El trabajo de incidencia legislativa en el Congreso Nacional para la defensa de los derechos socioambientales en Brasil nunca ha sido una tarea fácil. Las organizaciones de la sociedad civil, respaldadas y legitimadas por los movimientos sociales, siempre se han enfrentado a obstáculos nebulosos en el proceso de diálogo en las cámaras heladas de Brasilia con los parlamentarios y sus equipos asesores.
Sin embargo, la pandemia de la covid-19 y el manejo intencionalmente perjudicial para la vida de la población, coordinado por el gobierno federal, abrió espacio para que pasen proyectos de ley que violan los derechos humanos básicos y fundamentales para su debida aprobación sin diálogo con la sociedad civil. Como resultado, se dificultó el proceso de incidencia de la sociedad civil desde los movimientos y organizaciones, lo cual forzó nuevas alternativas de movilización y denuncia.
Desde mi casa, en la periferia de la zona este de la ciudad de São Paulo, viví el proceso de incidencia colectiva con una red de organizaciones sobre el proyecto de Ley General de Licencias Ambientales. En términos generales, el proyecto flexibiliza la concesión de licencias ambientales con poca seguridad, lo cual atenta contra los derechos de los pueblos tradicionales y elimina las posibilidades de que la sociedad brasileña siga un camino constitucionalmente previsto de desarrollo sostenible.
A cada correo electrónico enviado a los parlamentarios, a cada intento de contacto telefónico y de presión a través de las redes sociales, nos recorría entre todos, dispersos en diferentes hogares del país, la sensación de que los mensajes no llegarían a Brasilia, y que la razón no era el coronavirus en sí mismo o los protocolos de seguridad necesarios debido a la pandemia, sino el uso de este hecho como espacio de exclusión de la participación social y del debate público por parte de la maquinaria política institucional.
Junto a este proyecto, otra propuesta legislativa exigía nuestros esfuerzos en diferentes frentes y que afectaba directamente al derecho a la existencia de las poblaciones indígenas. El Proyecto de Ley 490/2007 se valió de la tesis del “hito temporal” en discusión a partir de la Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 709/2020 para ampliar los incumplimientos inconstitucionales que, en definitiva, sugieren una serie de alteraciones en las normas de demarcación de las tierras indígenas y en otras cuestiones que involucran el Estatuto del Indio, lo cual perjudica de manera directa e indirecta las posibilidades de existencia de los pueblos indígenas en el país.
Para esta última propuesta legislativa, además de las manifestaciones rutinarias de incidencia parlamentaria, asesoramiento técnico a las cámaras legislativas y manifestaciones a través de las redes sociales en busca de apoyo de la sociedad civil, se movilizó un Levantamiento por la Tierra en los territorios conflictivos de Brasilia.
Así, se trasladaron indígenas de diversas partes del país a la capital para visibilizar sus luchas contra un retroceso que podría cambiar por completo las rutinas de vida de los pueblos originarios. En esta movilización, además de sufrir la indiferencia del Congreso Nacional, que terminó aprobando el proyecto en la comisión legislativa más importante de la cámara —la Comisión de Constitución y Justicia y Ciudadanía (CCJC)—, estos líderes indígenas también fueron objeto de una fuerte represión policial y de distorsiones narrativas por parte de los dirigentes del gobierno, que se articularon para reducir la relevancia de la agenda.
En este sentido, desde nuestra posición en Conectas, como organización defensora de los derechos humanos, nos corresponde apoyar las movilizaciones, articular las denuncias internacionales y utilizar todos los instrumentos de denuncia para frenar el retroceso.
Y desde mi lugar particular como joven negra que vive en la periferia urbana de la ciudad de São Paulo, hay contradicciones en la actuación para la defensa socioambiental. Al alejarse de la vida cotidiana de los pueblos indígenas, pero trabajar en la defensa de los derechos socioambientales, lo que queda es la sensación de claustrofobia de quienes ven desde sus ventanas la regresión socioambiental y la violación de los derechos humanos que avanzan a una velocidad espantosa, como el hambre, el desempleo, la inseguridad laboral y el avance del racismo en todas sus caras.
Los contratiempos socioambientales descritos anteriormente aportan más elementos al ya trazado y denunciado camino de la necropolítica y el genocidio que se ha trazado el Brasil oficial, por la política institucional en sus diferentes esferas. En algún momento del pasado, fue más posible influir en el Congreso Nacional para frenar las retrocesiones, elaborar dictámenes técnicos para influir en el Poder Judicial y articular denuncias con organismos internacionales para presionar a Brasil.
Hoy en día, la rapidez con la que estas acciones resultan paliativas e ineficaces de forma aislada, nos demuestra que nuestras estructuras siempre serán frágiles. Y esa fragilidad debe ser leída como tal, para que podamos encontrar en las brechas de supervivencia de los pueblos marginados, en la resistencia indígena y quilombola, en las estrategias de lucha y articulación de los pueblos negros en las periferias urbanas, herramientas ancestrales que complementan nuestras luchas de hoy.
Más que esperar las tecnologías de un futuro que seguirá pasando por el tamiz de los mismos detentadores del poder, hay que buscar las tecnologías del pasado ancestral de los pueblos originarios, y conectarlas con los saberes de las periferias urbanas, de los territorios quilombolas, de los liderazgos rurales, para que se construyan puentes sólidos entre todas las pequeñas brechas insurgentes.
En el fondo, lo que hay que transformar dentro de la incidencia política frente a la pandemia no es sólo su modus operandi en sí mismo, sino de manera más profunda, es su verdadera validez formal en espacios que se reclaman democráticos pero que, a la primera brecha encontrada, minan las posibilidades de diálogo con las voces de la sociedad civil.
Es necesario que, además de visibilizar la ineficacia de los mecanismos de participación que estaban bajo nuestro derecho, nos pongamos a favor de cambios radicales en las actuales estructuras participativas. Que tengan en cuenta la visibilidad directa de los pueblos afectados por los retrocesos, para que nos indiquen cómo hacer que el Brasil que surge de estos incumplimientos que protegemos y defendemos se convierta en el Brasil oficializado en la política institucional, de nuevo, como puede haber empezado en tiempos más democráticos.