado, donde aún no se determina el equilibrio de poder. Por otra parte, aunque en este ciclo del EPU muchos Estados miembros notaron con agrado los fallos de la Corte Suprema que han ampliado las protecciones de derechos, en particular para las personas LGBTQ+, la nueva composición de la Corte podría poner en riesgo varias sentencias importantes. A nivel estatal y local, también hay un amplio margen para seguir aplicando las normas de derechos humanos. Quizás la recomendación más estratégica sea la que insta a los EE. UU. a establecer una INDH que incorpore los Principios de París. Con una institución independiente de este tipo firmemente establecida, la administración podría tener la seguridad de que sus esfuerzos por hacer efectivos los derechos humanos serían duraderos y tendrían repercusiones más allá de su mandato.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: December 16, 2020

Joshua Cooper es profesor en la Universidad de Hawái, dirige el Hawai’i Institute for Human Rights y es copresidente del Grupo de Trabajo para el Examen Periódico Universal de la US Human Rights Network.

Shelley Inglis es profesora en la Universidad de Dayton y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Dayton. Anteriormente, fue funcionaria de carrera en las Naciones Unidas.

Joel R. Pruce es profesor titular en la Universidad de Dayton, donde escribe y enseña en el área de derechos humanos.


 

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