La política exterior de los Estados Unidos agrava los abusos de los derechos humanos en las Filipinas durante COVID

La administración de el gobierno de Trump esta permitiendo los abusos cometidos por Duterte en las Filipinas a través de apoyo incondicional en nombre de las políticas internacionales de los EEUU.



 

En medio de la pandemia global y de los levantamientos populares a nivel continental en contra de la brutalidad de la policía y el racismo sistemático; algunos estados están asumiendo las viejas tácticas de distracción para mover la atención de las políticas erróneas de estado hacia la represión de en contra de la oposición. Este es el caso particular tanto en los EEUU como en las Filipinas. De atención particular es como Trump esta apoyando los abusos de Duterte con la ayuda incondicional en nombre de la política extranjera de los EEUU. 

En los EEUU, el presidente Trump, quien encara encuestas de popularidad cada vez mas bajas y unas elecciones que se aproximan, da como respuesta a levantamientos populares producidos por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis a que esos levantamientos son el resultado de “anarquistas” “antifa” y “agitadores externos”. Al cambiar la acusación de violencia de la policía hacia estos agitadores imaginarios, Trump trata de ganarse a esas personas que no estan bien informados o desentendidos en materias que cobijan el país. En vez de enfocarse en la inhabilidad de los EEUU de manejar la pandemia, los rescates económicos para grandes corporaciones a costo delos contribuyentes, la brutalidad policíaca, y la desigualdad racial en acceso a la salud y educación económica, un estado en crisis esta tratando de dibujar a los activistas y luchadores como los verdaderos problemas. 

En las Filipinas, el presidente Duterte, ha tomando este mismo angulo de distracción y represión un paso mas allá. Antes de el Covid el régimen de Duterte causo preocupación internacional con una plétora de actos autoritarios. Ademas de la, ahora famosa Guerra a las Drogas, en la cual han sido asesinados cientos de miles. Duterte ha intensificado la represión en contra de la libertad de prensa y el derecho a disentir políticamente, Este año la administración de Duterte ha cerrado la cadena periodística mas grande de el pais ABS-CBN y mas recientemente, la periodista pionera en su campo, Maria Ressa, co-fundadora de la pagina de noticias digitales Rappler, fue condenada de difamación cibernetica y encara años de prisión. El juicio en contra de Ressa es claramente motivado por política y legalmente endeble. También sirve de alerta a cualquier critico de Duterte. 

De igual manera La senadora Leila De Lima ha sido detenida por aproximadamente tres años con cargos infundados de drogas. De Lima fue encausada inmediatamente después de que abrió una investigación acerca de las ejecuciones extrajudiciales durante la administración de Duterte durante la Guerra a las Drogas. La libertad de expresión esta siendo constantemente derogada en las Filipinas por algún tiempo, pero los echos recientes demuestran que tanto Duterte quiere consolidar el poder y silenciar la oposición. 

Lo que ha recibido menos atención mes la respuesta de Duterte a el Covid-10 y una peligrosa enmienda a una ley ya existente llamada la ley “anti-terror”. Así como los EEUU, las Filipinas fueron sorprendidas completamente por el virus altamente contagioso. Al errar en la contención, exámenes, y rastreo y al ofrecer una ayuda económica ínfima a todos los que fueron obligados a entrar en cuarentena el virus se regó por las comunidades pobres sin recursos como equipos personales de protección y las facilidades económicas para quedarse en casa. Mas recientemente en linea con las ideas militaristas de Duterte de como enfrentar la mayoría de los problemas, las fuerzas de policia empezaron a conducir cateos puerta a puerta buscando personas positivas de Covid. 

Mientras Duterte aplaude sus propias acciones echas a medias, la administración tomo ventaja de el caos creado por el Covid para forzadamente pasar la nueva ley Anti-Terrorista. Esta enmienda le da a la rama ejecutiva la habilidad de designar grupos como organizaciones terroristas sin ninguna supervisión, arrestar, y espiar electrónicamente a sospechosos sin ordenes judiciales. Y criminaliza cualquier apoyo a las organizaciones así designadas; incluyendo hacer publicaciones en el internet a favor de esas organizaciones o sostener una pancarta en una protesta como su propia violación ala ley anti-terrorista. La naturaleza vaga y de muy abierta interpretacion de la ley puede llevar a hacer blancos a críticos de la administración de Duterte y enjuiciarlos, aun en el exterior. Esto crea un peligro excepcional en los EEUU por que los dos países comparten un tratado de extradición. 

Existe un rechazo general ala ley Anti-Terrorista en las Filipinas. Celebridades, periodistas, conductores de moto-taxis, y jueces de la corte suprema de justicia retirados; todos han echo publico sus objeciones acerca de la ley. Mientras que otros han salido a la calle a expresar su indignación. Muchos manteniendo distanciamiento social lo hacen por los medios sociales. Al final de Julio ya habían 19 peticiones al a corte suprema de justicia de las Filipinas llamando a tela de juicio la legalidad de la ley. Mientras mas son esperadas.

La libertad de expresión esta siendo constantemente derogada en las Filipinas por algún tiempo, pero los echos recientes demuestran que tanto Duterte quiere consolidar el poder y silenciar la oposición. 

Una de mas razones mas grandes por que la administración de Duterte no esta escuchando a sus propios electores en este tema es por el apoyo incondicional de los EEUU. La dependencia de Duterteen la policía Nacional de las Filipinas y de las fuerzas armadas de las filipinas para apoyar sus aspiraciones políticas locales y nacionales para su esfuerzo de consolidar el poder es una movida que sale directamente del libro de instrucciones de las políticas de los EEUU. Primero un regimen autoritario depende de la seguridad del estado para gobernar. Segundo, la seguridad del estado depende de los EEUU algo fomentado por la provisiones de armas, entrenamiento, y financiamiento. Finalmente si el régimen autoritario (o régimen sucesor) se sale de la linea de intereses nacionales de los EEUU; un llamado es echo para substraer en apoyo del aparato de seguridad al régimen. Por ejemplo Egipto, Indonesia, Latino América etc. 

Para ilustrar esto, podemos ver la secuencia de eventos recientes de el acuerdo de las Fuerzas Visitantes (VFA, por sus siglas en ingles) entre los EEUU y las Filipinas. En Febrero, Duterte anuncio que terminaría el VFA un acuerdo militar de gran envergadura que permitíaejercicios militares conjuntos y otras actividades claves entre las fuerzas militares de los EEUU y las Filipinas. Mas que todo en respuesta a que los EEUU nego la visa de entrada al legislador Filipino Ronald dela Rosa un arquitectto clave de la Guerra a las Drogas. Sin embargo, luego de que los EEUU aprobaron dos ventas de armas por valor de hasta dos billones de dólares en armamento pesado, incluyendo helicópteros de ataque y misiles hellfire, Duterte cambio de curso. Mientras algunos analistas piensan que es resultado de la preocupación delas filipinas por la expancion territorial China; la razón mas probable es que Duterte necesita dólares de EEUU para comprar el apoyo de el aparato de seguridad del estado en medio de una crisis económica que se avecina por el Covid. 

No todos en Washington están convencidos con una política extranjera militar o haciéndose de la vista gorda a los abusos autoritarios de los derechos humanos. En Junio la representante Ilhan Omar ademas de 18 colegas, enviaron una carta a los secretarios Pompeio y Esper pidiendo una moratoria en la venta de armas a las Filipinas hasta que una supervisión apropiada pueda ser conducida. En Julio el representante Jan Schakowsky junto a cincuenta colegas escribieron una carta a el embajador de las Filipinas Romualdez pidiendo la revocación de la ley Anti-Terrorista. 

Mientras estas acciones de los legisladores son loables, estas son insuficientes para responder al problema mas grande de el apoyo de los EEUU a una dictadura que esta desmantelando toda forma de oposición democrática. En vez de censuras a pedazos lo se debe hacer es una ruptura definitiva que permite al régimen de Duterte y a su aparato de seguridad estatal sostenerse: la ayuda militar delos EEUU a las Filipinas. 

En Mayo pasado el Movimiento Malaya y la Coalicion International por los Derechos Humanos en las Filipinas lanzaron una campaña a favor del Acta por los Derechos Humanos en las Filipinas que suspendería toda ayuda militar a ese pais hasta que las fuerzas estatales en las Filipinas cesen las violaciones a los derechos humanos. En semanas recientes los sindicatos de los EEUU (por sus siglas en ingles) CWA, AFL-CIO, AFT, Teamsters, y la USW hicieron eco a esta campaña llamando al congreso a presentar y pasar la ley propuesta. 

El contenido de la propuesta de ley no es radical ni nueva; el Acta por los Derechos Humanos en las Filipinas es en realidad modelada en el Acta Berta Caceres por los derechos Humanos en Honduras . Lo que seria de verdad radical, nuevo y debería ser implementado es hacer El Acta por los Derechos Humanos en las Filipinas ademas de el Acta Berta Caceres los punto de inicio para una nueva política extranjera de los EEUU mas enfocado en las personas.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: August 20, 2020

Miles Ashton es un abogado basado en la ciudad de New York y miembro de el Gremio Nacional de Abogados, de el Comité ejecutivo de New York e Internacional por los derechos humanos en las Filipinas (ICHRP-US por sus siglas en ingles) comité de apoyo legislativo.

Azadeh Shahshahani el director legal y de apoyo de el Proyecto Sur y en el pasado presidente del Gremio Nacional De Abogados.


 

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