Más allá de la alianza con las comunidades indígenas para defender el medio ambiente

Uno de los caminos que pueden seguir los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en apoyo de las comunidades indígenas es el de los argumentos jurídicos.



 


Las comunidades indígenas en la Amazonia están en la primera línea de la explotación de combustibles fósiles y la deforestación, sufren varias repercusiones relacionadas con el clima y son guardianas de un área crítica para el clima. La colaboración en acciones legales para defender y fortalecer las comunidades y los derechos territoriales indígenas —sobre todo cuando se resisten a actividades que son desastrosas para el clima y para las comunidades, y sufren por sus efectos— es parte importante del movimiento de litigio sobre el cambio climático. Los esfuerzos de los pueblos indígenas se pueden y se deben respaldar con argumentos jurídicos convincentes que reflejen su lucha.  

Lamentablemente, el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Amazonia es escenario de dos de los principales impulsores de la emergencia climática: la explotación petrolera y la deforestación. Como muchos sabemos, la producción de petróleo en la Amazonia genera emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye al cambio climático. También conduce a la deforestación, ya que tras la construcción de carreteras e infraestructura para facilitarla, llega la agricultura a pequeña y gran escala. Esto también genera emisiones de gases de efecto invernadero y elimina reservas de carbono críticas para mitigar el cambio climático. A este problema se suman los niveles alarmantes de tala de árboles en la región amazónica, en gran parte porque Perú y Brasil son los dos principales exportadores de madera del mundo. Mucha de la tala se lleva a cabo en territorios indígenas de la Amazonia donde no está permitida; sin embargo, se falsifican documentos para “lavar” la madera antes de venderla, y luego esta se comercializa para compradores en países como China y los Estados Unidos. 

Las comunidades indígenas han sido la primera línea de defensa contra estas graves amenazas, luchando por hacer realidad sus derechos territoriales, que están consagrados tanto en el derecho nacional como en el internacional. Organizaciones jurídicas como EarthRights International han trabajado junto con comunidades de la Amazonia y otros lugares, y han presenciado directamente la lucha para proteger sus derechos territoriales y el medio ambiente contra amenazas tanto de los Estados como de las corporaciones.  

Por ejemplo, hace poco, la Nación Wampís de la Amazonia peruana septentrional detuvo el desarrollo de un bloque petrolero en su territorio, cuya concesión no tuvo en cuenta los derechos de la Nación Wampís ni los impactos ambientales del proyecto. Las comunidades achuares, también de la Amazonia peruana septentrional, llevaron a Occidental Petroleum a los tribunales estadounidenses por contaminar el río del que dependen los achuares. Y la Nación U’wa de Colombia continúa su lucha de décadas contra el Estado colombiano para garantizar sus derechos territoriales y detener la explotación de combustibles fósiles en sus tierras en una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Las comunidades indígenas como estas también luchan por los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI). El hemisferio occidental alberga la mayor cantidad de PIACI en el mundo y, en teoría, gozan de salvaguardias jurídicas destinadas a prevenir la extracción de recursos naturales en sus tierras y evitar un contacto posiblemente devastador con el mundo exterior. No obstante, es frecuente que los Estados no proporcionen y hagan cumplir estas protecciones. Por eso, la federación indígena FENAMAD, de la región Madre de Dios de la Amazonia peruana, interpuso una acción ante la CIDH para proteger a los PIACI de la actividad maderera y otras amenazas en la región.  

Las comunidades indígenas también están colaborando activamente para fortalecer la gobernanza indígena. Un ejemplo inspirador es la Iniciativa de las Cuencas Sagradas, una coalición recién formada de organizaciones indígenas amazónicas y sus aliados que promueve la gobernanza y gestión indígena y birregional de la Amazonia peruana y ecuatoriana. A través de la gestión y administración ancestral indígena de estos territorios, buscan dejar los combustibles fósiles y los recursos minerales en el subsuelo y así retener alrededor de 3,800 millones de toneladas métricas de carbono.

Los pueblos indígenas han señalado repetidamente que garantizar sus derechos territoriales es fundamental para afrontar el cambio climático y alcanzar los objetivos climáticos.  

Por lo tanto, resulta evidente que, ante las graves amenazas, las comunidades indígenas, los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos y sus aliados han luchado incansablemente para defender el territorio indígena y las áreas críticas para el clima con acciones legales y estrategias innovadoras como las mencionadas anteriormente. Estas acciones legales, basadas en gran medida en los efectos locales de los proyectos extractivos y la violación de los derechos territoriales que representan, han sido y siguen siendo sumamente importantes para proteger las áreas críticas para el clima, garantizar los derechos de las comunidades indígenas y afrontar el cambio climático. 

Pero, en general, esas acciones no han incluido argumentos jurídicos relacionados con los efectos del cambio climático que aquejan a las comunidades indígenas. Las actividades extractivas en la Amazonia no solo violan los derechos territoriales indígenas, disminuyen la autodeterminación y amenazan la identidad cultural a través de sus efectos directos. Estas mismas actividades extractivas también contribuyen a los efectos relacionados con el clima que viven los pueblos indígenas. Por ejemplo, las comunidades indígenas de Brasil han informado de cambios en los patrones de precipitación, la humedad, los niveles de los ríos, la temperatura y los ciclos agrícolas y de incendios, los cuales afectan formas de vida tradicionales que se remontan a miles de años atrás. El efecto diferenciado que sufren las comunidades indígenas también se destacó recientemente en un informe ante la CIDH. Y las tribus en el noroeste de Estados Unidos han elaborado estudios detallados sobre la manera en que el cambio climático ha afectado los recursos naturales de los que dependen, esfuerzos que deberían imitarse en la Amazonia y otros lugares.  

En la mayoría de los casos, tampoco se ha establecido un vínculo entre las acciones legales para proteger y fortalecer los derechos indígenas y las obligaciones nacionales e internacionales en materia de cambio climático. Esto es así a pesar de la relación entre el cumplimiento de dichas obligaciones y la mitigación de los efectos climáticos en las comunidades de primera línea, y a pesar de la relación entre el fortalecimiento de los derechos territoriales indígenas y la reducción de las emisiones. De hecho, los pueblos indígenas han señalado repetidamente que garantizar sus derechos territoriales es fundamental para afrontar el cambio climático y alcanzar los objetivos climáticos.  

Dado que las comunidades indígenas y los PIACI sufren tanto los efectos directos como los efectos climáticos de las actividades extractivas en su territorio ancestral, y dado que son excelentes administradoras de las áreas críticas para el clima, es posible y necesario hacer más para fundamentar los litigios climáticos en los derechos indígenas y aprovechar el trabajo de litigio climático que ya se realiza en otros contextos para beneficio de las comunidades indígenas.  

 

Por ejemplo, los daños locales relacionados con el cambio climático han motivado una ola de demandas por daños y perjuicios en los Estados Unidos contra las empresas de combustibles fósiles en nombre de los municipios y los estados, como la que presentó EarthRights International en nombre de las comunidades de Colorado. Y grupos como Dejusticia de Colombia y el Instituto de Defensa Legal de Perú han interpuesto acciones constitucionales contra el Estado por no tomar medidas adecuadas en materia de cambio climático de conformidad con las obligaciones nacionales e internacionales, vinculando la deforestación local con los efectos del cambio climático en el país que violan los derechos fundamentales de la juventud peruana y colombiana. Los profesionales jurídicos deben aprovechar y adaptar estos importantes esfuerzos y argumentos de manera que asignen un papel central a los derechos territoriales indígenas, los efectos relacionados con el clima sobre los pueblos indígenas y el papel fundamental que desempeñan las comunidades indígenas en la reducción de emisiones.  

 

Es urgente apoyar los esfuerzos de las comunidades indígenas para protegerse a sí mismas y proteger sus derechos territoriales, en beneficio de sus comunidades y del clima. Hay que reconocer que la lucha de los pueblos indígenas por defender su territorio, los recursos naturales de los que dependen y su relación con esos recursos es un elemento fundamental de los esfuerzos para frenar el cambio climático, y puede y debe ir acompañada de argumentos jurídicos contundentes basados en esa lucha.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: October 9, 2020

Wyatt Gjullin es abogado de EarthRights International.


 

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