Muerte por mil cortadas de papel: ataques reglamentarios contra las ONG

Una ola de regulación gubernamental injustificada amenaza las operaciones de las ONG, y es esencial responder de forma proactiva para resistir con eficacia.


By: Edwin Rekosh
July 31, 2018

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Photo by Miguel Bruna on Unsplash

Las ONG pueden utilizar varias medidas para resistir de manera más proactiva a la represión política del Estado regulado.


La creación de requisitos engorrosos para las ONG no es nada nuevo y siempre han existido razones legítimas para esas normas, relacionadas con la prevención del fraude y la garantía de un tratamiento fiscal equitativo. Lo que resulta preocupante es la nueva ola de motivos injustificados para la regulación gubernamental. Cuando los gobiernos tratan a las ONG como una amenaza política, el manual de juego para mermar su efectividad operacional incluye estrategias de regulación interrelacionadas, que son ejecutadas por oficiales gubernamentales de todos los niveles, ya sea de forma deliberada o involuntaria:

Crear oportunidades de control

Las ONG son una fuente de rendición de cuentas impredecible y difícil de controlar. Por lo tanto, los gobiernos suelen adoptar políticas reguladoras que poseen una apariencia de legitimidad, pero cuyo objetivo tácito es crear más posibilidades de control estatal sobre un sector que amenaza a quienes ocupan puestos públicos. Este fenómeno ha existido por décadas, a medida que el desarrollo de la sociedad civil ha sobrepasado la capacidad de políticos y burócratas en muchos países de adaptar sus expectativas.

Permitir que la maquinaria del Estado haga imposible la operación del día a día

En algunos países, la arbitrariedad inherente a la acción estatal puede exacerbar el problema, transformando cargas administrativas potencialmente inocuas en heridas mortales, aun cuando se trata de asuntos de lo más triviales. Este es el caso sobre todo en países donde la cultura e instituciones legales son disfuncionales o débiles, o están poco desarrolladas. Cuando los organismos gubernamentales deniegan la inscripción en sus registros, congelan cuentas bancarias, imponen multas y exigen cantidades aparentemente interminables de papeleo, se puede generar una muerte por mil cortes de papel; aun cuando la toma de decisiones es arbitraria por negligencia, y no a propósito.

Controlar las vías de acción

La realidad del gobierno en muchos países es que el empresariado ejerce una influencia indebida sobre la toma de decisiones políticas a través de su poder financiero, la movilización de las élites y, en casos extremos, la captura del Estado por intereses empresariales poderosos. En contraposición, las ONG suelen trabajar en nombre de sectores impotentes y políticamente marginados de la población, por lo que tienen menor acceso a las palancas informales de la influencia política. Esto hace a las ONG más dependientes de las vías de acción oficiales para la participación y el debate político, lo que genera oportunidades para que los gobiernos silencien voces críticas o consoliden su poder, estrechando los canales disponibles para el discurso público sobre sus políticas.

En resumen, los gobiernos pueden cerrar canales indeseados de debate político con tan solo prohibir que las ONG como conjunto se involucren en actividades “políticas”, privilegiando a los sectores favorecidos de la sociedad, que no precisan de esos canales para ejercer su influencia. La ambigüedad del término “político”, en cualquier sentido técnico legal, vuelve incoherentes hasta las políticas más bienintencionadas y menos utilizadas sobre el “cabildeo” de las ONG. No es sorprendente, entonces, que las leyes y reglamentos que pretenden regular la “actividad política” de organizaciones desfavorecidas en Rusia, India y Etiopía hayan tenido efectos tan perniciosos.

¿Cómo pueden responder las ONG?

Las ONG no suelen pensar estratégicamente sobre la respuesta a amenazas reglamentarias, lo que las deja en una situación vulnerable. Por lo general, los líderes de las ONG consideran que los requisitos reglamentarios no son importantes; los tratan como si fuesen poco más que preocupaciones burocráticas formalistas.

La respuesta más común ante las cargas reglamentarias, la cual han adoptado las ONG de forma generalizada durante décadas, es ignorar y evitar. Esa fue la respuesta consensuada de las ONG que recibían financiamiento internacional ante las primeras iniciativas del gobierno ruso para regular sus actividades políticas (la ley de los “agentes extranjeros”).

En muchos países, esa es una respuesta instintiva para las ONG. Sus líderes suelen señalar que el problema no son los regímenes técnicos de regulación sino las fuerzas políticas subyacentes. Sin embargo, un enfoque exclusivo en la estrategia política de alto rango es limitante, puesto que privilegia las dinámicas más poderosas (las fuerzas políticas profundamente arraigadas), que por su propia naturaleza son resistentes a la influencia en contextos como el ruso, especialmente en el corto plazo. Mientras tanto, una modificación de política pública relativamente pequeña puede aprovechar los efectos lentos y constantes del estado administrativo omnipresente que continúa con su labor diaria, los cuales, al acumularse, podrían tener repercusiones devastadoras para las ONG.

Resistencia proactiva

Las ONG pueden utilizar varias medidas para resistir de manera más proactiva a la represión política del Estado regulador: administrar activamente sus riesgos de incumplimiento; procurar asesoramiento legal pagado o pro bono para reducir sus vulnerabilidades técnicas; o movilizar apoyo político, replanteando los retos reglamentarios como ataques a valores compartidos.

Lo central en esta última aproximación es el enfoque en el problema subyacente: el ataque injustificado a la legitimidad de las actividades de las ONG. Desafortunadamente, las narrativas gubernamentales sobre la legitimidad del financiamiento internacional tienen raíces profundas. Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos adoptó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) en 1938 en respuesta a las deliberaciones de un comité designado para investigar la propaganda Nazi y comunista en el país. Aunque la FARA fue promulgada para limitar el impacto de estrategias de influencia global derivadas de los grandes conflictos ideológicos europeos de inicios del siglo XX, resurgió el año pasado en el contexto de la investigación del Departamento de Justicia sobre el contacto entre la campaña electoral de Trump y el gobierno ruso. Irónicamente, el gobierno ruso citó a la FARA como precedente al adoptar su Ley sobre Agentes Extranjeros en 2012. Otros esfuerzos por regular el financiamiento internacional para las ONG –en India, entre otros países– también se derivan de justificaciones de la Guerra Fría.

Es difícil argumentar en contra de que un gobierno tome medidas para evitar que un país extranjero socave la integridad de su sistema político a través de agentes locales. Sin embargo, el carácter pernicioso de esta tendencia global reside en la ausencia de distinciones sutiles entre la influencia furtiva de gobiernos extranjeros y las iniciativas locales legítimas. En los Estados Unidos sería muy difícil utilizar la FARA para limitar las actividades de una ONG que reciba recursos de la filantropía, aun cuando esos recursos provengan del extranjero. Por sí solas, las donaciones benéficas no generan el grado de “dirección y control” necesario para establecer una relación de “agencia”, de acuerdo con la ley estadounidense de impuesto sobre la renta y filantropía. Por lo tanto, las organizaciones sin fines de lucro estadounidenses tienen la libertad de procurar donaciones de caridad en cualquier parte del mundo.

Por desgracia, estas distinciones se pierden en la mayoría de los sistemas legales, y las organizaciones financiadas por la filantropía son tratadas como si fuesen agentes controlados directamente por un Estado extranjero a fin de socavar el sistema político del país. Por consiguiente, corresponde a las ONG educar al público acerca de la función necesaria que desempeñan en una sociedad democrática y la distinción que existe entre el apoyo filantrópico internacional y el control directo desde el extranjero. A fin de cuentas, las ONG deben obtener el respaldo de la opinión pública para legitimarse políticamente si quieren combatir con eficacia los esfuerzos gubernamentales por restringir su papel en el dominio público.

 


Edwin Rekosh es co-fundador del Rights CoLab y un profesor adjunto de la Escuela de Derecho de la Unviersidad de Columbia. También es el fundador de PILnet (The Global Network for Public Interest Law). Síguelo en Twitter: @EdRekosh.


 

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