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Cuando las comunidades interponen demandas judiciales para responsabilizar a las empresas de las violaciones del derecho al agua, a menudo se enfrentan a un reto probatorio: ¿cómo demostrar que la minería ha causado la contaminación? Aunque las empresas pueden controlar el agua durante la explotación de una mina, no suelen estar obligadas a hacer públicos los datos relacionados con las condiciones ambientales antes de que comience la minería. La ausencia de datos de referencia rigurosos dificulta a las comunidades la defensa de sus derechos.
Las comunidades que viven dentro de una zona minera permitida en el norte de Haití podrán, esperamos, prevenir daños ambientales o exigir responsabilidades a las empresas por futuros daños ambientales, en caso de que se produzcan. Entre 2016 y 2018, los residentes de la comuna de Quartier Morin, en el norte de Haití, y el Kolektif Jistis Min (Colectivo Minero de Justicia, KJM), una red de movimientos sociales y organizaciones comunitarias, trabajaron con científicas estadounidenses y abogadas de derechos humanos para establecer un estudio de referencia sobre el agua en su zona, que entra dentro del ámbito de un permiso que autoriza a una empresa a construir una mina de oro.
El estudio incluía un mapa de las ubicaciones de las fuentes de agua de la zona, mediciones de la calidad del agua de más de 75 fuentes y resultados de pruebas de laboratorio de 48 lugares para determinar las concentraciones de propiedades químicas. El equipo interdisciplinar también documentó los cambios en el nivel del agua en tres pozos domésticos durante un periodo de dos años. Estas comunidades poseen ahora lo que puede ser el primer estudio de referencia sobre el agua realizado con y para una comunidad antes de que una empresa minera construya una mina.
El equipo concluyó que la extracción industrial de oro plantea graves riesgos de contaminación y disminución del agua en el norte de Haití. Las científicas confirmaron que el acuífero de la zona era saludable y debía protegerse. El estudio descubrió que la mayoría de los pozos bombeaban agua que no contenía contaminantes nocivos, lo que indicaba que era potable o apta para otros usos.
Figura 1. Localización de la zona de estudio (borde rojo) al sur de Cap-Haitien (Haití) y dentro de la cuenca del Grand Riviere du Nord (en amarillo).
Sin embargo, todos los pozos excavados a mano, que acceden a las aguas subterráneas poco profundas, dieron positivo para e.coli, lo que indica contaminación fecal. Si una empresa minera extrajera grandes cantidades de agua, los recursos de aguas subterráneas superficiales y profundas probablemente se agotarían y serían más susceptibles a la contaminación. Si, como resultado de la extracción de agua subterránea por parte de la empresa, los pozos se secaran y las bombas se infiltraran con e.coli o metales procedentes del proceso de extracción, se privaría por completo a la comunidad de agua potable. Esto supondría una violación flagrante y atroz del derecho al agua de la comunidad.
Los datos, propiedad de los miembros de la comunidad, son una baza en la lucha por la autodeterminación de la comunidad y la responsabilidad de las empresas.
Resistencia comunitaria a la minería
A lo largo de los últimos diez años, las comunidades de Haití no han dejado de resistirse a la extracción industrial de oro, y los activistas y miembros de la comunidad han llegado a la conclusión de que la minería metálica no es una actividad económica adecuada en Haití. El país tiene una de las densidades poblacionales más altas del mundo y quizá tiene uno de los ambientes más degradados del hemisferio. Las comunidades también han señalado que los riesgos de la minería —para el agua, el ambiente y el modo de vida de la población— superan los beneficios inciertos. Tampoco confían en que el gobierno, con sus escasos recursos, promulgue y aplique protecciones ambientales estrictas frente a las poderosas empresas mineras. Estas preocupaciones se han intensificado a medida que las condiciones del país se han deteriorado un poco más cada día debido a la crisis política, la destrucción de las instituciones de la república y la ausencia de un gobierno capaz de gestionar el país. Así pues, el desarrollo de la industria minera en este contexto sería perjudicial porque el Estado haitiano no podría regular las acciones de las empresas.
Tras el terremoto de 2010, el gobierno de Haití identificó la minería como clave para hacer de Haití una "economía emergente." El Kolektif Jistis Min (KJM) se formó en 2012 para informar al diálogo nacional sobre los riesgos y beneficios de la minería y construir una red nacional de comunidades bajo permiso minero. El KJM contrató a la Clínica de Justicia Global (CJG) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York para que le ayudara a recopilar información de calidad sobre los actores corporativos que operan en Haití y a apoyar a las comunidades afectadas por la minería para que conozcan y puedan defender sus derechos.
En los primeros cuatro años de organización, el KJM recibió a activistas y defensores de la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Perú, Ruanda y la República Democrática del Congo, en busca del consejo de quienes llevaban décadas luchando por la supervivencia de la comunidad en presencia de la minería. Los mensajes más coherentes fueron (1) la oposición social tiene más éxito antes de que una empresa construya una mina; y (2) el agua es más valiosa que el oro. El KJM, con las aportaciones de organizaciones miembros de comunidades de todo Haití, construyó su primera campaña sobre el derecho al agua.
El KJM y la CJG crearon de manera conjunta un programa comunitario de control del agua y acogieron a un hidrogeólogo estadounidense para que enseñara a los residentes a realizar mediciones sencillas de la calidad del agua con el fin de elaborar datos de referencia en las zonas sometidas a un permiso de explotación minera. Muchas comunidades recopilaron y almacenaron datos, pero una zona estaba especialmente organizada: las comunidades de los alrededores de Morne Bossa, el emplazamiento de uno de los tres permisos de explotación de Haití, que autoriza a una empresa a construir una mina. Los residentes creían que habían sido bendecidos con un acceso comparativamente bueno al agua potable; querían proteger el recurso y buscaban más información sobre la calidad y cantidad del agua en su zona. Esta comunidad era especialmente consciente del papel crucial del agua en su economía: la agricultura es primordial, seguida del Kleren, una bebida espirituosa artesanal elaborada mediante un proceso de uso intensivo de agua a partir de la caña de azúcar.
La investigación comunitaria como ciencia
El KJM y los residentes locales ampliaron el programa de seguimiento del agua realizando un censo de todos los hogares y todas las fuentes públicas de agua —pozos de bomba manual, pozos excavados a mano, manantiales, ríos y arroyos— de la zona. La CJG les enseñó al KJM y a los residentes locales a utilizar la aplicación Kobo Toolbox en teléfonos inteligentes para recopilar puntos GPS de 1134 hogares y más de 200 puntos de agua. A continuación, Kobo generó automáticamente mapas comunitarios que visualizaban los datos. Después, la CJG y el KJM ampliaron el programa de seguimiento del agua para incluir una colaboración con científicas estadounidenses. El censo de hogares y el censo de puntos de agua sirvieron de base para el plan de muestreo de las científicas, que les otorgó una idea de la densidad relativa de población y la distribución espacial de los puntos de agua. El censo también señaló los puntos de agua de especial importancia para las comunidades locales y ayudó a las científicas a determinar en qué lugares realizar todo el conjunto de mediciones y pruebas de laboratorio.
Las científicas siguieron basándose en los conocimientos locales, ya que fueron guiadas por miembros de la comunidad a los puntos de agua para realizar mediciones y recoger muestras. Los miembros de la comunidad explicaron a las científicas cómo se utilizaba a menudo el agua, incluidas las actividades económicas de una zona determinada —ganadería, agricultura o destilación de kleeren— que podían influir en la calidad del agua. Además, las científicas enseñaron a los residentes a realizar mediciones del agua, que siguieron recogiendo después de que las científicas regresaran a casa.
Las científicas llegaron a la zona para intercambiar y construir conocimiento de manera colectiva, no para entregarlos. Los residentes aprendieron que lo que saben, a través de la vida cotidiana, la observación y la práctica, tiene valor. El conocimiento local hizo que el estudio hidrológico de referencia fuera más válido y útil para las comunidades que participaron en el proceso.
El estudio del agua por sí solo es una contribución significativa al esfuerzo de las comunidades por resistirse a la minería del oro. Pero igual de importante es el hecho de que el proceso de realización del estudio también impulsó la organización local. La participación de las mujeres fue esencial, ya que son las que mejor conocen el uso y los efectos de los recursos hídricos locales.
En mayo de 2018, cuando el estudio sobre el agua estaba a punto de concluir, trece organizaciones comunitarias firmaron y publicaron una carta abierta dirigida a las autoridades gubernamentales locales y nacionales. La carta, Wi ak Lavi, Non ak Eksplwatasyon Min (Sí a la vida, no a la minería), rechaza la minería y pide una reforma agrícola, educación, reforestación y agua potable. Las trece organizaciones comunitarias representaban a un amplio sector de la sociedad local, y la carta es una de las declaraciones más firmes de oposición social a la minería en Haití hasta la fecha.
Conclusión
Las comunidades de Morne Pele (Haití) poseen ahora datos que demuestran que el agua no está contaminada con los metales y productos químicos que suelen acompañar a la minería. Maxène Joseph, un líder comunitario que participó en todas las fases del estudio del agua, declaró: "Tenemos datos que muestran cómo está nuestra agua hoy, y vemos que debemos proteger —y mejorar— lo que tenemos. Pedimos a las autoridades locales y nacionales, así como a las empresas mineras, que suspendan definitivamente las actividades mineras, en nuestra zona y en Haití." Maxène, Kolektif Jistis Min y las comunidades de todo Haití se inspiran en las recientes decisiones de El Salvador y Honduras de prohibir totalmente la minería metálica. Este estudio es un paso hacia el fortalecimiento del poder de las comunidades haitianas para que también tomen sus propias decisiones sobre la minería.