Aprendiendo de la COVID-19: la promoción de la salud y los derechos humanos en las ciudades

Ahora está más claro que nunca que para proteger la salud mundial se requiere el reconocimiento universal de los derechos humanos básicos de todas las personas.




La pandemia de COVID-19 ha dejado más claro que nunca que para proteger la salud mundial se requiere el reconocimiento universal de los derechos humanos básicos de todas las personas, incluidos los derechos a la atención médica, la vivienda, las protecciones laborales, la alimentación y la equidad. El prolongado fracaso de los Estados Unidos en la defensa de la equidad racial y los derechos sociales, económicos y culturales se ha convertido en una gran amenaza para la salud en todo el mundo. Y el hecho de que la globalización privilegie el crecimiento económico sobre los derechos humanos ha agravado los efectos de esta pandemia. 

El movimiento creciente de ciudades de derechos humanos puede ayudarnos a responder a las necesidades apremiantes de nuestros días y mitigar crisis futuras. Las iniciativas de ciudades de derechos humanos surgieron en la década de los 1990, en una época en que muchos gobiernos locales y regionales percibían que la globalización económica minaba su autoridad y su capacidad para gestionar una variedad cada vez más amplia de problemas locales. A continuación, describo cinco lecciones fundamentales derivadas de conversaciones entre dirigentes de ciudades de derechos humanos e inspiradas en mi trabajo en Pittsburgh y con la US Human Rights Cities Alliance

1) La localización de los derechos humanos requiere un esfuerzo deliberado para cultivar la imaginación política y legal.  

Henri Lefebvre, cuyo libro The Right to the City (El derecho a la ciudad) inspiró el movimiento de las ciudades de derechos humanos, dijo que “[p]ara ampliar lo posible, es necesario proclamar y desear lo imposible. La acción y la estrategia consisten en lograr que mañana sea posible lo que hoy es imposible”. En esencia, el punto de las ciudades de derechos humanos es apoyar a las personas para que imaginen y materialicen posibles maneras de reorganizar sus comunidades que prioricen los derechos humanos sobre los mercados y los intereses empresariales.  

El sistema político y económico predominante ha disminuido nuestra capacidad colectiva para imaginar, al privilegiar los conocimientos técnicos sobre la voz y la participación del público. La construcción de ciudades de derechos humanos requiere que los residentes se unan en torno a una visión política fundamentalmente distinta, que ellos mismos estén preparados para implementar. Exige un replanteamiento importante de lo que significa actuar políticamente y ser ciudadanos con derechos. La imaginación política ayuda a que las personas se vean a sí mismas y a sus comunidades con nuevos ojos, y abre vías novedosas para la participación política. 

2) El aprendizaje y la cultura de derechos humanos sirven de base para la transformación social. 

La sensibilización, la creación de redes y la promoción de la participación política de los residentes despiertan la empatía, responsabilidad comunitaria e imaginación; algo que se desalienta en la política tradicional pero que es esencial para la organización transformadora. Los proyectos culturales también pueden incorporar las habilidades y talentos diversos de una pluralidad de residentes.  

Las ciudades de derechos humanos contrarrestan los discursos dominantes que devalúan el lugar y las comunidades locales, permiten el abuso de los ecosistemas y ocultan las historias y traumas que sufren las comunidades oprimidas a través del tiempo. La globalización económica convierte la tierra y los espacios comunitarios en activos privatizados, lo que agota los recursos y mano de obra de las comunidades. Los esfuerzos para unir grupos temáticos diversos en torno a un lenguaje de derechos humanos compartido pueden trastocar los guiones de la política y obligar a los políticos a referirse a las normas y criterios de derechos humanos. Además, llevar los derechos humanos al discurso público sirve para impulsar los cambios en las políticas y facilitar su implementación. 

3) Para tener comunidades saludables, es necesario trabajar de forma deliberada para salvar las diferencias y promover la equidad.  

La segunda tarea clave para los organizadores de derechos humanos es convocar espacios en los que las personas que no suelen tener oportunidad de interactuar puedan conocerse, aprender sobre sus experiencias mutuas, enfrentar las desigualdades y encontrar puntos en común y valores compartidos. La deshumanización en los discursos dominantes y en las redes sociales alimenta el ambiente político tan polarizado de nuestros días; por ello, esta labor es más difícil y también más urgente. Pero los principios de derechos humanos cruzan las divisiones políticas. Después de todo, la mayoría de las personas concuerdan en que quieren derechos humanos para ellas mismas. De ahí a apreciar que su universalidad es necesaria, solo hay un paso.  

La formación de coaliciones para respaldar una agenda de derechos humanos congruente contrarresta los esfuerzos de las élites para extraer recursos de las comunidades fomentando las divisiones entre los residentes. Más importante aún, crea una base de apoyo político que puede abogar proactivamente por una visión transformadora de la comunidad basada en un lenguaje compartido de los derechos humanos. Así, los residentes asumen un papel de liderazgo, en lugar de solo defenderse de las amenazas que plantea un modelo de gobierno vertical. Por ejemplo, la Pittsburgh Human Rights City Alliance coorganizó dos reuniones cumbre sobre vivienda para reunir a grupos diversos en torno al derecho humano a la vivienda. El objetivo fue cambiar el guion de las políticas sobre vivienda y cuestionar la idea de que la vivienda debe asignarse según los marcos del mercado. Destacando el desplazamiento de los residentes de ingresos bajos y los residentes negros en particular, la reunión cumbre ayudó a movilizar a un público más amplio para defender los derechos de los residentes a permanecer en sus comunidades y tener seguridad de vivienda. 

4) Los derechos humanos requieren bases de apoyo político. 

Para que los derechos humanos tengan importancia en la política, necesitamos bases de apoyo que les transmitan a los políticos el mensaje de que el propósito del gobierno es promover y proteger el bienestar de los residentes y la comunidad, y no sacrificar las comunidades en aras del crecimiento económico. Es necesario cuestionar el presunto vínculo entre el crecimiento económico y el bien común de una manera que signifique algo para un sistema político diseñado para escuchar a las urnas. Sin reducir la política al voto y las elecciones, tenemos que construir plataformas políticas y apoyar a líderes que cuestionen los discursos económicos y den prioridad a la dignidad humana, la equidad y los derechos de las generaciones futuras. Estos grupos de apoyo también se deben organizar de modo que superen las divisiones entre la política local, nacional y global, para garantizar que las políticas globales hagan posibles y apoyen los derechos humanos locales. 

Una manera en que la US Human Rights Cities Alliance está haciendo esto es mediante su iniciativa “EPU Ciudades” (UPR Cities). Esta iniciativa brinda capacitación y recursos para que las coaliciones locales de activistas puedan documentar la situación de los derechos humanos a nivel local, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas sobre la trayectoria de los EE. UU. en materia de derechos humanos. El objetivo del proyecto es ayudar a los activistas locales a aprender cómo usar los tratados internacionales y los procesos de examen, como el EPU, para configurar sus exigencias a las autoridades locales. Recordar a los funcionarios que “el mundo está observando” puede fortalecer la influencia política de los defensores de derechos humanos. 

5) Trabajar con aliados de los gobiernos locales es esencial para transformar las comunidades. 

Por lo general, las ciudades de derechos humanos incorporan nuevas formas de cooperación entre activistas y aliados gubernamentales en los municipios y más allá. La mayoría de las ciudades tienen comisiones de derechos humanos, que son aliadas naturales. Y es cada vez más frecuente que los gobiernos municipales nombren funcionarios para que traten cuestiones de equidad de género y racial, así como de sostenibilidad ambiental. En estas instancias, es posible animar a los funcionarios públicos y activistas a que piensen desde perspectivas nuevas que vinculen los derechos humanos con la labor cotidiana de gobierno. La participación de activistas de base críticos en la gestión de los asuntos públicos también es esencial para evitar que las élites y los intereses empresariales se apropien del lenguaje de los derechos humanos. 

Los activistas de las ciudades de derechos humanos también vinculan a los gobiernos locales con el sistema global de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los procesos de examen de los derechos humanos ofrecen vías para que los activistas informen sobre las condiciones de derechos humanos y generen apoyo local para las instituciones globales. Los dirigentes de las ciudades de derechos humanos también se están dando cuenta de que son esenciales para ayudar a que los funcionarios locales incorporen las normas y leyes internacionales de derechos humanos en las políticas locales

La pandemia de coronavirus alteró el “sentido común” prevaleciente, por lo que este momento de crisis se ha convertido en una oportunidad única para promover una visión de un mundo mejor organizado para proteger la salud, los derechos humanos y la dignidad. El movimiento de ciudades de derechos humanos ofrece un modelo prometedor que puede guiar nuestro trabajo futuro.

 


Esta serie fue desarrollada en asociación con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Dayton como parte de la Conferencia de Práctica Social de Derechos Humanos 2019. Para leer más, visite nuestra página de asociación.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: October 1, 2020

Jackie Smith es profesora de Sociología en la Universidad de Pittsburgh y coordinadora de la Pittsburgh Human Rights City Alliance. Es miembro del comité directivo nacional de la US Human Rights Cities Alliance.


 

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