El litigio estratégico en una tormenta perfecta: Sudáfrica

Los tribunales en Sudáfrica han contribuido mucho a fomentar los derechos humanos y promover la igualdad, pero en lo que sigue siendo una sociedad tremendamente desigual, no lo pueden hacer todo.


By: Jason Brickhill
April 2, 2019

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Photo: I-TECH/Flickr


Según un informe reciente del Banco Mundial, Sudáfrica es la sociedad más desigual del mundo. El 1 % de la población posee el 70 % de la riqueza del país, mientras que el 60 % más pobre controla solo el 7 % de su riqueza. Más de la mitad de la población vive por debajo de la línea nacional de pobreza de ZAR 992 (aproximadamente USD 70) al mes, y esta proporción ha aumentado desde 2011. Los grupos más afectados son los negros, los desempleados, los menos educados, los hogares encabezados por mujeres, las familias numerosas y los niños.

Al mismo tiempo, se ha dicho que Sudáfrica tiene, en palabras de Cass Sunstein, “... la constitución más admirable de la historia del mundo”, y con tribunales dispuestos a imaginar formas creativas para hacerla cumplir. La sociedad civil ha utilizado el litigio estratégico como una estrategia para buscar la justicia social. Pero ¿qué significa litigar en una sociedad en la que ambas cosas son ciertas, aprovechar el poder de vendaval de la Constitución en un mar de pobreza y violaciones de derechos humanos?

Sudáfrica es hoy la tormenta perfecta para el litigio estratégico: un sistema judicial que proporciona el marco institucional ideal para litigar, y condiciones de vida para la mayoría de las personas que generan pleitos y demandas que se convierten en casos importantes.

La Constitución de 1996 revolucionó el derecho procesal y sustantivo de formas que facilitaron en gran medida los litigios estratégicos. En cuanto a los procesos, los tribunales recibieron normas amplias que permiten las acciones colectivas y los casos de interés público, así como facultades correctivas flexibles. Los tribunales han usado estas facultades para facilitar el acceso a los tribunales y para expedir órdenes creativas y de gran alcance. Han eliminado acciones ejecutivas y leyes inconstitucionales y le han exigido al Estado que desarrolle planes para remediar las violaciones sistémicas de derechos bajo supervisión judicial o independiente.  Los tribunales también desarrollaron una regla contra la imposición de costos a las partes perdedoras que participan en litigios constitucionales de buena fe, para evitar el efecto paralizador de las condenas en costas. Los cambios sustantivos fueron incluso mayores, incluida la introducción de una Carta de Derechos justiciable y un principio de legalidad sólido y justiciable (derivado del estado de derecho).

Este marco se estableció en un país que salía de décadas de conflicto en la lucha por liberarse del apartheid y del dominio colonial. A diferencia de muchas otras constituciones centradas principalmente en mantener la estabilidad y limitar el poder del Estado para facilitar la libertad individual, la Constitución reconoció la necesidad de una transformación estructural y social. Las personas negras, las mujeres, las personas que viven en áreas rurales, las personas con discapacidades y las minorías sexuales siguen marginadas en las esferas pública y privada de la sociedad. En 1994, cuando se logró la democracia, Sudáfrica heredó un cúmulo de leyes y prácticas discriminatorias; la Constitución se redactó para enfrentarlas y desmantelarlas.

Los litigios estratégicos se adoptaron como una estrategia para el cambio social. En los 25 años de existencia de la Constitución, los tribunales han resuelto cientos de esta clase de casos. Los tribunales anularon la pena de muerte; protegieron y reforzaron los derechos LGBTQ, incluida la igualdad de matrimonio; y exigieron el cumplimiento de los derechos socioeconómicos a la vivienda, la salud, el agua y la educación. En la famosa sentencia sobre la Treatment Action Campaign, el Tribunal Constitucional ordenó al gobierno que distribuyera medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión maternoinfantil de VIH/SIDA, lo que contribuyó a poner fin al terrible periodo de negación del SIDA en Sudáfrica. Hoy, Sudáfrica tiene el programa público de tratamiento antirretroviral más grande del mundo. Más recientemente, en una serie de casos sobre la educación, los tribunales han ordenado al gobierno que erradique cientos de escuelas de barro inseguras, garantice que toda la infraestructura escolar es segura y adecuada, suministre maestros, libros de texto y muebles escolares y brinde transporte a los niños en escuelas rurales que tienen que caminar largas distancias. El alcance de la Carta de Derechos se ha extendido para abarcar a los actores privados. Enfrentando el legado de la explotación de los mineros negros, un tribunal certificó una acción colectiva de exmineros enfermos de silicosis contra 32 empresas que integran en efecto la totalidad de la industria de la minería de oro, la cual culminó en un acuerdo de miles de millones de rands. Estos ejemplos, y muchos cientos de casos similares, fueron presentados por organizaciones de la sociedad civil, sobre todo del dinámico sector del derecho de interés público.

Aprovechando el sólido principio de legalidad derivado del estado de derecho, los tribunales también hicieron lo que sería impensable en la mayoría de los países: destituir al director de la fiscalía pública, el director de la emisora pública, el director de inteligencia criminal, y otro dirigente de la fiscalía pública, y le ordenaron a un presidente en funciones que devolviera millones de fondos públicos que había gastado en mejoras a su residencia privada. Estos casos fueron presentados principalmente por los partidos de la oposición (a la izquierda y a la derecha del gobierno) y las ONG de vigilancia. Muchos ven a los tribunales como un baluarte vital contra los esfuerzos de las personas asociadas con el expresidente Zuma y la multimillonaria familia Gupta para capturar el Estado y facilitar el saqueo de los recursos públicos.

Pero cada vez es mayor la impaciencia, justificada, ante el lento ritmo de los cambios estructurales y la persistencia de los patrones de desigualdad racial y de género. Incluso las ganancias relativamente considerables en los tribunales pueden parecer una simple gota en el océano. Esto ha llevado a algunos a culpar a la Constitución y a los tribunales por la lentitud del cambio, cuando las verdaderas barreras están relacionadas con los problemas sistémicos en la prestación de servicios por parte del Estado y la explotación del sector privado, todo en el contexto del legado del apartheid.

Estos problemas se ven agravados por el hecho de que las posibilidades de lograr la justicia social a través de los litigios están limitadas por la naturaleza del proceso judicial y las capacidades de los tribunales. Por ejemplo, si bien los tribunales han estado dispuestos a hacer cumplir los deberes positivos que obligan al gobierno a proporcionar medicamentos antirretrovirales e infraestructura escolar, no han estado tan dispuestos a imponer deberes positivos para proporcionar vivienda o agua a los litigantes individuales, y mucho menos para crear puestos de trabajo. Estos casos ponen de relieve las limitaciones que incluso los litigios sobre derechos socioeconómicos exitosos y de alcance relativamente amplio tienen para reconstruir una sociedad.

Sin lugar a duda, los litigios estratégicos constituyen una herramienta particularmente poderosa para el cambio social en Sudáfrica. Han sido cruciales para corregir algunos errores importantes en las políticas, desbloquear las barreras burocráticas, combatir la corrupción, inyectar urgencia y obligar al gobierno a priorizar a los grupos marginados. Sin embargo, aún existen límites reales a lo que cabe esperar que se logre. El litigio puede ser una medida crucial, pero no corresponde exclusivamente a los tribunales hacer realidad la visión de la Constitución. La Constitución distribuye esta carga a través de un sistema cuidadosamente equilibrado de gobierno cooperativo, que comparte el poder ejecutivo y legislativo entre las esferas nacional, provincial y local. La construcción de una sociedad más justa es tarea de todos los sectores del Estado, la sociedad civil y las empresas, y para ello deben utilizar todos los medios a su alcance. 

 


Jason Brickhill es tutor en derecho de derechos humanos en la Universidad de Oxford y director de investigación del Centro de Derechos Humanos de Oxford. Ejerció como abogado de interés público en el Legal Resources Centre en Sudáfrica de 2008 a 2016 y fue colaborador de la redacción del reciente libro Public Interest Litigation in South Africa (El litigio de interés público en Sudáfrica) (Juta, 2018).


 

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