Desde el año 2000, el régimen del presidente Vladimir Putin ha revertido muchas de las libertades cívicas que recibieron los rusos en la década de los 1990, después de siete décadas de gobierno comunista. El gobierno ha intimidado y demonizado a los disidentes, y ha colocado a la mayor parte de la prensa bajo su control. Las autoridades han presionado sin descanso a los activistas y las ONG que promueven los derechos humanos, utilizando medidas legislativas y ajenas al derecho.
El público ruso parece indiferente ante las ONG de derechos humanos y sus causas.
Tras años de acosar a estas organizaciones con auditorías y engorrosos procedimientos contables, el gobierno ruso ahora les exige que se identifiquen a sí mismas como “agentes extranjeros” si reciben apoyo económico del exterior. A partir de las agresivas acciones de Rusia contra Ucrania en 2014, la presión sobre las ONG de derechos humanos solamente ha aumentado, mientras que los funcionarios y los activistas pro Kremlin las difaman, acusándolos de ser una “quinta columna” de traidores que sirven las órdenes de las malévolas potencias occidentales.
Tal vez lo más preocupante es que a pesar de dos décadas de esfuerzos para cultivar una cultura de derechos humanos en Rusia, el público ruso parece indiferente, en el mejor de los casos, ante las ONG de derechos humanos y sus causas. Las dos tendencias características de la opinión pública rusa desde la anexión de Crimea han sido un apoyo popular creciente para Putin y una hostilidad rampante hacia Occidente (en particular los Estados Unidos).
Sin embargo, el apoyo a Putin y el anti occidentalismo no equivalen necesariamente a una aprobación completa del Putinismo. Una mirada más profunda a las tendencias de largo plazo del apoyo público ruso a las normas de derechos humanos y los datos comparativos sobre las actitudes rusas respecto al financiamiento extranjero de las ONG revela una imagen más compleja. Si bien no es muy alegre, esta imagen presenta más razones para ser optimistas que los relatos de los medios de comunicación sobre opiniones generalizadas a favor de Putin y en contra de Occidente.
Demotix/Vladimir Varfolomeev (All rights reserved)
Russians protest for civil rights and transparent elections in Moscow.
A principios de la década de los 2000, Sarah Mendelson y yo realizamos un conjunto de encuestas en Rusia sobre los derechos humanos y cuestiones relacionadas, que incluían una batería de preguntas para medir el apoyo a tres “derechos socioeconómicos” (el derecho al trabajo, a un nivel de vida mínimo y a la propiedad privada), tres “derechos de integridad personal” (el derecho a no ser sometido a la tortura, a la detención arbitraria ni a la esclavitud) y tres “derechos civiles” (la libertad de expresión, de religión/conciencia y de asamblea). La encuesta informó a los encuestados que cada uno de esos derechos está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, pero que las personas tienen opiniones distintas sobre su importancia.
Les pedimos a los encuestados que indicaran cuál de cinco categorías reflejaba mejor su opinión sobre cada derecho específico. Una categoría denotaba “mucho apoyo” a ese derecho en particular; la segunda “poco apoyo”; y las otras tres representaban opiniones neutras o (muy o poco) negativas. Encontramos niveles elevados de apoyo para los derechos económicos y de integridad personal en las encuestas anuales de 2001 a 2004, pero un apoyo mucho menor para los derechos civiles. Los resultados fueron tan consistentes año con año que dejamos de hacer estas preguntas. Sin embargo, incluimos la batería de nuevo en una encuesta que realizamos en 2010, y también la utilicé en las encuestas que realicé durante la tumultuosa temporada de elecciones en Rusia de finales de 2011 y principios de 2012.
Las rondas de encuestas más recientes mostraron una marcada tendencia a la alza en el apoyo público a los derechos civiles. Aunque desde una perspectiva política la década de los 2000 fue testigo de una clara reducción del espacio civil y un retroceso de las libertades civiles, el apoyo público a las libertades de expresión, religión y asamblea aumentó de manera constante. Para principios de la década de los 2010, más del 40 % de las personas de 20 a 59 años de edad entrevistadas apoyaba fuertemente los derechos civiles, y más del 70 % los apoyaba al menos débilmente (ver figura 1). Este aumento de apoyo se logró a costa de las respuestas de “no sé”, mientras que la indiferencia y (menos frecuentemente) el escepticismo se mantuvieron bastante estables. Los datos no muestran tendencia alguna respecto al apoyo a los derechos económicos o de integridad personal.
Estudios posteriores podrían desglosar las fuentes de este cambio sutil pero potencialmente importante en el apoyo público para los derechos civiles en Rusia.
Mis encuestas de 2012 les preguntaban a los encuestados si estaban de acuerdo con el financiamiento extranjero para las ONG que trabajan para proteger el medio ambiente y para las que supervisan las elecciones rusas. La supervisión de las elecciones era un “tema candente” en ese momento, porque el gobierno exhibió programas televisivos de revelación en los que se sostenía que una organización llamada Golos, la cual desempeñó un papel fundamental para exponer el fraude durante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2011, actuaba bajo las órdenes del gobierno estadounidense. Repetí estas preguntas en una encuesta de 2015 que realicé en colaboración con Jane Zavisca en Rusia y otros tres Estados post-soviéticos.
A pesar de la afirmación del gobierno ruso de que las ONG con financiamiento extranjero obedecen a los intereses extranjeros y siembran inestabilidad (un argumento que repiten en distintos grados los gobiernos de los otros tres países encuestados), está lejos de existir un consenso en desaprobación de dicho financiamiento, incluso para una ONG (expresamente política) que supervisa elecciones (figura 2). En el punto máximo de la controversia de Golos a principios de 2012, el 54 % de los encuestados rusos se oponía al financiamiento extranjero de esa clase de ONG, pero ese número bajó al 43 % para 2015, a pesar de un evidente aumento de la retórica anti Occidental de parte del Kremlin desde principios de 2014. Por otra parte, una minoría considerable (aproximadamente uno de cada cinco) de los rusos aprobaba el financiamiento extranjero para las agrupaciones que supervisan las elecciones, y más de un tercio era indiferente a este tipo de financiamiento, o no tenía una opinión definida.
La opinión pública rusa respecto al financiamiento extranjero de las ONG ambientales es todavía más variada, aunque la tendencia de 2012 a 2015 fue de una oposición cada vez mayor. Los ciudadanos de Ucrania, Azerbaiyán y Kirguistán tienen todos más probabilidades de estar de acuerdo con el financiamiento de las ONG ambientales y de supervisión de elecciones que a no estarlo. Esto sugiere que los esfuerzos del Kremlin por exportar su programa para mancillar la imagen de las ONG políticas que reciben financiamiento extranjero no ha tenido mucho éxito.
No quiero sonar demasiado optimista: la situación de los derechos humanos en Rusia es sombría, y hay poca oposición pública a los esfuerzos gubernamentales para cerrar el espacio de la sociedad civil y hacer retroceder el progreso que se obtuvo en materia de libertades civiles en la década de los 1990. Sin embargo, los comentarios de algunos expertos exageran el grado en que la población rusa apoya el programa nacional de Putin. La sociedad rusa es compleja y heterogénea. No debemos dejarnos engañar por las muy elevadas (y probablemente válidas) cifras de encuestas que muestran apoyo a Putin y hostilidad hacia los EE. UU.: esas cifras no implican necesariamente que exista un consenso en la sociedad a favor de cerrar el espacio de la sociedad civil o tomar medidas represivas contra las ONG políticas que reciben capital extranjero. El cambio normativo es un proceso gradual, y el público ruso aún esta dividido respecto a la importancia de las libertades civiles y la influencia del financiamiento extranjero sobre las ONG políticas nacionales.
A pesar de los quince años de Putinismo, la tendencia de opinión pública muestra cada vez más apoyo a las libertades civiles y una continua ambivalencia sobre el financiamiento extranjero para las ONG políticas. Esto ofrece posibles motivos para albergar esperanzas frente a una avalancha de malas noticias procedentes de Rusia. Por otra parte, los resultados de Ucrania, Azerbaiyán y Kirguistán nos recuerdan que la Unión Soviética estaba formada por quince repúblicas, no solamente una.
Tal vez hay más oportunidades para cultivar una cultura de derechos humanos en otras antiguas repúblicas aparte de Rusia.
The 2015 survey reported on herein was supported in part by the U.S. Army Research Laboratory and the U.S. Army Research Office via the Minerva Research Initiative program under grant number W911NF1310303.